Por: Deivy Fernando Vega Herrera/ La primera sentencia de la JEP provocó una fuerte polémica al condenar a exguerrilleros por el delito de secuestro a 8 años de trabajo sin tener que ir a la cárcel[1]. A muchos les pareció un escándalo. Pero pocos se detienen a analizar que un recluso en una cárcel de Colombia nos cuesta 2,5 millones de pesos al mes financiados con los impuestos de todos[2]. Es decir, quienes piden cárcel para guerrilleros deben recordar que un recluso en una cárcel termina siendo un parásito subsidiado por el Estado sin tener que retribuir un solo día de trabajo.
Por eso, antes de criticar que la primera sentencia de la JEP deja sin prisión a exguerrilleros, conviene recordar que todos los colombianos mantenemos cárceles llenas de reclusos que no trabajan ni producen nada. Es plata que se va literalmente a sostener a personas que no generan ningún aporte restaurativo a la sociedad. Según el INPEC, para 2022 cada preso nos costaba 2,5 millones de pesos al mes (2), lo cual, según los datos del DANE, es más de lo que ganaban al mes el 80% de los colombianos en ese año[3]. Es decir, un preso genera más costos mensuales que la plata que ganan al mes la mayoría de los colombianos.
La primera condena de la JEP propone algo distinto: que las penas tengan un sentido de restitución. Es decir, que los criminales condenados, en lugar de estar sin aportar nada en una cárcel, paguen con trabajo el daño hecho a la sociedad[4]. Considerando que se espera que esta sea la primera sentencia de la JEP por los distintos delitos acusados, la idea de este tipo de justicia es repensar la figura de condenar a criminales a estar en una cárcel sin trabajar, para pasar a una justicia de trabajo y retribución.
En este contexto, los condenados por la JEP no salen premiados ni en impunidad como venden algunos políticos. Los exguerrilleros deberán realizar por 8 años trabajos, obras y actividades productivas que contribuyan a la reparación de las víctimas y sin recibir ningún pago por esos trabajos[5]. Los condenados deberán trabajar en programas de construcción de obras sociales (vías, escuelas, etc.), desminado en zonas de riesgo y otros proyectos productivos. No es cárcel, pero tampoco es libertad: ocho años de trabajo sin pago, controlados y con la movilidad limitada.
Lo paradójico es que algunos políticos prefieren criticar la sentencia vendiendo que la JEP “despilfarró 3 billones para garantizar impunidad” (presupuesto de la JEP en 7 años de vida)[6], aun cuando según el INPEC, mantener a los presos en Colombia nos cuesta -justamente- más de 3 billones de pesos al año (2). Es decir, la supuesta “mano dura” que proponen los críticos de la JEP se traduce en tener presos subsidiados por todos los colombianos sin trabajar ni hacer nada productivo.
En términos claros, la primera sentencia de la JEP propone lo mínimo que debería exigirse a un condenado: que trabaje para retribuir el daño causado a la sociedad. Con la primera sentencia de la JEP los condenados son obligados a trabajar sin pago por ocho años en proyectos productivos que benefician directamente a las comunidades afectadas. Por tanto, la discusión no debería ser si los exguerrilleros deban ir a prisión, sino por qué los contribuyentes debemos seguir financiando a miles de reclusos que no reparan a la comunidad por el daño causado.
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*Economista y Magíster en Economía y Desarrollo. Asesor pensional independiente con experiencia certificada con Colpensiones y empresas privados. Investigador interesado en la academia. Docente universitario.
(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).
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[1] France24 (septiembre de 2025). Primeras sentencias de la JEP en Colombia: ¿justicia para las víctimas o impunidad? France24.
[2] Jenny Rocío Angarita (febrero de 2023). Más de 3 billones de pesos le cuestan al Estado los presos en cárceles. W Radio.
[3] Infobae (diciembre de 2022). El 43,1% de los trabajadores recibe menos del salario mínimo en Colombia. Infobae.
[4] JEP Prensa (mayo de 2020). ABC de las Sanciones Propias que impondrá la JEP. Jurisdicción Especial para la Paz JEP.
[5] JEP Prensa (septiembre de 2025). El último Secretariado de las Farc-EP recibe la máxima Sanción Propia por los secuestros. Trabajará por 8 años en búsqueda de desaparecidas, acción contra minas, medio ambiente y reparación simbólica. Jurisdicción Especial para la Paz JEP.
[6] Redacción Semana (septiembre de 2025). Llueven críticas a la JEP por su primera condena contra jefes de las FARC por secuestro: “Despilfarró 3 billones para garantizar impunidad”. Jurisdicción Especial para la Paz.