Por: Coronel (Rva) Guillermo Blanco/ Hace apenas unas semanas, la tasa de seguridad en Santander fue convertida en el villano favorito de ciertos sectores políticos del departamento afines al presidente Gustavo Petro. Se habló de un atropello contra los santandereanos, de un golpe al bolsillo y de un impuesto inconstitucional. Diputados, concejales y congresistas se alinearon en coro para tumbar una medida que, aunque podía discutirse en su trámite, tenía un propósito claro: garantizar recursos mínimos para la seguridad del departamento.
Lo que nunca dijeron estos adalides de la “defensa ciudadana” es que la contribución era reducida y focalizada. Apenas un cobro aplicado a estratos 4, 5 y 6, que rondaba los 66 pesos por cada kilovatio consumido en el mes. Un costo marginal para las familias de mayores ingresos, pero con un impacto significativo en la capacidad del departamento de fortalecer el pie de fuerza, la tecnología y la infraestructura para enfrentar la inseguridad, esa que genera tanta destrucción en otros departamentos vecinos como Norte de Santander y Antioquia.
Hoy esos mismos políticos guardan un silencio cómplice frente a la monstruosa reforma tributaria que el Gobierno Nacional acaba de radicar en el Congreso: un proyecto para recaudar 26,3 billones de pesos que golpeará a todos los colombianos sin distinción. Gasolina, ACPM, licores, tabaco, biocombustibles, IVA a nuevos bienes y servicios, renta más costosa para personas y empresas, patrimonio gravado con mayor dureza, e incluso impuestos a plataformas y activos digitales. Todo esto en un contexto de inflación y caída del poder adquisitivo.
Un gancho al hígado, o mejor dicho, al bolsillo de los colombianos.
Para ponerlo en perspectiva: mientras la tasa de seguridad equivalía a menos de un par de mil pesos adicionales al mes en el recibo de luz de un hogar de estrato 5, la reforma tributaria traerá incrementos mucho más duros. Desde 2026, la gasolina y el ACPM pagarán un IVA del 10%, que en pocos años saltará al 19%. Esto significa que llenar el tanque será hasta 20.000 pesos más caro por cada tanqueada.
Los licores y vinos subirán al 19%, golpeando no solo al consumidor final, sino también a restaurantes, hoteles y al sector turismo. Y el café, el arroz, el chocolate de mesa y el azúcar, productos de consumo masivo, seguirán gravados con IVA del 5%, una presión directa a la canasta básica.
La paradoja es evidente: mientras la tasa de seguridad departamental se presentó como un atentado contra el bolsillo, la reforma de Petro es aceptada en silencio. Nadie de esos sectores se atreve a levantar la voz para advertir lo que ya es un hecho: el costo de la vida se disparará y las familias sentirán el golpe en el mercado, el transporte y el entretenimiento.
No es casualidad que esta reforma llegue en el último año de gobierno, en pleno ambiente electoral. El Gobierno habla de “sostenibilidad fiscal”, pero en la práctica los ciudadanos sienten que se raspa la olla a punta de impuestos. Y la pregunta es inevitable: ¿se busca tapar el hueco fiscal o se financian campañas políticas de cara al 2026?
El pueblo de Santander merece coherencia y respeto. La seguridad no puede depender de cálculos políticos ni la estabilidad económica de silencios cómplices. Los ciudadanos saben hacer cuentas: lo que se evitó con la tasa es insignificante frente a lo que se avecina con esta reforma. Y la historia recordará quiénes hicieron ruido cuando convenía y callaron cuando más se necesitaba hablar.
Lo que en su momento se presentaba como una iniciativa para reforzar la seguridad de Santander, hoy no es más que otro proyecto que queda en el tintero. Ni hacen ni dejan hacer: bloquearon una medida que, con un costo mínimo, podía traducirse en mayor protección para los ciudadanos, y al mismo tiempo guardan silencio frente a una reforma nacional que sí vacía los bolsillos de todos. Resultado: ni seguridad ni alivio económico, solo más incertidumbre para los santandereanos.
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*Teniente coronel (r), consultor en seguridad y defensa, con enfoque técnico aplicado a la política nacional.
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