El Juzgado Quince Administrativo de Bucaramanga sancionó a varias entidades por incumplir medidas cautelares que ordenaban sustituir una tarabita artesanal en el río Chicamocha, usada por niños rurales para ir a clase. La providencia exige ejecución inmediata y marca un precedente judicial.
El Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga emitió un auto decisivo en el incidente de desacato relacionado con la acción popular que busca proteger los derechos colectivos de las comunidades rurales de Molagavita y Mogotes, quienes desde hace años dependen de una tarabita artesanal para cruzar el río Chicamocha. La providencia, fechada el 27 de noviembre de 2025, expone un panorama de incumplimientos, dilaciones y responsabilidades compartidas entre varias entidades estatales.
La acción popular fue interpuesta por el ciudadano Marco Antonio Velásquez, con el objetivo de garantizar la seguridad de los habitantes de las veredas aledañas a la Institución Educativa Lagunitas, en Molagavita, y de la vereda Palmas de Felisco, en Mogotes. El medio de control invocado fue la protección de los derechos e intereses colectivos, en particular el derecho a la seguridad, la educación y la vida digna.
El juzgado decretó medidas cautelares en diciembre de 2023 y enero de 2024, confirmadas posteriormente por el Tribunal Administrativo de Santander. En ellas se ordenaba a las entidades involucradas —Departamento de Santander, INVIAS, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), municipios de Molagavita y Mogotes— implementar un plan de contingencia para sustituir la tarabita artesanal por una estructura temporal segura.
La orden era clara: “en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, implementen un plan de contingencia que permita la construcción de una estructura temporal que sustituya de manera segura la actual polea o tarabita artesanal”. El plazo máximo para la instalación era de dos meses.
Las medidas cautelares incumplidas
El auto del 19 de diciembre de 2023 estableció un cronograma de acciones: mantenimiento preventivo y correctivo cada quince días, suministro de equipos tecnológicos para garantizar la educación virtual de los seis estudiantes que cruzaban diariamente la tarabita, y capacitación comunitaria sobre el uso seguro del sistema artesanal. Además, se advirtió que el Ejército Nacional debía prestar apoyo técnico en la construcción de la estructura temporal.
En enero de 2024, el juzgado adicionó la orden con un nuevo mandato: capacitar a las familias sobre el uso responsable de la tarabita mientras se ejecutaba la obra. El Tribunal Administrativo de Santander ratificó estas decisiones en mayo de 2024.
Sin embargo, el cumplimiento fue parcial y tardío. El incidente de desacato se abrió formalmente el 23 de febrero de 2024, notificando a los principales responsables: el gobernador de Santander, los directores de INVIAS y UNGRD, y los alcaldes de Molagavita y Mogotes.
El expediente revela las justificaciones de los distintos actores:
- Leidy Johana Almeida Balcarcel, alcaldesa de Mogotes, admitió que su municipio no contaba con presupuesto para ejecutar la medida cautelar. No obstante, señaló que se realizaron capacitaciones, visitas quincenales de mantenimiento y entrega de guantes y cascos a los niños. Reconoció que la construcción de la estructura temporal dependía del apoyo del Ejército y del gobernador de Santander.
- Carlos Alberto Carrillo Arenas, director de la UNGRD desde marzo de 2024, argumentó que no podía ser considerado en desacato porque el plazo de dos meses vencía después de su posesión. Explicó que se elaboró un plan de contingencia y que se concertó con las entidades la construcción de un puente peatonal, aunque aclaró que los estudios y diseños requerían al menos dos meses adicionales. En sus palabras: “técnicamente no es posible ejecutar un puente peatonal en el término de dos meses otorgados por el despacho judicial”.
- María Constanza García Alicastro, directora encargada de INVIAS, sostuvo que el tramo donde se ubica la tarabita no está bajo la competencia de la entidad. Ratificó que INVIAS no podía asumir el mantenimiento ni la construcción de la estructura, aunque reconoció haber desplegado actuaciones para generar escenarios de cumplimiento.
- Juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander, también fue vinculado al proceso. El despacho constató que su administración debía liderar la coordinación interinstitucional, pero las pruebas mostraron retrasos y falta de ejecución efectiva.
El trámite procesal
Durante 2024 y 2025, el juzgado emitió múltiples autos para requerir información, vincular nuevos funcionarios y exhortar al cumplimiento. Se realizaron mesas técnicas, se programaron inspecciones judiciales y se incorporaron pruebas fotográficas. Sin embargo, las órdenes se dilataron en trámites administrativos y presupuestales.
El juzgado enfatizó que el incidente de desacato debía analizarse en dos dimensiones: el factor objetivo, es decir, el incumplimiento material de la orden; y el factor subjetivo, la negligencia o mala fe de los funcionarios responsables. En este caso, se evidenció incumplimiento reiterado de los plazos y obligaciones, aunque algunos funcionarios alegaron limitaciones técnicas o presupuestales.
El auto del 27 de noviembre de 2025 concluyó que las entidades involucradas no cumplieron de manera efectiva las medidas cautelares. El juzgado recordó que el artículo 41 de la Ley 472 de 1998 faculta imponer sanciones por desacato, incluyendo multas de hasta 50 salarios mínimos mensuales y arresto de hasta seis meses.
La providencia advierte: “el incumplimiento de la orden judicial impartida en esta providencia los hará acreedores de multas que se podrán imponer hasta por 50 salarios mínimos mensuales, conmutables en arresto de hasta 6 meses”.
En consecuencia, el despacho resolvió imponer sanciones económicas a los funcionarios responsables, conminándolos a cumplir de inmediato las órdenes pendientes. La decisión busca presionar a las autoridades para que finalmente se construya una estructura temporal segura y se garantice el derecho a la educación y la vida de los niños y habitantes de las veredas.
El caso de la tarabita del Chicamocha se ha convertido en un símbolo de la precariedad en la infraestructura rural y de la falta de coordinación institucional. La Defensoría del Pueblo y la Personería de Molagavita han acompañado el proceso, insistiendo en que los niños son sujetos de especial protección y que el Estado no puede permitir que arriesguen su vida para asistir a clases.
La sanción judicial marca un precedente en la región: los jueces están dispuestos a aplicar medidas coercitivas contra los funcionarios que incumplen órdenes en acciones populares. Más allá de las multas, el mensaje es claro: la seguridad de las comunidades rurales no puede seguir postergándose por trámites administrativos o disputas de competencias.
El Juzgado Quince Administrativo de Bucaramanga revela una cadena de incumplimientos y excusas que prolongaron el riesgo de los habitantes de Molagavita y Mogotes. La decisión del 27 de noviembre de 2025 impone sanciones ejemplares y exige la ejecución inmediata de las medidas cautelares.
