Por: Alexander Martínez Castrillón/ El campesino vota como cualquier ciudadano. Participa en elecciones presidenciales, legislativas y locales. Marca una casilla, deposita el voto y sueña con un país más justo. Sin embargo, esa participación que debería traducirse en representación rara vez se convierte en decisiones que cambien la realidad del campo. La política agraria sigue siendo redactada en escritorios de Bogotá, a kilómetros de distancia del surco y el arado.
Las elecciones de 2026 están a la vuelta de la esquina. En ellas, el campesinado volverá a ser cortejado por candidatos de todas las tendencias. Volverán las caravanas, los discursos y las promesas. Pero el dilema es el mismo: ¿ese voto será realmente el inicio de un cambio o seguirá siendo apenas un número en la urna?
El campo colombiano ha cargado con la deuda histórica de un Estado que lo mira más como paisaje que como prioridad. Según el DANE, más de 12,8 millones de colombianos se reconocen como campesinos, lo que equivale aproximadamente al 30% de la población nacional. Son millones de hombres y mujeres que producen alimentos, cuidan el agua y sostienen la vida del país, pero que no cuentan con un reconocimiento constitucional como sujetos de especial protección, a diferencia de pueblos indígenas o comunidades afrodescendientes. Esa omisión jurídica limita derechos, acceso a tierra y capacidad de incidencia política.
La desigualdad es brutal. En Colombia, el 1% de propietarios concentra más del 80% de la tierra fértil, mientras millones de campesinos sobreviven en minifundios sin títulos claros, sin crédito, sin vías y sin asistencia técnica. Es una fotografía repetida que explica por qué la pobreza en las zonas rurales sigue doblando la de las ciudades, y por qué el conflicto armado encontró en el campo el terreno más fértil para sembrar violencia.
Existen espacios de participación: mesas de concertación, consejos de desarrollo rural, programas como los PDET. Pero en la práctica, el campesino es tratado como invitado de piedra. Se le escucha, se le consulta, se registran sus propuestas en documentos, pero rara vez esas ideas se convierten en políticas reales, en leyes aprobadas o en presupuestos ejecutados. El resultado es frustración, desconfianza y una sensación de que el sistema democrático solo lo necesita en tiempos de campaña.
Por eso, cuando el Gobierno habla de Paz Total, el campesinado escucha con esperanza, pero también con recelo. La paz no se decreta ni se firma únicamente en un acuerdo; se cultiva en el territorio. Y para el campesino, la paz verdadera significa algo concreto: que sus decisiones sean vinculantes, que su voz deje de ser testimonial, que sus derechos queden protegidos en la Constitución.
El Acuerdo de Paz Total debe incluir de manera central la reforma agraria pendiente. Sin tierra, sin acceso a crédito, sin infraestructura, no hay paz que resista. La verdadera reparación para el campesinado no está en discursos, sino en caminos transitables, en escuelas abiertas, en precios justos y en garantías de que sembrar no será siempre sinónimo de pérdida.
Cada jornada electoral repite el mismo ritual. El campesino camina hasta el puesto de votación, marca el tarjetón con ilusión y regresa a casa esperando que su decisión cuente. Pero al salir de la urna, su capacidad de incidencia se evapora. En la práctica, sigue siendo un voto contado pero no escuchado. Ese desencuentro entre el acto ciudadano y la realidad política es una herida abierta en la democracia colombiana.
El país no puede seguir sosteniendo una democracia que funciona en las ciudades y se ausenta en el campo. No puede seguir hablando de desarrollo sin garantizar que quienes producen la comida tengan una vida digna. No puede seguir exigiendo paz mientras ignora la raíz agraria del conflicto. El campesino no pide privilegios; pide igualdad de condiciones, pide que el Estado cumpla.
Las elecciones de 2026 son una oportunidad histórica para corregir ese rumbo. No se trata solo de votar, sino de decidir si el campesino seguirá siendo un actor secundario o si, por fin, se reconocerá su papel como sujeto político central en la construcción de paz. No se trata de prometer, sino de garantizar que la voz campesina tenga el mismo peso que la de cualquier otro ciudadano.
Reconocer al campesino en la Constitución no es un gesto simbólico, es un paso necesario. Hacer de sus decisiones espacios vinculantes no es concesión, es justicia. Garantizar acceso a la tierra y apoyo a la producción no es un lujo, es la base de la seguridad alimentaria del país.
Colombia necesita mirar con honestidad lo que está en juego. Sin campesinos no hay comida, no hay agua, no hay paz y no hay futuro. El Estado, el Congreso y la sociedad tienen la responsabilidad de romper con la indiferencia y apostar por una democracia que no excluya a quienes sostienen la vida diaria de la nación.
El campesino no es un actor decorativo, es el corazón mismo de la paz. Por eso, cada voto campesino en 2026 debe ser visto no como una cifra más, sino como un mandato claro: que la política agraria deje de escribirse lejos del surco y que la dignidad rural sea el cimiento de un país más justo. La Paz Total solo será posible si quienes siembran la tierra son también quienes deciden su destino.
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*Profesional en calidad y agroindustria, líder social, docente, emprendedor y defensor campesino.
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