El hijo del presidente Gustavo Petro negó todos los cargos presentados por la Fiscalía. El proceso incluye delitos de peculado, tráfico de influencias y falsedad documental, mientras se retiró la acusación de falso testimonio por falta de pruebas.
La situación judicial de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, volvió a ocupar la atención nacional tras la audiencia de imputación realizada el 26 de noviembre de 2025 en Barranquilla. El exdiputado del Atlántico rechazó todos los cargos que le atribuyó la Fiscalía en el marco del denominado Caso Fucoso, relacionado con presuntas irregularidades en contratos de la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social (Fucoso).
La fiscal del caso, Lucy Laborde, enumeró seis delitos: Interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación a favor de terceros, tráfico de influencias, falsedad ideológica en documento público, falsedad en documento privado y falso testimonio. (retirado durante la audiencia).
Según la Fiscalía, Petro habría influido en la adjudicación de contratos por más de $3.000 millones, destinados a programas para adultos mayores y niños, pero que terminaron desviados para fines personales.
Durante la diligencia, Petro fue enfático: “No acepto ninguno de los cargos que se me imputan. No tengo claridad sobre los hechos específicos y considero que hay problemas dogmáticos serios en la construcción de mi participación”.
El acusado cuestionó la forma en que se le atribuyó responsabilidad como “coautor interviniente” en delitos de peculado, señalando que no tenía custodia ni disponibilidad directa de los recursos públicos. “¿Puede explicar cómo responder un particular por peculado como coautor interviniente, si la calidad especial recae sobre el servidor público?”, preguntó a la fiscal, lo que generó un llamado de atención del juez.
La Fiscalía retiró el delito de falso testimonio, argumentando que la conducta quedaba subsumida en la figura de falsedad ideológica en documento público. “Esta conducta queda íntegramente subsumida en el tipo penal de falsedad ideológica en documento público, que constituye la calificación jurídica más específica y adecuada para los hechos investigados”, explicó la fiscal Laborde.
El entramado del Caso Fucoso
El ente acusador sostiene que Petro habría utilizado su influencia política como diputado para direccionar contratos hacia la Fundación Fucoso y la Unión Temporal Conciencia Incluyente. Estos convenios, en teoría destinados a programas sociales, habrían sido usados para apropiarse de anticipos y repartir fondos públicos entre allegados.
La Fiscalía también señaló que Petro habría determinado a su expareja, Daysuris Vásquez, para entablar contactos con funcionarios de la Gobernación del Atlántico y empresarios locales, con el fin de facilitar la adjudicación de contratos.
El Caso Fucoso se suma a otras investigaciones contra Nicolás Petro, incluyendo presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, iniciadas en 2023 tras denuncias de su exesposa. Entre las pruebas figura la recepción de dinero de personajes como el exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido como “El Hombre Marlboro”, y Gabriel Hilsaca, hijo del empresario Alfonso “El Turco” Hilsaca.
La audiencia estuvo marcada por momentos de tensión. El juez debió intervenir cuando Petro cuestionó directamente a la fiscal sobre la calificación jurídica de los delitos. “No le voy a permitir esa pregunta. Esto no se trata de un debate jurídico, sino de que usted entienda los hechos y la adecuación típica que corresponde”, señaló el juez.
La defensa también alegó riesgo de doble incriminación, dado que Petro enfrenta otro proceso por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, el juez descartó esa posibilidad y permitió continuar con la imputación.
Lo que sigue
La Fiscalía anunció que solicitará una medida de aseguramiento contra Nicolás Petro, audiencia programada para el 2 de diciembre. El ente acusador insiste en que existen pruebas suficientes para avanzar hacia juicio, mientras la defensa prepara argumentos para demostrar que no hubo apropiación indebida de recursos.
El rechazo de Nicolás Petro a los cargos en el Caso Fucoso abre un nuevo capítulo en un proceso judicial que combina política, corrupción y tensiones familiares. Aunque la Fiscalía retiró un delito, mantiene cinco imputaciones graves que podrían llevar al hijo del presidente a enfrentar un juicio con consecuencias penales significativas.
El desenlace dependerá de las pruebas que se presenten y de la capacidad de la defensa para desmontar las acusaciones. Por ahora, la frase de Petro resume su postura: “No acepto ninguno de los cargos”.
