La Contraloría de Bucaramanga abrió una actuación especial para investigar el contrato del alumbrado navideño, en medio de denuncias de posibles irregularidades en su adjudicación y ejecución.
La Contraloría Municipal de Bucaramanga anunció la apertura de una actuación especial de fiscalización sobre el contrato de alumbrado navideño de 2025, valorado en cerca de 7.000 millones de pesos. El proceso se originó tras denuncias ciudadanas y reportes periodísticos que cuestionan la forma en que se estructuró el convenio interadministrativo firmado con la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Sabaneta (Antioquia).
El contrato, identificado con el número 225 y suscrito el 20 de octubre, fue adjudicado bajo la modalidad de convenio interadministrativo. Sin embargo, se reveló que la empresa contratista no instaló directamente las luces, sino que subcontrató a una firma local, reteniendo alrededor de 729 millones de pesos por intermediación. Además, parte de las estructuras utilizadas corresponderían al alumbrado del año anterior, lo que generó dudas sobre el verdadero alcance del contrato.
Reacciones institucionales
La Procuraduría Provincial de Bucaramanga ya había iniciado una indagación preliminar para revisar la planeación, selección del contratista y ejecución del convenio. Ahora, con la intervención de la Contraloría, se busca establecer si hubo detrimento patrimonial y responsabilidades fiscales.
El alcalde encargado, Eduard Sánchez, defendió la legalidad del proceso, aunque reconoció que la investigación es necesaria para despejar dudas sobre la transparencia del contrato.
El escándalo ocurre en plena temporada decembrina, cuando el alumbrado navideño es uno de los atractivos más esperados por los habitantes y visitantes de Bucaramanga. La controversia ha generado malestar en sectores sociales y políticos, que reclaman mayor claridad en el manejo de los recursos públicos y en la contratación de proyectos emblemáticos.
La actuación especial de la Contraloría marcará el rumbo de este caso, que podría convertirse en uno de los más sonados de la administración local en 2025. El resultado de la investigación será clave para determinar si el contrato cumplió con los principios de transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
