La actualización del POT de Piedecuesta, estancada desde 2017 pese a millonarios recursos invertidos, revela una preocupante mezcla de negligencia administrativa y clientelismo político. La falta de planificación territorial afecta salud, movilidad, vivienda y justicia ambiental, perjudicando a miles de ciudadanos cada día.
Por: Oscar Humberto Cote Cote/ Actualizar el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Piedecuesta debería ser una prioridad administrativa. El PBOT vigente data del año 2003, y sus directrices para ordenar áreas específicas ya no responden a las exigencias demográficas actuales, desaprovechando las oportunidades de expansión urbana que esta población podría emprender, dado que cuenta con características únicas para el crecimiento dentro del área metropolitana de Bucaramanga. El documento, dentro decsus multiples falencias, carece de precisión en la delimitación de áreas de relevancia ambiental y en el diseño de estrategias de movilidad, lo que ha generado confrontaciones jurídicas e incluso conflictos entre ambientalistas y grandes constructoras, además de convertir la congestión vehicular, en una problemática cotidiana en varios sectores del municipio.
Hace solo algunos meses se implementó un proceso de actualización catastral multipropósito que ocasionó innumerables afectaciones económicas a la población, tanto del sector rural como del urbano del municipio. Esto se debió, en gran parte, a la inexistencia de un POT (Plan de Ordenamiento Territorial) que estableciera reglas claras para la organización y planificación del territorio, y que sirviera como referencia para el gestor catastral, quien elaboró e implementó dicho estudio con múltiples discordancias respecto a la realidad urbanística de Piedecuesta. Estas inconsistencias se originaron, en buena medida, por la falta del mencionado insumo desde el inicio del proceso. Cabe resaltar que el mismo gestor catastral, de manera sorprendente, elaboró la cuestionada actualización en tan solo cinco meses, un tiempo asombrosamente breve, considerando que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi —máxima autoridad catastral en Colombia— sugiere que un proceso de esta magnitud debe adelantarse en un período no inferior a diez meses.
Es urgente contar con una carta de navegación idónea que evite seguir ubicando grandes industrias junto a proyectos de vivienda de interés social e incluso interés prioritario, desconociendo que allí habitarán familias cuya salud podría verse gravemente afectada en un futuro cercano. Resulta inadmisible que se continúe autorizando la construcción de proyectos de vivienda urbana sin la disposición previa de redes de alcantarillado necesarias para el adecuado manejo de aguas residuales, situación que ha derivado en vertimientos contaminantes que afectan principalmente a la población más vulnerable.
Actualmente, las redes de alcantarillado y de distribución de agua potable en urbanizaciones periféricas —construidas después del año 2003, algunas bajo la modalidad de autoconstrucción o como asentamientos humanos—, con capacidad para unas 500 o incluso menos acometidas, soportan ahora descargas adicionales de proyectos habitacionales construidos por grandes firmas, de 500, 1.000 o más acometidas cada proyecto. Esto provoca constantes rebosamientos y afectaciones a la salud de miles de personas durante la temporada de lluvias, especialmente en el sector norte del municipio. Tampoco debe ignorarse la situación de las comunidades que, en según el PBOT de 2003, fueron catalogadas como ubicadas en zonas susceptibles al acaecimiento de eventos de desastres naturales, como movimientos de remoción en masa, o incluso de inundaciones. Aún hoy, existen urbanizaciones que a pesar de que han sido proyectos urbanísticos licenciados por el municipio y han recibido obras de mitigación que disminuyen su nivel de riesgo, la falta de actualización del PBOT, mantiene devaluadas sus propiedades y restringe su acceso a créditos, es decir, continúan sufriendo afectaciones, al continuar apareciendo bajo esa caracterización.
El problema no radica en la falta de recursos destinados para esta finalidad, al contrario, desde el 2017 se han destinado aproximadamente 5.000 millones de pesos para la elaboración y concertación del nuevo POT. Sin embargo, estos recursos han sido infructuosos, pues ya en dos ocasiones el municipio ha desistido del proceso de concertación ante la CDMB y el AMB, lo que evidencia, que lo que aquí ha faltado en realidad, es voluntad política. Con más de 120 contratos CPS para su formulación, socialización y concertación, y tras ocho años de un proceso estancado, no es claro si las últimas tres administraciones realmente han tenido como prioridad resolver la desactualización del POT en beneficio de los piedecuestanos, o si han prevalecido intereses burocráticos y clientelistas en favor de contratistas, constructoras legalmente constituidas, curadurías urbanas e incluso urbanizadores ilegales.
El municipio debe dejar de perder recursos económicos dejados de percibir por concepto de plusvalía, por continuar con un PBOT desactualizado. Miles de millones de pesos que se han perdido para toda su población, desde el 2014 a la fecha, por realizar incorporaciones de terrenos al suelo urbano del municipio, a través de la aprobación de Planes Parciales de Ordenamiento Territorial PPOT, por parte de varias administraciones a través del concejo municipal, aprobados de una forma bastante cuestionable, toda vez que el pago correspondiente del tributo de plusvalía, se ha “perdido” por el camino, o sencillamente no se obliga a pagar las millonarias cifras correspondientes al propietario del predio beneficiado, hecho que se podría llamar incluso, un típico “Volteo de tierras”, pero la administración de justicia del estado colombiano, infortunadamente ha sido muy omisiva en este caso en particular, y de manera lamentable, esos dineros no se han destinado durante años, para obras o desarrollos urbanísticos en beneficio de toda la población, sino para el lucro personal de algunas personas o corporaciones.
Por lo anterior, la actual administración municipal tiene la gran responsabilidad de sacar adelante la actualización del PBOT 2003, si bien esto podría implicar nuevos costos y aumentar el barril sin fondo de recursos públicos ya invertidos, la prioridad debe ser entregarle a Piedecuesta un POT actualizado y robusto para los próximos 12 años, que responda a las verdaderas necesidades del territorio y de su población. En ese contexto, siempre que se logre el objetivo, la inversión de recursos adicionales resultaría, paradójicamente, irrelevante frente a los beneficios de contar con un instrumento de planificación moderno y eficiente.
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*Veedor municipal e integrante del Comité de Control Social de la Contraloría de Santander.
