Por: Erika Bayona López/ Cada fin de semana en Colombia, la tragedia se repite como un libreto maldito. Personas mueren atropelladas por conductores ebrios que luego huyen de la escena y permanecen libres. No hay capturas inmediatas, no hay justicia rápida, no hay verdad para las familias. Lo peor es que quienes causan estas muertes siguen andando como si nada, mientras los hogares afectados cargan con el dolor y la ausencia.
Yo lo he vivido de cerca. Hace un tiempo, mi mamá fue víctima de un accidente de tránsito causado por una enfermera jefe que, presuntamente, tuvo un microsueño (un lapsus breve de sueño al volante). La chocó de frente. El impacto no solo dejó daños materiales, sino también emocionales y físicos. Hasta hoy, esa persona sigue trabajando, moviéndose por la ciudad y llevando una vida normal, sin hacerse responsable. Ver esa indiferencia duele. Y me hace pensar: si así ocurre cuando “solo” hay este tipo de daños, ¿qué podemos esperar en los casos en los que hay muertos?
La diferencia entre un accidente con lesiones y uno con víctimas mortales debería ser enorme en términos de justicia. Pero en Colombia, tristemente, no lo es. La mayoría de los responsables siguen libres, protegidos por vacíos legales, procesos lentos y una cultura que tiende a justificar lo injustificable. Conducir borracho o cansado no es un descuido: es una decisión. Y esa decisión mata.
Este fin de semana fueron cuatro las víctimas. Cuatro personas que tenían planes, sueños, familias, futuros. Cuatro hogares que hoy lloran frente a un ataúd mientras los responsables siguen disfrutando de su libertad. No dieron la cara, no enfrentaron a la justicia, no asumieron el peso de sus actos. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar que la vida se pierda de esta manera absurda y que todo quede reducido a una nota corta en los noticieros?
Conducir bajo los efectos del alcohol no es un descuido. No es un error. Es una decisión consciente y criminal. Quien bebe y toma el volante sabe que puede matar. Y cuando lo hace, no es un accidente: es un homicidio. La diferencia es clara, pero en Colombia las leyes, durante años, han preferido mirar hacia otro lado, tratarlo como un “descuido culposo” y otorgar penas irrisorias.
El debate hoy está en el Congreso. En septiembre de 2025, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley Arles Arbeláez Morales, que busca reformar el Código Penal para que estos homicidios sean tratados como dolo eventual, no como delitos culposos. El cambio es crucial: ya no se podrá alegar que fue “sin intención”. El que se sube a un carro borracho lo hace sabiendo que puede matar, y debe responder como tal. Además, la iniciativa elimina beneficios como la prisión domiciliaria para los responsables.
Pero la reforma aún espera aprobación en el Senado. Mientras tanto, seguimos enterrando muertos. Seguimos viendo cómo los responsables escapan, cómo las cámaras no funcionan, cómo las fiscalías archivan casos. Y uno se pregunta: ¿dónde están los operativos? ¿Dónde está la vigilancia real en las calles? ¿Dónde están los jueces y fiscales que deberían hacer justicia?
Porque no se trata solo de leyes. También se trata de acción. En muchas ciudades las cámaras de seguridad están apagadas o dañadas. Los sistemas de vigilancia vial son insuficientes. No hay seguimiento riguroso de los vehículos involucrados. Y cuando no hay evidencia sólida, las investigaciones se caen. Las pruebas desaparecen, los testigos callan, los casos se pierden entre la burocracia.
La impunidad es tan grande que ya no solo es jurídica. Es cultural. Está en los amigos que permiten que alguien borracho maneje. En los bares que siguen sirviendo sin control. En los vecinos que prefieren no denunciar. Y también en nosotros, como sociedad, que hemos normalizado leer estos hechos como si fueran el reporte del clima: tristes, sí, pero pasajeros, sin exigir un cambio real.
Mi mamá sobrevivió. Pero pienso en las familias que no tuvieron esa “suerte”. Que un día vieron salir a su ser querido de casa y nunca más lo volvieron a ver. Y me duele imaginar que, al dolor de la pérdida, tengan que sumar la rabia de ver cómo los culpables siguen libres, sin asumir nada.
No podemos seguir permitiendo que la muerte en las calles sea un precio aceptado de la vida nocturna. No podemos seguir mirando hacia otro lado. Si no hay justicia, si no hay sanción, si no hay responsabilidad, entonces estamos enviando un mensaje claro: en Colombia, matar en la vía es fácil, y escapar, aún más.
Cada vida perdida debería importarnos. Cada familia rota debería ser un llamado urgente. Cada conductor ebrio debería enfrentar consecuencias ejemplares. No podemos seguir permitiendo que la muerte en las calles sea el precio de una fiesta, de una copa de más.
Colombia necesita cambiar. No basta con leyes más duras: hay que garantizar que se cumplan. Se necesita inversión en cámaras, en controles, en fiscalías que no dejen que estos expedientes duerman en los archivadores. Se necesita educación vial desde la infancia, campañas serias, sanciones reales. Pero sobre todo, se necesita voluntad de no seguir tratando estas muertes como una rutina inevitable.
Porque el verdadero fracaso de un país no es solo que sus ciudadanos mueran en las calles. Es que los dejemos morir dos veces: primero en la realidad, y después en el olvido.
Ya basta. No más excusas, no más impunidad, no más silencio. En Colombia, la vida no puede seguir perdiéndose en las calles como si fuera un daño colateral aceptado. Matar al volante no es un accidente, es un crimen, y debe dejar de ser tan fácil de cometer como de evadir.
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*Business Data Analyst – IT & Logistics / MBA & Máster en Project Management. Auditor interno BASC. Administradora de Negocios Internacionales y Especialista en Mercadeo Internacional de la Universidad Pontificia Bolivariana.
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