El informe “Bajo ataque” documenta los impactos del conflicto armado en la educación en Colombia. Ataques a escuelas, reclutamiento forzado y desplazamientos masivos han dejado a miles de niños sin acceso seguro a clases, evidenciando cómo la violencia sigue vulnerando el derecho fundamental a aprender.
La educación en Colombia continúa siendo una de las víctimas invisibles del conflicto armado. El informe “Bajo ataque”, elaborado por organizaciones académicas y de derechos humanos, revela que miles de niños y jóvenes han visto interrumpida su formación debido a ataques contra escuelas, amenazas a docentes y el uso militar de instalaciones educativas.
Según datos del Consejo Noruego para Refugiados y el seguimiento de Naciones Unidas, solo en 2023 se verificaron 24 ataques contra escuelas y 18 casos de uso militar de instituciones educativas por parte de grupos armados ilegales. Estas prácticas incluyen la ocupación de aulas como bases de operaciones, campos de entrenamiento o centros de reclutamiento forzado.
La Comisión de la Verdad ya había advertido en su informe final: “Hay un país que no ha contado social y políticamente en la construcción de una Colombia incluyente, un país que se encuentra en los territorios históricamente excluidos y que se convirtieron en epicentros de la guerra”.
El Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana identificó que entre 2015 y 2022 departamentos como Putumayo, Guaviare y Caquetá registraron tasas de deserción escolar superiores al 16%, directamente relacionadas con desplazamientos forzados. En Putumayo, por ejemplo, el 22,2% de los estudiantes matriculados eran víctimas del conflicto.
En 2024, la Defensoría del Pueblo emitió alertas tempranas sobre 6.745 instituciones educativas en riesgo por presencia de actores armados, un incremento del 69% frente al año anterior. A marzo de 2025, ya se contabilizaban 1.487 sedes educativas bajo amenaza.
Docentes bajo presión
El informe también señala que más de 17.000 docentes trabajaron en territorios con alertas tempranas en 2024, expuestos a amenazas, hostigamientos y desplazamientos. En los primeros meses de 2025, cerca de 5.800 maestros seguían en riesgo inminente.
La violencia contra educadores no solo afecta su seguridad personal, sino que debilita la continuidad de los programas escolares y genera miedo en las comunidades.
Uno de los hallazgos más preocupantes es la invisibilización de los impactos del conflicto en la educación. El aislamiento geográfico de muchas escuelas rurales, el temor a represalias y la “normalización” de la violencia hacen que numerosos incidentes no sean denunciados.
Esto impide dimensionar adecuadamente el problema y diseñar políticas efectivas. Como lo señala la Comisión de la Verdad: “La invisibilidad tiene graves consecuencias para la garantía del derecho a la educación, pues limita la capacidad del Estado de responder y proteger”.
La interrupción de la educación tiene efectos devastadores en el desarrollo social y económico. Los niños que abandonan la escuela por desplazamiento o reclutamiento forzado enfrentan mayores riesgos de pobreza, exclusión y violencia.
El informe advierte que la falta de acceso a educación de calidad perpetúa las desigualdades históricas y dificulta la construcción de paz en los territorios más golpeados por la guerra.
Llamado a la acción
Organismos internacionales y académicos coinciden en la necesidad de fortalecer la protección de las escuelas como espacios seguros. El sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo se ha convertido en una herramienta clave para prevenir violaciones de derechos humanos, pero requiere mayor articulación con el Ministerio de Educación y las autoridades locales.
El informe recomienda:
- Garantizar presencia institucional en zonas rurales.
- Aumentar la inversión en infraestructura educativa segura.
- Proteger a docentes y estudiantes mediante protocolos de seguridad.
- Promover programas de educación inclusiva para víctimas del conflicto.
El informe “Bajo ataque” confirma que la educación en Colombia sigue siendo un blanco del conflicto armado. Los ataques a escuelas, el reclutamiento forzado y los desplazamientos masivos vulneran el derecho fundamental de miles de niños y jóvenes.
La invisibilidad del problema agrava la crisis y exige respuestas urgentes. Sin garantizar el acceso seguro a la educación, la promesa de una paz total seguirá incompleta.
