Dos días de arresto y una multa equivalente a dos salarios mínimos legales mensual vigente le endilgaron al director de Tránsito y Transporte de Bucaramanga, Jahir Andrés Manrique Bautista, por desacato a una tutela.
Así lo determinó el Juzgado Primero Penal del Circuito al confirmar en grado de consulta la decisión emitida el 10 de septiembre de 2025 por el Juzgado 23 Penal Municipal con función de conocimiento de Bucaramanga.
El Juzgado 23 había determinado sancionar por desacato a Manrique Bautista, director de Tránsito y Transporte de Bucaramanga por desacato a una tutela.
En términos legales
Según la jurisprudencia, el desacato a una tutela en Colombia significa que no cumplió a una orden judicial emitida en una sentencia de tutela.
Esto porque la acción de tutela es un mecanismo constitucional que protege los derechos fundamentales de los ciudadanos cuando estos han sido vulnerados o amenazados por una autoridad o particular.
Cuando un juez falla a favor del accionante, la decisión tiene carácter obligatorio e inmediato.
Desacatar esa orden implica ignorarla, incumplirla o no ejecutarla dentro del plazo establecido.
Esto puede tener consecuencias legales graves, como multas económicas al funcionario o entidad responsable. Arresto hasta por seis meses, según lo establecido en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991. Investigaciones disciplinarias por parte de la Procuraduría General de la Nación.
En casos graves, podría derivar en responsabilidad penal si se configura un delito como el abuso de autoridad.
Consecuencias del desacato
Las consecuencias para un funcionario público en Colombia por desacatar una orden de tutela son serias y están contempladas en la legislación vigente. Entre las consecuencias legales del desacato está la multa económica. El juez puede imponer una multa que suele oscilar entre 1 y 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes, dependiendo de la gravedad del incumplimiento.
En este caso a Manrique Bautista se le impuso una multa equivalente a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes.
También contempla el arresto. El funcionario puede ser sancionado con arresto hasta por seis meses, según el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991. Esta medida en búsqueda de garantizar el cumplimiento inmediato de la orden judicial. En el caso presente al director de Tránsito de Bucaramanga le endilgaron dos días de arresto.
De igual forma el desacato a una tutela se puede castigar con una investigación disciplinaria. La Procuraduría General de la Nación puede abrir una investigación por falta disciplinaria, lo que podría llevar a sanciones como suspensión, destitución o inhabilidad para ejercer cargos públicos.
Otro punto a tener en cuenta en esta acción del desacato a una tutela registra la responsabilidad penal. En casos graves, el desacato puede configurar delitos como prevaricato por omisión o abuso de autoridad, lo que podría derivar en procesos penales ante la Fiscalía.
Por razones evidentes la sanción al director de Tránsito de Bucaramanga es un daño a la imagen institucional. Además del impacto legal, el desacato puede afectar la reputación del funcionario y de la entidad que representa, especialmente si el caso se hace público, como ya se hizo al conocerse la decisión del juzgado en contra de Manrique Bautista.
