La reactivación del cobro en el peaje desató nuevamente el inconformismo de habitantes, transportadores y empresarios de Mesa de Los Santos, quienes convocaron una jornada de protestas para exigir claridad jurídica, mejoras viales y una revisión del contrato con Idesan, considerado costoso e ineficiente por la comunidad.
La tensión alrededor del peaje sobre el sector La Punta volvió a escalar luego de que la Gobernación de Santander reactivara el recaudo a comienzos de diciembre, tras casi dos meses en los que la comunidad mantuvo levantadas las talanqueras como forma de protesta. La decisión se produjo después de que el Tribunal Administrativo de Santander negara las medidas cautelares solicitadas por los habitantes para suspender de inmediato la Ordenanza 49 de 2024, acto mediante el cual la Asamblea Departamental autorizó al gobierno seccional a asumir el control del peaje a través del Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander, Idesan.
Aunque la determinación judicial permitió restablecer el cobro, el tribunal dejó claro que se trataba de un pronunciamiento preliminar. En paralelo avanza una acción de nulidad que busca dejar sin efectos la ordenanza y, con ello, la administración actual del peaje. Este limbo jurídico alimenta la inconformidad de los residentes, quienes insisten en que la Gobernación y la Asamblea no tienen competencia para fijar tarifas ni operar directamente una caseta de recaudo sin el aval del Ministerio de Transporte.
La comunidad sostiene que la reactivación del cobro se dio sin que existiera un plan claro de inversión en la malla vial, cuyo deterioro afecta a campesinos, transportadores, empresarios turísticos y residentes permanentes. Los corredores secundarios y terciarios, aseguran, presentan fallas estructurales que no se corresponden con los ingresos que históricamente ha generado el peaje.
El malestar ciudadano no se limita al último año de operación. Entre 2005 y 2024, durante la concesión anterior, se recaudaron cerca de $226.000 millones, según cifras oficiales. Sin embargo, entidades como la Cámara de Comercio de Bucaramanga han advertido que los compromisos pactados en ese contrato no se cumplieron a cabalidad. La comunidad insiste en que persisten obras inconclusas y bienes que, aunque fueron pagados con recursos del peaje, no han sido entregados.
Rómulo Pedraza, integrante de la Veeduría Unimesan, recuerda que aún están pendientes tres repavimentaciones que suman 142 kilómetros, además de la entrega de maquinaria amarilla, volquetas, una grúa y una ambulancia. “Todo eso ya se pagó y se descontó en contabilidad. Es de la comunidad”, afirma.
La administración actual del peaje tampoco convence a los habitantes. Leonardo Silva, uno de los organizadores de la nueva jornada de manifestaciones, asegura que el contrato interadministrativo con Idesan resulta excesivamente costoso. Según sus cálculos, el próximo año podría superar los $6.000 millones, debido a que el instituto subcontrata a una unión temporal para las labores de recaudo. Mientras tanto, el peaje genera alrededor de $12.000 millones anuales, pero —según los líderes locales— en 2024 no se invirtieron ni $3.000 millones en las vías.
Este desequilibrio entre ingresos y obras alimenta la percepción de que el modelo de operación no garantiza transparencia ni eficiencia. Por ello, uno de los principales reclamos de la comunidad es que no se renueve el contrato con Idesan mientras no exista claridad jurídica y financiera sobre el manejo del peaje.
Ante el creciente descontento, el gobernador Juvenal Díaz Mateus envió un mensaje de tranquilidad. Recordó que la administración departamental solo ha tenido el control del peaje durante un año y aseguró que solicitará una investigación para esclarecer el destino de los recursos recaudados durante la concesión anterior. Su llamado busca evitar que el conflicto escale, especialmente en una zona donde el turismo y la actividad agrícola dependen de la movilidad segura.
Sin embargo, un sector de la comunidad rechaza la posibilidad de una nueva concesión, argumentando que la experiencia de los últimos 20 años dejó más dudas que resultados. Para ellos, cualquier decisión futura debe partir de un proceso de auditoría exhaustivo, participación ciudadana y un modelo de operación que garantice inversiones reales en la infraestructura vial.
Mientras tanto, las protestas convocadas para este 27 de diciembre reflejan un sentimiento acumulado: la percepción de que el peaje, pese a su millonario recaudo, no ha cumplido con su propósito de mejorar la conectividad de Mesa de Los Santos.
