Hay momentos en la historia de un país que no solo indignan, estremecen. Y el reciente escándalo de infiltración de las disidencias de las FARC en las fuerzas militares y en la Dirección Nacional de Inteligencia destapado por Noticias Caracol, sin exagerar, uno de los episodios más graves para la seguridad del estado colombiano en décadas.
Por: Jhon F Mieles Rueda/ No estamos hablando de corrupción común que es el pan de cada día en este país, ni de chismes políticos. Estamos hablando de grupos armados ilegales accediendo presuntamente a información estratégica, moviendo hilos desde adentro y logrando manipular a quienes, en teoría, deberían estar protegiendo al país de ellos mismos.
Cuando se destapó que un general del Ejército y un alto funcionario de la DNI aparecían vinculados con alias Calarcá y el Estado Mayor Central de las Disidencias, la primera reacción nacional fue de incredulidad. Pero a medida que han salido a la luz chats, correos, registros de reuniones y testimonios, lo que queda claro es que la infiltración no fue un intento aislado, sino un plan bien elaborado para tener control y acceso a información privilegiada: movimientos de tropas, operaciones en Antioquia, Catatumbo y el sur de Bolívar, e incluso planes para montar empresas de seguridad fachada que permitirían movilizar armas e insurgentes “legalizados”.
Esto no es una pequeña grieta en el casco del barco: es un enorme boquete que puede hundir la credibilidad y reputación de nuestras fuerzas armadas.
La suspensión del general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército y del funcionario de la DNI Wilmar Mejía, director de operaciones, decretada por la Procuraduría, fue un paso necesario, aunque tardío.
La Fiscalía ha anunciado investigaciones, pero la sensación ciudadana y política es que el país necesita más que ruedas de prensa y shows mediáticos: necesita resultados. Necesita capturas, imputaciones, condenas. Necesita una señal clara de que la justicia no le tiembla la mano cuando los investigados llevan soles en los hombros o credenciales de inteligencia en el bolsillo.
Porque si algo aprendimos en el conflicto es que la desconfianza interna es letal. Un Estado infiltrado no solo pierde eficiencia: pierde autoridad. ¿Qué mensaje se envía a un soldado que arriesga la vida todos los días cuando descubre que un general podría estar entregando información a los mismos grupos que matan a sus compañeros? ¿Qué le queda pensar a un campesino en el Catatumbo cuando sabe que sus denuncias podrían terminar en manos de los criminales?
El impacto político tampoco se ha hecho esperar. En Colombia, el Gobierno se ha visto obligado a reaccionar, aunque no necesariamente con la claridad y contundencia que la situación requiere. Declaraciones iniciales que tacharon las denuncias de “falsas”, señalamientos de supuesta desinformación extranjera y choques internos entre sectores oficiales solo han profundizado la incertidumbre. Cuando el presidente se ve obligado a ordenar exámenes forenses de los chats que su propio entorno ponía en duda, uno entiende que la crisis no es solo de seguridad, sino de credibilidad.
En el exterior, la situación también ha prendido alarmas. Analistas internacionales han cuestionado la capacidad del Estado colombiano para mantener la integridad de sus instituciones de defensa, y algunos medios globales destacan el riesgo que implica que un grupo armado ilegal tenga acceso a inteligencia nacional.
En tiempos donde la cooperación internacional en seguridad es determinante, cualquier señal de infiltración interna deteriora la confianza de los aliados y refuerza la narrativa de que Colombia es un Estado vulnerable, permeable y fácil de vulnerar.
Pero más allá del ruido político, hay una preocupación que supera a todas: la vulnerabilidad real en la que queda la ciudadanía. Si un grupo armado ilegal tiene información interna del Estado, entonces sabe cómo esquivar operaciones, cómo planear ataques, cómo proteger rutas criminales y cómo anticiparse a cualquier ofensiva. La infiltración no solo compromete al Ejército y a la DNI: nos compromete a todos.
En este contexto, la Fiscalía tiene una responsabilidad gigante e histórica. No basta con suspender, investigar o analizar: hay que llegar hasta el fondo, caiga quien caiga. El país entero necesita saber la verdad: ¿qué tanto llegaron a controlar estos grupos dentro de las instituciones?, ¿quiénes más estaban involucrados?, ¿qué operaciones se filtraron?, ¿cuántas muertes pudieron evitarse si esta infiltración no hubiera existido?
Y también es indispensable que el Gobierno deje de ver el caso con lentes políticos y empiece a verlo con lentes institucionales. Esto no es un ataque a la paz, ni una conspiración extranjera, ni un invento mediático. Es una amenaza directa al corazón del Estado. Y como tal exige respuestas serias, coordinadas y blindadas de cualquier cálculo electoral.
Al final, detrás de todo este escándalo hay una reflexión inevitable: ¿qué nos espera como sociedad si los bandidos y los altos mandos de la Fuerza Pública están amangualados? ¿Qué posibilidad tiene un país de construir seguridad, justicia o paz cuando quienes deben contener la criminalidad terminan alimentándola desde adentro?
Cuando la criminalidad se mezcla con el poder, la línea entre Estado y delito se vuelve borrosa y de eso tenemos un ejemplo cercano como lo es Venezuela. Y si el país no exige claridad ahora, corremos el riesgo de acostumbrarnos a esa borrosidad. De normalizar lo intolerable. De aceptar que la seguridad nacional esté al servicio de intereses oscuros.
La seguridad nacional se la pusieron de ruana. Y nos toca a todos ciudadanía, instituciones, medios, y sobre todo la justicia sacarla de ahí antes de que el país entero acabe convertido en un territorio donde nadie sabe quién protege a quién… o peor aún, donde todos saben, pero nadie dice nada.
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*Profesional Agroforestal, escritor y político local.
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