La tragedia de Armero (1985) dejó más de 23.000 muertos tras la erupción del Nevado del Ruiz, evidenciando la falta de prevención, coordinación y respuesta oportuna del Estado colombiano.
Por: Édgar Mauricio Ferez Santander/ El 13 de noviembre de 1985, Colombia vivió una de las tragedias más dolorosas de su historia: la desaparición del municipio de Armero, en el departamento del Tolima, bajo una avalancha de lodo y escombros generada por la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Más de 23.000 personas murieron sepultadas en cuestión de minutos, víctimas no solo de la furia de la naturaleza, sino también de la inacción y descoordinación del Estado.
Antes de la tragedia, Armero era una ciudad próspera y tranquila, conocida como “la ciudad blanca” por el color claro de sus fachadas y la limpieza de sus calles. Era un municipio agrícola de tierras fértiles, motor económico del norte del Tolima, donde miles de familias vivían del cultivo del algodón, la caña y el café. Nadie imaginaba que esa misma tierra fértil, producto de antiguas erupciones, guardaba bajo su belleza una amenaza latente.
Durante los meses previos a la tragedia, el volcán Nevado del Ruiz mostró señales claras de actividad. Desde 1984, el Servicio Geológico Colombiano y vulcanólogos internacionales habían advertido sobre la posibilidad de una erupción y la generación de lahares avalanchas de lodo y rocas que podrían afectar a Armero y a otros municipios río abajo. Sin embargo, esas advertencias fueron ignoradas o minimizadas por las autoridades nacionales y locales.
En septiembre de 1985, apenas dos meses antes de la tragedia, el Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas) elaboró un mapa de amenaza volcánica en el que se identificaba con claridad que Armero estaba en la zona de alto riesgo. Pese a ello, no se implementaron planes de evacuación, no se educó a la población sobre cómo actuar ante una emergencia y, peor aún, se difundió un mensaje de tranquilidad. El entonces alcalde, presionado por el miedo al pánico colectivo, aseguró públicamente que “no había peligro real”.
El 13 de noviembre, el volcán comenzó a rugir con fuerza. A las 9:09 de la noche se produjo la erupción principal: una columna de gases, ceniza y roca se elevó más de diez kilómetros sobre el cráter Arenas. El calor derritió una parte importante del glaciar del Ruiz, liberando una masa de agua que, al mezclarse con tierra y fragmentos de roca, se convirtió en una avalancha mortal.
El flujo descendió por los cauces de los ríos Azufrado, Lagunilla y Gualí a más de 60 kilómetros por hora. En Armero, a 47 kilómetros de distancia, los habitantes dormían bajo una lluvia constante. A las 11:30 de la noche, la avalancha llegó. En menos de diez minutos, el lodo cubrió el municipio con una capa de hasta 10 metros de espesor. Las luces se apagaron, los gritos se perdieron entre el estruendo del barro y miles de vidas se extinguieron sin entender qué estaba ocurriendo.
La catástrofe de Armero no fue un accidente imprevisible. Fue una tragedia anunciada y desatendida. Los organismos técnicos sabían del peligro, pero el Estado carecía de una estructura institucional sólida para la gestión del riesgo. No existían protocolos de emergencia, ni un sistema nacional de alerta temprana, ni coordinación entre los diferentes niveles de gobierno.
Las comunicaciones entre los científicos y las autoridades locales fueron ineficaces. La noche del 13 de noviembre, los expertos del Observatorio Vulcanológico de Manizales intentaron advertir sobre el flujo que se dirigía hacia Armero, pero los mensajes no se transmitieron con urgencia. Algunos reportes fueron enviados por fax o por radio en medio del caos, y se perdieron entre la lentitud administrativa y la incredulidad.
El gobierno central, encabezado por el presidente Belisario Betancur Cuartas, reaccionó tarde. Cuando las noticias llegaron a Bogotá, la tragedia ya se había consumado. El país entero despertó al día siguiente con las imágenes de una ciudad borrada del mapa. Los esfuerzos de rescate comenzaron con retraso y se enfrentaron a una logística caótica: carreteras destruidas, comunicaciones interrumpidas y falta de coordinación entre las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja y las agencias de socorro.
En medio del horror emergió la historia de Omaira Sánchez, una niña de 13 años atrapada entre los restos de su casa. Su imagen, transmitida por la televisión nacional e internacional, se convirtió en símbolo del dolor y la impotencia. Durante tres días, los rescatistas intentaron liberarla sin éxito; carecían del equipo necesario y el agua subterránea aumentaba el riesgo de que todo colapsara. Omaira, con serenidad y valentía, habló a los periodistas y al país con una dignidad que conmovió al mundo. Su muerte fue una metáfora del abandono institucional: un Estado que miraba, pero no podía —o no sabía— actuar.
La tragedia de Armero dejó al descubierto un Estado débil, fragmentado y reactivo. No existían leyes claras sobre la gestión del riesgo ni entidades especializadas para prevenir desastres naturales. La respuesta fue tardía, improvisada y descoordinada.
El análisis posterior de la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación reveló que, si se hubiesen tomado medidas preventivas, como evacuar la población o implementar sistemas de alerta comunitarios, la mayoría de las muertes podría haberse evitado. El Estado colombiano carecía no solo de herramientas técnicas, sino también de una cultura institucional de prevención. La lógica dominante era la de “actuar después”, cuando el daño ya estaba hecho.
Esta tragedia mostró la ausencia de una política pública de gestión del riesgo y la desconexión entre ciencia y política. Los informes técnicos se archivaron, las advertencias se minimizaron y la población fue tratada como espectadora, no como protagonista de su propia seguridad. La falta de confianza entre las comunidades y las autoridades agravó la situación: muchos habitantes no creyeron en las alertas porque venían de instituciones lejanas, poco presentes en la vida cotidiana del territorio.
Después de Armero, el Estado colombiano emprendió una serie de reformas. En 1988 se creó la Dirección Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, y años más tarde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), encargada de articular políticas de prevención, respuesta y reconstrucción. También se fortaleció la vigilancia de los volcanes activos y se establecieron protocolos de alerta temprana.
Sin embargo, el caso de Armero sigue siendo una herida abierta. Muchos sobrevivientes denunciaron que la reconstrucción fue lenta y desorganizada. El llamado Nuevo Armero, en Guayabal, no logró restituir el tejido social ni la identidad perdida. A pesar de las promesas, la atención a las víctimas fue desigual y la memoria del desastre se diluyó con el tiempo.
Hoy, el antiguo territorio de Armero es conocido como el Camposanto de Armero, un sitio de peregrinación donde los sobrevivientes y familiares de las víctimas se reúnen cada 13 de noviembre para encender velas y recordar. Entre las ruinas cubiertas de hierba, el silencio habla más fuerte que las palabras: recuerda que la tragedia fue natural, pero también política.
Armero representa la falta de previsión de un Estado que no escuchó a sus científicos ni protegió a su gente. Es el ejemplo doloroso de cómo la ausencia institucional puede ser tan letal como la erupción de un volcán. La tragedia reveló la necesidad de construir un Estado más cercano a los territorios, capaz de anticiparse y no solo de reaccionar.
Hoy, cuando Colombia enfrenta nuevos riesgos por el cambio climático, la historia de Armero adquiere un valor aún mayor. No es solo una memoria del pasado: es una advertencia para el presente.
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*Historiador, Magíster de la Universidad de Murcia y Candidato a doctor en estudios migratorios Universidad de Granada-España.
