La Sociedad Santandereana de Ingenieros (SSI) advirtió que la Gobernación de Santander está concentrando millonarios contratos en fondos mixtos y entidades de economía mixta que operan bajo derecho privado, reduciendo la pluralidad de oferentes y limitando la transparencia exigida para el manejo de recursos públicos.
La reciente adjudicación de $119.965 millones para la adecuación del escenario multipropósito del departamento —la transformación de la antigua plaza de toros de Girón en un coliseo— encendió un debate técnico y político en Santander. La obra fue entregada al Fondo de Desarrollo Colombiano (Fodecol), una entidad creada hace apenas 15 meses y con un capital de $25 millones 480 mil, lo que significa que administrará recursos que superan en más de 4.800 veces su capital inicial.
La Sociedad Santandereana de Ingenieros (SSI) envió una comunicación formal al gobernador Juvenal Díaz Mateus expresando su “enorme preocupación” por el rumbo de la contratación departamental. Según la presidenta del gremio, Sonia González Corzo, la tendencia a tercerizar la contratación mediante fondos mixtos y empresas de economía mixta “lesiona en forma grave la libre competencia”, pues restringe la participación a quienes estén inscritos en bancos de oferentes cerrados o sean invitados directamente por estas entidades privadas.
El modelo, aunque legal, opera bajo reglas distintas a las de la contratación estatal tradicional. Al no estar sometidos a la Ley 80, estos fondos pueden contratar bajo derecho privado, lo que reduce la publicidad de los procesos y limita la concurrencia. La SSI sostiene que esta práctica afecta la transparencia y dificulta el control ciudadano.
La Gobernación, por su parte, defendió la legalidad del procedimiento y aseguró que todo se ajusta a las normas vigentes, aunque evitó pronunciarse públicamente sobre la carta enviada por los ingenieros.
Obras millonarias con pocos oferentes
El caso del escenario multipropósito no es el único que preocupa al gremio. La SSI también señaló el proceso para el mejoramiento de la vía de acceso al embalse de Topocoro, una obra de $26.477 millones, que igualmente fue canalizada a través de un fondo mixto y que recibió apenas un oferente.
En el proyecto del coliseo de Girón, la situación fue similar: solo dos oferentes participaron, pese a tratarse de un contrato de casi $120 mil millones. Para la SSI, esto no es casualidad. Según el gremio, la falta de publicidad del proceso —que debió ser divulgada en el SECOP, como ordena la Ley 2195 de 2022— generó un escenario previsible de baja concurrencia.
La crítica central es que, al operar bajo derecho privado, los fondos mixtos no están obligados a publicar todos los documentos contractuales en plataformas públicas. Esto, según expertos citados por Vanguardia, “evitó la transparencia de la apertura de una licitación pública y concentró la ejecución del millonario proyecto en un solo actor”.
Además, existen dudas sobre la capacidad técnica y financiera de Fodecol para ejecutar un proyecto de tal magnitud, dada su reciente creación y su capital reducido.
El debate no es nuevo. Columnistas y analistas han advertido que los fondos mixtos se han convertido en “contrataderos” que permiten procesos exprés, sin mayor control y con baja transparencia. En Santander, el fondo Finverpaz ya había sido señalado por adjudicar contratos en apenas seis días, lo que refuerza la preocupación por el uso recurrente de estas figuras.
Transparencia, legalidad y el riesgo de un precedente
La SSI insiste en que la Gobernación está sentando un precedente riesgoso: la normalización de la contratación privada para ejecutar recursos públicos, incluidos los provenientes del Sistema General de Regalías, que exigen altos estándares de publicidad y control. En el caso del coliseo, la ejecución se hará bajo un régimen privado, pese a tratarse de recursos de regalías, lo que contradice directrices de la Procuraduría sobre la obligación de publicar estos procesos en el SECOP.
El decreto departamental que designó a Fodecol como ejecutor del proyecto tampoco incluyó una justificación detallada sobre la elección del fondo. Aunque la entidad tenía 15 días para aceptar la designación, lo hizo el mismo día, lo que para algunos expertos evidencia una coordinación previa que debería ser explicada públicamente.
La Gobernación sostiene que el uso de fondos mixtos permite mayor agilidad en la ejecución de obras estratégicas y que existe control permanente sobre los proyectos. Sin embargo, la falta de información pública y la baja pluralidad de oferentes alimentan la percepción de opacidad.
Sectores técnicos y ciudadanos temen que este modelo se convierta en la regla y no en la excepción. La SSI advierte que, si no se corrige el rumbo, se consolidará un sistema donde solo unos pocos actores —seleccionados bajo criterios privados— podrán acceder a los contratos más importantes del departamento.
La discusión también tiene un componente político: la ciudadanía exige claridad sobre el manejo de recursos y la garantía de que no se repetirán episodios de corrupción asociados a obras de infraestructura en administraciones anteriores, como los escándalos del estadio Américo Montanini o los contratos de reforzamiento estructural que terminaron en investigaciones penales.
