La toma del Palacio de Justicia en 1985 fue una combinación trágica de locura insurgente del M-19 y un Estado que reaccionó con fuerza desmedida, ignorando la autoridad presidencial y dejando heridas históricas aún abiertas.
Por: Édgar Mauricio Ferez Santander/ El 6 y 7 de noviembre de 1985 marcaron una de las páginas más dolorosas y polémicas de la historia de Colombia. La toma del Palacio de Justicia por parte del grupo guerrillero M-19, y la inmediata respuesta militar, dejó un saldo de magistrados asesinados, desaparecidos y una profunda crisis institucional. Aunque han pasado décadas, este episodio sigue generando debates sobre responsabilidad política, abusos del Estado y la fragilidad de la democracia frente al autoritarismo militar.
El M-19 ingresó al Palacio con un objetivo político y simbólico: realizar un “juicio político” al presidente Belisario Betancur por el incumplimiento de los acuerdos de paz. La acción, sin embargo, fue una apuesta irresponsable, violenta y profundamente insensata. La guerrilla decidió utilizar como escenario la sede de la justicia colombiana, secuestrando magistrados, empleados y visitantes, en un acto que violó el derecho internacional humanitario y dejó al país atónito. Pretendían provocar un diálogo forzado y visibilizar sus reclamos, pero lo que lograron fue sellar un baño de sangre y acelerar su propio desgaste político y moral ante la sociedad.
Sin embargo, el actuar del M-19, aunque condenable, no es el único foco de responsabilidad. El Estado colombiano reaccionó de manera desproporcionada y, lo más grave, al margen del mando civil. Diversas investigaciones, testimonios y fallos judiciales han evidenciado que la operación militar para retomar el Palacio se llevó a cabo sin plena coordinación con el presidente Betancur, quien constitucionalmente era el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. La cúpula militar asumió el control de la situación, tomando decisiones tácticas y estratégicas que ignoraron las órdenes políticas orientadas hacia la preservación de vidas y una salida negociada.
Este quiebre de la cadena de mando expuso un problema estructural: un Estado donde los militares actuaron como poder autónomo, sustituyendo la voluntad presidencial y demostrando que la democracia podía ser vulnerada desde adentro. Se privilegió la idea de “rescatar el honor militar” y no la defensa de la vida de los rehenes. La orden tácita fue clara: recuperar el Palacio a cualquier costo. Y el costo fue devastador.
Los tanques irrumpieron, los incendios consumieron archivos históricos y las balas marcaron paredes y cuerpos. Magistrados fueron asesinados en medio del fuego cruzado, otros desaparecieron tras salir con vida bajo custodia militar, y hasta hoy sus familiares buscan verdad y justicia. La justicia colombiana, décadas más tarde, calificó estos hechos como graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de Estado, reconociendo desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
Uno de los elementos más inquietantes es que el Presidente fue prácticamente relegado. Betancur, quien mantenía una línea política orientada hacia la paz y el diálogo, fue superado por la doctrina militar del “enemigo interno”. La confrontación armada se decidió y ejecutó sin consultarlo plenamente, exhibiendo una ruptura institucional que debe ser leída como advertencia histórica: cuando las fuerzas militares se creen dueñas del orden público, la democracia peligra.
La tragedia del Palacio de Justicia no solo dejó víctimas físicas, sino también simbólicas. La Corte Suprema de Justicia quedó devastada y, con ella, la independencia judicial. El país perdió no solo magistrados, sino intérpretes de la Constitución, guardianes del Estado de derecho y voces fundamentales para la democracia. El mensaje fue confuso y peligroso: la violencia podía imponerse sobre la justicia, y la fuerza sobre el derecho.
La memoria de estos hechos obliga a una reflexión profunda: ¿cómo evitar que una tragedia semejante se repita? Primero, reconociendo plenamente la responsabilidad múltiple: la del M-19 por su acto brutal e irresponsable; y la del Estado por una operación militar desproporcionada, con abuso de poder, ocultamiento de información y violación de derechos humanos. Segundo, fortaleciendo el control civil sobre las Fuerzas Armadas, garantizando que nunca más un Presidente sea ignorado en su autoridad constitucional. Tercero, promoviendo una cultura de respeto por la vida y por la institucionalidad democrática, donde el diálogo valga más que las balas.
La toma del Palacio de Justicia sigue siendo una herida abierta no solo por la magnitud de la tragedia, sino porque representa el choque entre dos extremos de violencia: la insurgente y la estatal. Ambas actuaron con desprecio por la vida humana. Ambas creyeron que la fuerza era la vía. Ambas fallaron.
Hoy, recordar este episodio no debe ser un ejercicio de rencor, sino un compromiso con la verdad, la reparación y la garantía de no repetición. Colombia merece aprender de su historia, no negarla ni maquillarla. El Palacio ardió, pero de sus cenizas debe resurgir la convicción de que la justicia, la democracia y el respeto a la dignidad humana jamás pueden ser sacrificados, ni por la subversión ni por el Estado.
…
*Historiador, Magíster de la Universidad de Murcia y Candidato a doctor en estudios migratorios Universidad de Granada-España.
