En Santander, la ciudadanía ha tenido que asumir la defensa de sus propios derechos frente a un aparato estatal que parece cada vez más distante. Entre nuevas cargas tributarias, peajes eternos y autoridades silenciosas, la indignación se ha convertido en motor de movilización.
Por: Óscar Humberto Cote Cote/ En Santander se libra una batalla desigual. Ciudadanos comunes -vecinos, campesinos, transportadores, comerciantes- enfrentan a un aparato estatal indiferente a sus necesidades reales. Este choque, sin armas ni violencia, demuestra que, cuando la institucionalidad falla, la voz ciudadana se convierte en la única defensa del bien común.
Esta inconformidad no nace de caprichos. Surge de situaciones concretas que afectan el bolsillo y la dignidad de quienes habitan el departamento.
La Ordenanza 012, un tributo con sustento irregular
La Ordenanza 012 de marzo de 2025 se ha convertido en uno de los principales focos de conflicto: 580.000 millones de pesos a recaudar entre piedecuestanos y gironeses. Según la demanda de nulidad vigente, los demandantes la consideran un nuevo tributo desproporcionado, sin sustento técnico actualizado, que amenaza el patrimonio de miles de familias urbanas y rurales.
Este tributo recae sobre una comunidad que ya soporta una carga tributaria considerable. Pero la Gobernación no demuestra por qué esa carga adicional es justa ni por qué Piedecuesta debe pagar el 64 % del total.
Los peajes, décadas de recaudo, cero garantías de retorno
A ello se suma el problema de los peajes en Los Santos y otras vías del departamento. Décadas de recaudo millonario que no se reflejan en vías modernas ni, por lo menos, en vías transitables o seguras. Lo que se aprecia al recorrer estas carreteras son huecos, taludes inestables, obras inconclusas y señalización deficiente.
Los dineros se recaudan religiosamente por las empresas concesionarias, pero su destino es un absoluto misterio. La ciudadanía tiene derecho a saber: ¿a dónde fueron a parar los recaudos?, ¿por qué no hay retorno?, ¿por qué los peajes se han convertido en cajas registradoras eternas?
Resulta indignante que el Estado colombiano destine millones a contratar “profesionales especializados” para garantizar rigor técnico y legal en la expedición de actos administrativos. En la práctica, ese dinero se convierte en burocracia estéril. Las entidades territoriales expiden actos apresurados, sin validez técnica y contrarios a la normatividad legal, trasladando el costo de su improvisación a los ciudadanos.
¿Y los entes de control? Procuraduría, Contraloría, personerías, Defensoría del Pueblo: millones dilapidados en organismos que rara vez inciden en la prevención de la corrupción o en una vigilancia efectiva. En muchos casos, simplemente son fortines burocráticos, más preocupados por repartir cargos o por encubrir los intereses de sus vigilados que por cumplir con su deber ser: defender y garantizar los intereses de la ciudadanía.
Mientras tanto, la impunidad avanza sin prisa y sin preocupación alguna. Los recursos destinados a garantizar transparencia se evaporan entre trámites estériles y decisiones tardías. En lugar de ser guardianes del interés público, estos organismos son espectadores bien financiados de desfalcos sistemáticos y de la expedición de actos administrativos motivados por estudios donde predomina la chambonería.
La respuesta ciudadana, valiente y organizada
Frente a este panorama, lo único admirable y destacable es la reacción ciudadana. Sin maquinaria política, financiándose con sus propios recursos, nadando contra la lentitud judicial y la indiferencia burocrática, los santandereanos han alzado su voz.
La ciudadanía se defiende con marchas, derechos de petición, plantones, demandas administrativas y asambleas comunitarias: todas herramientas legítimas del ejercicio de una democracia madura. Armados con la protesta pacífica y la defensa jurídica, buscan equilibrar la balanza del poder.
En contraste, la actuación del Ministerio Público ha sido insuficiente. Aunque presente en las manifestaciones, su rol se limita a gestos simbólicos: acompañan, observan, escuchan. Pero no toman decisiones de fondo ni ejercen un control disciplinario serio frente a actuaciones displentes o incluso atropellos contra la comunidad inconforme. Justo cuando la confianza institucional se desploma, su intervención debería ser decisiva, no testimonial.
Del lado de los dirigentes locales, el panorama es aún más desalentador. Alcaldes, concejales, diputados y hasta el gobernador han respondido con pasividad, silencio o languidez. Debieron ser los primeros en exigir claridad y en defender a sus administrados.
El miedo a perder respaldos políticos o el resguardo de intereses particulares han desplazado el deber ético y constitucional que debería primar.
La irracionalidad del uso de la fuerza
Más preocupante e inequitativo aún es que se direccione la fuerza pública contra quienes reclaman justicia, y no contra quienes dilapidan recursos, incumplen obras o expiden actos revestidos de ilegalidad. El Estado despliega su aparato coercitivo sobre ciudadanos desarmados que ejercen su derecho legítimo a la protesta, mientras guarda silencio frente a las fallas estructurales que originan el inconformismo social.
La fuerza pública debería proteger a la ciudadanía, no intimidarla. Los órganos de control deberían actuar con la misma firmeza con que se reprime, usando fuerza desproporcionada, una manifestación. Solo así se restablece la confianza entre gobernantes y ciudadanía.
La ciudadanía tiene derecho a entender qué ha pasado con los dineros recaudados. Tiene derecho a saber por qué se imponen nuevas cargas sin estudios rigurosos. Tiene derecho, sobre todo, a ser escuchada. Cuando esos derechos se ignoran, la protesta se transforma en una obligación moral.
Santander, tierra de carácter firme
Santander es tierra de gente trabajadora, que ha construido el progreso de sus provincias a pulso. No sorprende que sean sus habitantes quienes hoy encarnen la resistencia frente a medidas injustas, a pesar de que sus dirigentes locales no estén a la altura de esa tenacidad ciudadana.
La legitimidad democrática de los gobernantes no se agota con ganar elecciones. Se sostiene con transparencia, rendición de cuentas y defensa del interés común. Cuando esos pilares fallan, el tejido entre gobernante y comunidad se rompe.
La lucha continúa
Esta batalla, aunque abismalmente desigual, está lejos de terminar. La ciudadanía organizada, informada y perseverante puede generar cambios reales. La presión social puede obligar a que la justicia suspenda la ordenanza, se auditen los peajes, se esclarezca el destino de los recursos, se replantee el modelo de recaudo y se establezcan esquemas transparentes de inversión en favor de las comunidades y no de intereses particulares.
Puede incluso motivar una nueva generación de líderes que entiendan la función pública como un servicio, no como un trampolín económico.
La lección es profunda: cuando el Estado falla, la ciudadanía debe actuar. A quienes siguen alzando la voz, a quienes asumen la defensa del interés común sin esperar aplausos, hay que recordarles que su persistencia es indispensable, pues la defensa del interés colectivo es la esencia de una victoria moral que ningún poder puede arrebatar.
La lucha debe persistir. En cada gesto de resistencia cívica se reafirma la idea más simple y poderosa: la democracia se sostiene gracias a quienes no renuncian a ella.
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*Veedor municipal e integrante del Comité de Control Social de la Contraloría de Santander.
