Los saberes campesinos, indígenas y de pescadores artesanales son el alma de la tierra. Hoy resisten entre el olvido y la esperanza.
Por: Alexander Martínez Castrillón/ Colombia es un país de voces que nacen del barro, del agua y del viento. En cada montaña, en cada orilla, habita una memoria que no se enseña en la escuela, sino en la práctica del trabajo diario. Es la memoria de los campesinos, pescadores artesanales, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes que sostienen al país con su esfuerzo silencioso. Sin embargo, ese conocimiento ancestral, que ha guiado por siglos el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, hoy sobrevive amenazado por el olvido, la desigualdad y la desidia estatal.
El campesino colombiano no solo cultiva alimentos: cultiva país. Sus manos saben cuándo sembrar, cuándo cosechar y cómo proteger el suelo sin necesidad de manuales. Pero mientras la tierra produce, el Estado mira desde lejos. Según el DANE (2025), el 84,7 % del empleo rural sigue siendo informal; es decir, más de cuatro millones de trabajadores rurales sin seguridad social ni estabilidad. En departamentos como Boyacá, Nariño y Cauca, la informalidad supera el 80 %, y en regiones como el Urabá antioqueño, el desempleo llega al 12 %, por encima del promedio nacional.
Estas cifras, frías en apariencia, esconden una verdad caliente: el campo trabaja, pero no vive con dignidad. Los pueblos indígenas llevan siglos sosteniendo la vida desde la relación espiritual con la tierra. En el Cauca, los pueblos nasa y misak han resistido el despojo con mingas y guardias comunitarias. En la Sierra Nevada, los arhuacos y koguis siguen defendiendo la ley de origen, aunque la minería y los megaproyectos amenacen sus fuentes sagradas. En la Guajira, los wayuu sobreviven entre el desierto y la indiferencia, reclamando agua mientras a pocos kilómetros las empresas exportan carbón.
Según el Ministerio del Interior (2024), cerca del 35 % de los territorios indígenas reconocidos sufren conflictos por superposición con títulos mineros o petroleros. No es solo una disputa por el suelo: es una lucha por la supervivencia cultural.
Los pescadores artesanales, por su parte, han sido los olvidados del desarrollo. En la Ciénaga Grande de Santa Marta, en Tumaco y en las costas del Pacífico nariñense, las redes se llenan cada vez menos. La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP, 2024) calcula que más del 70 % de los pescadores artesanales viven en condiciones de informalidad, y que el ingreso mensual promedio no alcanza ni el 60 % del salario mínimo legal.
Las políticas de apoyo a la pesca han priorizado a las empresas industriales, dejando por fuera al pescador tradicional, ese que conoce cada corriente, cada marea y cada luna.
El Estado ha intentado acercarse al campo con planes, programas y discursos. Pero la mayoría se diseñan desde la ciudad, sin escuchar las voces del territorio. Se habla de “modernización”, “tecnificación” y “competitividad”, pero no de reciprocidad, arraigo ni cultura. La FAO (2024) advierte que el 72 % de los programas rurales en América Latina no incluyen la participación directa de las comunidades en su formulación. En Colombia, esta desconexión se traduce en proyectos que fracasan porque ignoran las realidades locales: siembras de monocultivo en tierras frágiles, créditos inalcanzables, capacitaciones sin pertinencia cultural.
Los saberes campesinos e indígenas se están perdiendo no por falta de valor, sino por falta de reconocimiento. Las semillas nativas se reemplazan por híbridos certificados; las prácticas de rotación y trueque son desplazadas por cadenas de supermercados. La memoria oral, que antes unía a abuelos y nietos, hoy se diluye en un sistema educativo que privilegia lo urbano. La cultura del campo ha sido reducida a folclor, cuando en realidad es ciencia empírica, economía solidaria y espiritualidad viva. Y, sin embargo, el territorio resiste.
En las montañas del Cauca, los cabildos indígenas enseñan a los jóvenes a leer la naturaleza. En Nariño, las asociaciones campesinas promueven bancos de semillas criollas. En el Caribe, los pescadores afrodescendientes crean escuelas del mar para enseñar navegación y respeto por el ecosistema. En Boyacá, las mujeres rurales organizan ferias agroecológicas que recuperan prácticas ancestrales de intercambio.
Según la Red Nacional de Agricultura Familiar (2025), más de 12.000 familias campesinas han vuelto a sembrar bajo modelos de economía campesina, familiar y comunitaria (ECFC), reconocidos por la Ley 2046 de 2020. Estas experiencias demuestran que los saberes ancestrales no son pasado: son presente que se niega a morir. Pero el reto político es inmenso. El campesinado colombiano aún espera su reconocimiento constitucional como sujeto de derechos, promesa reiterada desde la Sentencia T-030 de 2016 y aún sin materialización efectiva. Mientras tanto, los recursos para educación rural y formalización laboral son mínimos. En 2025, el presupuesto nacional destinó menos del 2% al sector agropecuario, y de ese porcentaje, apenas una fracción llega a proyectos culturales o de fortalecimiento comunitario. El resultado: comunidades que producen alimentos para el país, pero no logran alimentarse a sí mismas.
El problema, entonces, no es solo económico, sino político y simbólico. Durante décadas, el Estado ha hablado de “ayudar al campesino” como si fuera un beneficiario pasivo, no un sujeto político. Se diseñan programas desde el asistencialismo, no desde la autonomía. Se entregan subsidios, pero no tierras. Se promueven ferias, pero no mercados justos. Se crean mesas de diálogo, pero no se escucha realmente. El campo colombiano necesita menos discursos y más presencia: créditos accesibles, salud rural, educación con pertinencia cultural, infraestructura digna y protección efectiva del territorio.
Los pueblos indígenas y campesinos han dado lecciones de gobernanza y sostenibilidad que el Estado aún no aprende. La Guardia Indígena, la Minga del Suroccidente, las Escuelas Campesinas de Agroecología y los Consejos Comunitarios Afrodescendientes son ejemplos de autogobierno, producción sostenible y resistencia pacífica. Cada comunidad organizada es una propuesta de país que se niega a rendirse. En sus prácticas colectivas hay más democracia que en muchos planes de desarrollo.
El futuro del país depende de si logramos escuchar esas voces. No se trata de romantizar la pobreza, sino de reconocer la sabiduría que habita en la ruralidad. Un país que desconoce a sus campesinos, a sus pescadores y a sus pueblos originarios está condenado a repetir la desigualdad.
Colombia necesita una reforma agraria integral, una política de empleo rural digno y un pacto cultural que devuelva valor a los saberes ancestrales. Como lo señala la FAO (2025), cada punto de formalización rural reduce la pobreza extrema en un 1,2%. Detrás de cada cifra hay una familia, una historia y una esperanza.
El futuro de Colombia se escribe desde sus raíces. Si el Estado sigue viendo al campo como periferia, perderá el alma que lo sostiene. Reconocer a campesinos, indígenas, pescadores y pueblos afrodescendientes no es un favor: es un acto de justicia histórica. Porque en sus manos está la memoria del territorio y la posibilidad de un país verdaderamente soberano, donde sembrar, pescar y cuidar la tierra vuelva a ser un acto digno de vivir.
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*Profesional en calidad y agroindustria, líder social, docente, emprendedor y defensor campesino.
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