Obras de la Variante de San Gil o Anillo Vial Externo Metropolitano, fueron, entre otras, de las que presentaron informe los ingenieros en lo que se llama veeduría técnica realizada a grandes proyectos de Santander.
El Salón Alfonso Silva de la Cámara de Comercio de Bucaramanga fue el epicentro de la presentación de los resultados de la veeduría técnica realizada a los grandes proyectos en Santander. Los veedores le pusieron la lupa a las obras en cuanto a avances, retrasos y desafíos según informe de las veedurías
La Cámara de Comercio de Bucaramanga (CCB), a través de su equipo de Compromiso Público Empresarial, presentó los resultados de la veeduría técnica realizada a los principales proyectos de infraestructura en Santander. Es el segundo y último informe del año 2025.
El informe, que abarca obras viales, acueductos y corredores estratégicos, reveló avances significativos en algunos frentes, pero también preocupantes retrasos, deficiencias técnicas y desafíos financieros que comprometen el desarrollo regional.
El presidente de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Juan Carlos Rincón Liévano, reafirmó el compromiso de la CCB con el fortalecimiento del entorno empresarial mediante el seguimiento riguroso a obras clave para la conectividad y el desarrollo económico.
Amparados en la Ley 850 de 2003 y el Decreto 2042 de 2014, el equipo de veeduría —integrado por ingenieros y directivos especializados— evaluó el estado de ejecución, la eficiencia financiera y el cumplimiento técnico de más de una docena de proyectos estratégicos.
Una obra estancada
Uno de los casos más críticos es el del Anillo Vial Externo Metropolitano, contratado por la Gobernación de Santander con un presupuesto de $344.883 millones. A pesar de haber iniciado en mayo de 2023, la obra presenta un avance físico de apenas 17,38% y financiero de 15,81%, tras 28 meses de ejecución.
El informe señala que actualmente no se están realizando trabajos en campo, no se cuenta con licencia ambiental, y los estudios y diseños están incompletos: solo se ha avanzado un 68% en la calzada sencilla y un 26% en la doble calzada. Además, las gestiones prediales avanzan lentamente (43% ejecutado de 220 predios), y el recaudo por sobretasa al ACPM en 2025 fue de apenas $5.828 millones, la mitad de lo proyectado, lo que ha limitado la adquisición de terrenos.
Concesión finalizada con pendientes
La concesión vial de La Mesa de Los Santos, operada por Construvicol S.A. desde 2005, concluyó en enero de 2025 tras 20 años de gestión. Aunque el avance físico fue del 87%, el informe denuncia que la vía no fue completamente restaurada, no se pavimentaron 4 km de vías veredales, y no se cumplió con el repavimentado quinquenal de la vía principal.
Al momento, IDESAN administra el peaje, pero no ha iniciado obras. El presupuesto para 2026 supera los $5.168 millones, con gastos mensuales de más de $430 millones. El recaudo proyectado para 2025 es de $11.715 millones, y para 2026 de $12.536 millones, pero aún persisten pendientes con las comunidades y falta claridad sobre el destino de los recursos.
Ejemplo de cumplimiento
En contraste, el contrato 087 de FINDETER para las Vías de la Cigarra muestra un avance físico del 91,2% y financiero del 85,5%. El proyecto, ejecutado por la Unión Temporal Vías ATTA, ha cumplido con las especificaciones de INVÍAS y el Plan de Manejo Ambiental. Además, se incorporó el mantenimiento de los tramos del contrato 088 y se implementó vigilancia y gestión de emergencias en el corredor.
En cuanto al llamado Par Vial Puente Tierra – El Cero el avance está condicionado. Este proyecto, también bajo FINDETER, presenta un avance físico del 42,23% y financiero del 40,89%. La ejecución depende de la gestión predial, con solo 6 predios adquiridos de los 20 requeridos.
Aunque no hay retrasos reportados, el avance está condicionado a permisos de intervención y adquisiciones pendientes.
Sobre el Acueducto Regional del Chicamocha, el ingeniero Mario Humberto Mantilla, veedor de esta obra y las mencionadas, señaló que es poco lo que puede decir en esta ocasión de lo informado en otras ocasiones, excepto que es una obra paralizada.
Uno de los casos más preocupantes es el del Acueducto Regional del Chicamocha, contratado por la ESANT. A pesar de haber iniciado en 2015, la obra está paralizada desde febrero de 2023. El avance físico es del 85,4% y el financiero del 80,9%, pero se requiere una adición presupuestal de más de $5.000 millones, reajuste de precios, modificación contractual y reconocimiento de gastos por inactividad.
La reactivación está condicionada a la finalización de trámites de servidumbre por parte del municipio y a la viabilidad financiera para su operación y mantenimiento. La última reunión de seguimiento, con presencia de la Contraloría General, se realizó en julio de 2025.
Inversión sin impacto
La ingeniera Marcela Gualdrón informó sobre la veeduría que hace a la Variante del municipio de San Gil, contratada por INVÍAS, la cual ha sido objeto de múltiples prórrogas y suspensiones.
Informó que tras 73 meses de ejecución, solo se han construido 4,1 km de los 9,6 km previstos, con una inversión de $174.890 millones en obra y $15.804 millones en interventoría. De esos 4,1 kms construidos todos son inutilizables, excepto para salir a caminar, porque en ningún sector se tiene conectante con otra vía o predio que justificase esa inversión.
El informe de la ingeniera concluye que las obras ejecutadas en la Variante de San Gil no cumplen ninguna función ni beneficio para la comunidad. De los 223 predios requeridos, aún faltan 97 por adquirir, y está pendiente la compensación ambiental en 118,6 hectáreas.
INVÍAS planea estructurar dos nuevos contratos por $200.000 millones para completar los tramos faltantes.
Veedurías atentas
El informe de la Cámara de Comercio de Bucaramanga evidencia la importancia de la veeduría técnica como mecanismo de control ciudadano y empresarial. Si bien algunos proyectos avanzan conforme a lo planeado, otros enfrentan serios obstáculos que comprometen su impacto social y económico.
La transparencia, la eficiencia en la ejecución y el cumplimiento de los compromisos contractuales son fundamentales para garantizar que las inversiones públicas se traduzcan en beneficios reales para la comunidad santandereana. La CCB reafirma su compromiso de seguir vigilando, informando y promoviendo el desarrollo responsable de la infraestructura regional.
