Por: Ismael Ibáñez/ La pandemia expuso las fragilidades del sistema de salud, pero también dejó en evidencia que muchos hospitales y clínicas podían salvar vidas aun con adversidades. El sistema, con todos sus defectos, logró en buena medida responder ante un escenario global sin precedentes.
Sin embargo, las cifras recientes son alarmantes. Las deudas acumuladas por 29 EPS del régimen contributivo y subsidiado alcanzan los 32,9 billones de pesos. Entre 2022 y marzo de 2025 se han registrado 522 procesos de responsabilidad fiscal por más de 11 billones de pesos en el sector salud, según la Contraloría. Además, la sostenibilidad del modelo de intermediación financiera está en serio riesgo: en 2024 las EPS gastaron en promedio 109,5 pesos por cada 100 pesos recibidos, sin contar los costos administrativos.
Para el gobierno de Gustavo Petro, estas cifras justifican una reforma estructural radical: la eliminación gradual de la intermediación de las EPS y la transferencia directa de recursos a hospitales y clínicas. Petro ha defendido esta posición afirmando que “hay un caos de las EPS, no un caos a la salud”.
Desde mi punto de vista, sin embargo, esta estrategia del “chu‑chu‑chu” tiene un riesgo enorme: un capricho presidencial no puede poner en vilo la estabilidad del sistema de salud colombiano ni la garantía del derecho a la salud para todos los ciudadanos. Es cierto que el actual modelo tiene fallas graves —desfinanciamiento, corrupción, falta de trazabilidad, concentraciones de mercado—, pero eso no implica que lo mejor sea desmantelarlo enteramente.
Sería más prudente, en lugar de ahogar las EPS, promover medidas de saneamiento real: exigir reservas técnicas suficientes, auditorías independientes, trazabilidad clara de los recursos transferidos y sanciones duras a los malos gestores. No todo lo que existe en el sistema es malo: muchas EPS cumplen y muchas clínicas han demostrado su capacidad de respuesta incluso en momentos extremos como la pandemia.
La reforma a la salud debe proteger lo que funciona, corregir lo que no funciona, y no arrasar el sistema con el pretexto de que “todo está mal”. Colombia necesita un sistema de salud fuerte, responsable y sostenible, no uno expuesto a improvisaciones políticas con efectos inciertos y costos sociales muy altos.
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*Administrador de Empresas, Especialista en Gerencia Empresarial, Magister en Dirección y Administración de Empresas, Doctor (c) en Administración y Dirección de Empresas, Gerente General El Porvenir IG SAS.
