Ecuador decidió mantener abiertos únicamente los pasos internacionales de Rumichaca y Huaquillas tras argumentar “razones de seguridad nacional”, una medida que afecta la movilidad con Colombia y Perú y que se adopta en medio de la mayor crisis de violencia registrada en la historia reciente del país.
Desde el 24 de diciembre de 2025, Ecuador mantiene cerrados casi todos sus pasos fronterizos con Colombia y Perú, permitiendo el tránsito únicamente por Rumichaca —en la frontera norte— y Huaquillas —en la frontera sur—, según informó la Cancillería ecuatoriana en un comunicado oficial difundido en la red social X. La decisión fue notificada a los gobiernos de Bogotá y Lima y se enmarca en un escenario de extrema tensión interna, marcado por el incremento de homicidios, la expansión de grupos armados y la declaratoria de “conflicto armado interno” vigente desde 2024 bajo el gobierno del presidente Daniel Noboa.
Ecuador comparte más de 600 kilómetros de frontera con Colombia y cerca de 1.500 kilómetros con Perú, territorios caracterizados por selvas, ríos y zonas de difícil control estatal. Estas áreas han sido históricamente utilizadas para el contrabando, el tráfico de drogas, armas y explosivos, así como para la migración irregular, lo que ha convertido el control fronterizo en un desafío permanente para las autoridades ecuatorianas.
La Cancillería ecuatoriana anunció que, “por razones de seguridad nacional”, solo permanecerán habilitados los pasos de Rumichaca y Huaquillas, considerados los principales corredores de comercio y movilidad entre Ecuador y sus países vecinos. El resto de conexiones legales quedó cerrado sin que se precisara una fecha de reapertura.
El comunicado oficial señaló que “a partir del 24 de diciembre se mantendrán habilitados únicamente los pasos internacionales de Rumichaca y de Huaquillas”, una medida que —según el Gobierno— responde a la necesidad de reforzar el control territorial en un momento crítico para la seguridad interna.
La decisión se produce en un contexto en el que Ecuador registra la tasa de homicidios más alta de América Latina, con 52 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, y más de 4.600 homicidios solo en el primer semestre de 2025. La escalada de violencia está asociada a la disputa entre bandas narcotraficantes con vínculos internacionales, que han convertido al país en un corredor estratégico para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa.
El presidente de Perú, José Jerí, afirmó que ambos gobiernos coincidieron en la necesidad de reforzar la vigilancia fronteriza mediante tecnología y presencia policial. “Hemos coincidido, a propuesta del presidente Noboa, en usar la tecnología para poder resguardar nuestras fronteras”, declaró tras un encuentro bilateral el 12 de diciembre.
Reacciones de Perú y Colombia
El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú informó que ha entablado contacto con su contraparte ecuatoriana para “adoptar medidas que permitan gestionar la presente situación y reforzar de manera conjunta el combate contra la delincuencia organizada transnacional y el control de la migración irregular”. La Cancillería peruana reiteró su disposición a cooperar “en el marco de los mecanismos y acuerdos binacionales y regionales vigentes”.
En Colombia, la medida ha generado preocupación entre transportadores, comerciantes y autoridades locales del departamento de Nariño, quienes dependen del tránsito por Rumichaca para el intercambio comercial y la movilidad cotidiana. Aunque el Gobierno colombiano no ha emitido un pronunciamiento extenso, la Cancillería fue notificada oficialmente del cierre de los demás pasos y se mantiene en comunicación con Quito para evaluar los impactos logísticos y humanitarios.
Rumichaca, ubicado entre la provincia ecuatoriana del Carchi y el departamento colombiano de Nariño, es el punto fronterizo más transitado entre ambos países y concentra la mayor parte del flujo migratorio y comercial. En el sur, Huaquillas —que conecta a El Oro con Tumbes— cumple un rol similar en la relación con Perú.
El cierre de los pasos secundarios afecta directamente a comunidades binacionales que dependen de la movilidad diaria para actividades económicas, educativas y familiares. En zonas rurales, donde la presencia estatal es limitada, los pasos informales podrían intensificarse, aumentando el riesgo de que redes criminales aprovechen la situación para fortalecer sus rutas de tráfico ilícito.
Expertos consultados por medios locales advierten que la medida, aunque busca frenar la expansión del crimen organizado, podría generar efectos contraproducentes si no se acompaña de una estrategia integral de seguridad y desarrollo fronterizo. La porosidad de las fronteras y la presencia de grupos armados en ambos lados del límite hacen que el control total sea prácticamente imposible sin cooperación internacional sostenida.
El Gobierno ecuatoriano insiste en que la decisión es temporal y responde a la necesidad de “proteger la seguridad nacional en un momento crítico”. Sin embargo, no ha ofrecido un cronograma para la reapertura de los pasos cerrados ni ha detallado los criterios que permitirían revertir la medida.
Mientras tanto, Perú y Colombia observan con cautela la evolución de la situación. Ambos países comparten con Ecuador no solo fronteras extensas, sino también desafíos comunes en materia de crimen organizado, migración y desarrollo territorial. La coordinación trilateral será clave para evitar que la crisis de seguridad ecuatoriana se desborde hacia sus vecinos.
