La Clínica Foscal, referente en trasplantes en el oriente colombiano, advirtió que evalúa suspender temporalmente sus programas de trasplante renal y de médula ósea debido a fallas en la entrega de medicamentos inmunosupresores por parte de varias EPS, situación que ya genera complicaciones clínicas graves.
La Clínica Foscal, ubicada en Floridablanca, área metropolitana de Bucaramanga, lanzó una alerta que sacudió al sector salud nacional: por primera vez en su historia evalúa suspender la realización de nuevos trasplantes renales y de médula ósea. La decisión, aún en estudio, responde a la crisis generada por la interrupción sostenida en la entrega de medicamentos inmunosupresores, esenciales para la supervivencia de los pacientes trasplantados.
El problema, según la institución, no obedece a una escasez nacional de los fármacos, sino a fallas en la entrega ambulatoria que deben garantizar las EPS. “El deterioro en la oportunidad y en la entrega completa es cada vez mayor. Hay retrasos, entregas parciales o, sencillamente, ausencia del medicamento”, explicó Alexandra Becerra Silva, gerente médica del Centro de Cáncer y del Centro de Trasplantes.
La situación comenzó a evidenciarse en abril de 2024 y se agravó durante 2025, generando rechazos de injerto, reingresos hospitalarios y complicaciones clínicas que podrían evitarse con un suministro oportuno.
La Foscal mantiene en seguimiento a 430 pacientes postrasplantados renales, incluidos 103 procedimientos realizados entre 2024 y 2025. En el programa de médula ósea, activo desde 2009, se contabilizan 620 pacientes trasplantados, de los cuales más del 80 % enfrenta dificultades para acceder a sus medicamentos.
Las mayores afectaciones se concentran en la Nueva EPS, especialmente en pacientes provenientes de Norte de Santander y Arauca, donde “la afectación es prácticamente total”, señaló Becerra. También se reporta un deterioro significativo en Fiduprevisora, mientras que otras aseguradoras presentan incumplimientos de menor magnitud.
Aunque la clínica no ha registrado fallecimientos directamente atribuibles a la falta de medicamentos, sí ha documentado pérdidas de injerto en pacientes renales que debieron regresar a diálisis tras no recibir sus dosis oportunamente. “Estos medicamentos son vitales, no son opcionales. Incluso una interrupción breve pone en riesgo inmediato la estabilidad clínica del paciente trasplantado”, enfatizó Becerra.
El dilema ético
La crisis ha abierto un debate dentro del equipo médico sobre la continuidad de los programas. “Nos preguntamos si es responsable seguir ingresando pacientes a lista de espera cuando no hay certeza de que recibirán los medicamentos que garantizan la supervivencia del injerto”, advirtió la gerente.
El dilema es profundo: cada trasplante implica un esfuerzo humano y médico enorme, además de un costo económico significativo. Sin embargo, sin los inmunosupresores, el procedimiento pierde sentido, pues el órgano trasplantado puede ser rechazado y el paciente obligado a regresar a terapias invasivas como la diálisis.
La Foscal subrayó que esta crisis no es exclusiva de Santander ni de su institución. “Está ocurriendo en todas las instituciones trasplantadoras del país”, aseguró Becerra. La raíz del problema, según la clínica, es la falta de flujo de recursos desde las EPS hacia sus proveedores y prestadores.
El círculo vicioso es claro: los dispensarios limitan entregas porque no reciben pagos, la cartera crece y el paciente queda desprotegido. En este escenario, muchos pacientes hacen esfuerzos desesperados para comprar mínimas dosis con sus propios recursos, pero se trata de medicamentos de alto costo, insostenibles para la mayoría.
La situación ha sido notificada a las autoridades de salud y a asociaciones científicas como la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos, que elevó alertas a nivel nacional. Además, la clínica ha acompañado a los pacientes en acciones legales contra las EPS, buscando garantizar el acceso a los medicamentos.
Víctor Raúl Castillo Mantilla, presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia y del Hospital Internacional de Colombia, coincidió en la gravedad del panorama: “Si un paciente no se toma los medicamentos, el órgano se rechaza y se pierde. Se hace un esfuerzo grandísimo, se asume un costo muy alto en dinero y en vida con un trasplante, pero si no se le administran los medicamentos, comienza a tener problemas”.
Consecuencias sociales y humanas
Más allá de las cifras, el drama humano es evidente. Pacientes que habían recuperado su calidad de vida tras un trasplante ahora enfrentan la incertidumbre de perder el órgano recibido. El riesgo no solo es clínico, sino emocional: la esperanza de una segunda oportunidad se ve amenazada por fallas administrativas y financieras.
El impacto también se extiende a las familias, que deben asumir gastos inesperados y acompañar procesos de hospitalización que podrían evitarse. La crisis, en suma, pone en evidencia la fragilidad del sistema de salud colombiano frente a tratamientos de alta complejidad.
La advertencia de la Clínica Foscal constituye un llamado urgente a las autoridades nacionales y a las EPS para garantizar el suministro continuo de medicamentos inmunosupresores. La suspensión de los programas de trasplante no solo sería inédita, sino devastadora para cientos de pacientes que dependen de ellos para vivir.
