Crisis institucional marcada por denuncias de maltrato animal. Aunque la censura no prosperó, el episodio evidenció la necesidad urgente de reformas y mayor transparencia para garantizar que la protección de los animales.
Un intenso debate fue escenificado en el Concejo de Bucaramanga cuando de hablar de la Unidad de Bienestar Animal (UBA) se trató. La sesión estuvo marcada por denuncias de maltrato y la solicitud de moción de censura contra la secretaria de Salud, Claudia Amaya. Aunque la iniciativa no prosperó, el episodio dejó en evidencia la crisis institucional y la presión ciudadana por garantizar la protección de los animales.
La Unidad de Bienestar Animal de Bucaramanga fue creada con el propósito de salvaguardar la vida de animales vulnerables, pero ese loable objetivo desde el principio se alejó de sus principios elementales y empezaron a surgir situaciones de índole violento que trascendieron el nivel local para volverse tema regional y hasta nacional en donde se evidenciaron maltratos más que bienestar.
Se reveló sobre la existencia de la Unidad de Bienestar Animal como epicentro de un escándalo tras revelarse conversaciones internas en las que funcionarios discutían la aplicación de eutanasias sin cumplir protocolos legales. En dichos mensajes, incluso se evidenciaban burlas sobre los procedimientos, lo que generó indignación entre concejales y organizaciones animalistas.
Casos como los de los perros Hermes y Taz, sacrificados pese a no cumplir criterios médicos para la eutanasia, fueron expuestos en el Concejo de Bucaramanga como ejemplo de las irregularidades. La gravedad de las denuncias llevó a que tres contratistas vinculados a estos hechos fueran retirados de sus cargos.
En una sesión de control político, los concejales Carlos Parra y Camilo Machado presentaron pruebas de presunto maltrato, incluyendo videos y testimonios de voluntarios que describieron condiciones deplorables: animales heridos sin atención, falta de alimento y agua, y procedimientos médicos deficientes. Además de tenencia de los animales en circunstancias de desaseo que los ponían más en riesgo que fuera de la UBA.
La Veeduría Protección Animal y Ambiental (PRAA) también intervino, mostrando grabaciones y fotografías que reforzaron las denuncias. En el recinto se escucharon relatos de gatos con lesiones graves sin tratamiento y perros con fracturas abandonados en jaulas.
La discusión escaló rápidamente hacia la responsabilidad administrativa de la Secretaría de Salud y Ambiente, encabezada por Claudia Amaya, bajo cuya dependencia opera la UBA. Los concejales cuestionaron la falta de supervisión y exigieron respuestas claras sobre los protocolos aplicados en la institución.
Aunque la citación inicial no contemplaba una moción de censura, la presión de concejales de oposición, animalistas y veedores derivó en la solicitud formal de esta medida contra la secretaria de Salud, Claudia Amaya. Los promotores argumentaron que la funcionaria había incumplido su deber de garantizar el bienestar animal y permitir que la UBA se convirtiera en un espacio de maltrato.
Sin embargo, tras la deliberación, la moción no prosperó. La mayoría de concejales consideró que, si bien las denuncias eran graves, no existían pruebas suficientes para atribuir responsabilidad directa a la secretaria. Este desenlace generó inconformidad entre sectores animalistas, quienes calificaron la decisión como un “blindaje político” frente a la crisis.
El alcalde encargado, Javier Sarmiento, rechazó públicamente las actuaciones denunciadas y pidió la salida de los profesionales implicados. Por su parte, la secretaria Amaya defendió su gestión, asegurando que se habían tomado medidas inmediatas para corregir las fallas y que se fortalecerían los protocolos de atención en la UBA.
Aun así, el debate dejó heridas abiertas. Organizaciones defensoras de animales anunciaron nuevas movilizaciones y exigieron una reforma estructural de la UBA, con mayor transparencia en los procesos de adopción, atención médica y eutanasia.
El caso de la UBA trascendió lo administrativo y reflejó la creciente sensibilidad ciudadana frente al bienestar animal y la exigencia de políticas públicas más sólidas. Bucaramanga, que se ha destacado por iniciativas de protección, enfrenta ahora el reto de recuperar la confianza en una institución que debía ser símbolo de cuidado y respeto.
El Concejo, por su parte, quedó con la tarea de ejercer un control más riguroso y garantizar que las denuncias no queden en el olvido. La moción de censura fallida no significa el cierre del debate, sino el inicio de un proceso de vigilancia permanente sobre la Secretaría de Salud y la Unidad de Bienestar Animal.
En conclusión, el debate en el Concejo de Bucaramanga sobre la UBA y la moción de censura contra la secretaria de Salud expuso una crisis institucional marcada por denuncias de maltrato animal. Aunque la censura no prosperó, el episodio evidenció la necesidad urgente de reformas y mayor transparencia para garantizar la protección de los animales como una realidad y no como una utopía.
- Foto: Concejo de Bucaramanga /
