La presencia del prófugo Carlos Ramón González en una fiesta vallenata promovida en Managua desató un nuevo escándalo que expone las fallas de la diplomacia colombiana en Nicaragua. El episodio reaviva cuestionamientos sobre la protección política, la opacidad institucional y la fragilidad de la política exterior del Gobierno Petro.
La diplomacia colombiana atraviesa uno de sus momentos más tensos en la relación con Nicaragua, un país que se ha convertido en refugio de figuras perseguidas por la justicia en sus países de origen. El caso más reciente —y más explosivo— es el de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y antiguo jefe de inteligencia del Gobierno de Gustavo Petro, quien permanece asilado en Managua pese a una orden de captura internacional emitida por Colombia.
El escándalo estalló cuando W Radio reveló videos en los que González aparece bailando y haciendo “el trencito” durante una parranda vallenata realizada el 11 de diciembre en el Teatro Nacional Rubén Darío. En las imágenes se observa publicidad de la Embajada de Colombia, lo que sugiere algún nivel de participación institucional en el evento, aunque la Cancillería lo niega. La fiesta, denominada “Noche Vallenata Colombia”, fue promovida como actividad cultural abierta al público, pero su coincidencia con la presencia del prófugo desató indignación nacional.
La Fiscalía y la Procuraduría anunciaron investigaciones inmediatas, mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores abrió un proceso interno para determinar responsabilidades. El presidente Gustavo Petro, quien conoce a González desde su militancia en el M-19, reaccionó con contundencia: “Los responsables de la fiesta deben salir de inmediato de sus cargos”, escribió en X.
El episodio se suma a una cadena de tropiezos diplomáticos en Managua durante los más de tres años del actual Gobierno, donde la ausencia de un embajador formal —tras el rechazo del beneplácito a Vilma Jay— ha dejado la misión en manos de encargados de negocios, aumentando la vulnerabilidad institucional.
El trasfondo judicial y político del escándalo
Carlos Ramón González es una figura clave en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde la Fiscalía lo señala de haber instruido al entonces director Olmedo López para inflar contratos y desviar recursos hacia congresistas a cambio de apoyo legislativo. Según la investigación, 4.000 millones de pesos habrían sido entregados a los entonces presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle, hoy detenidos.
González salió de Colombia en 2024 y recibió asilo del régimen de Daniel Ortega, que ha convertido a Nicaragua en un santuario para prófugos y opositores perseguidos en otros países. Desde septiembre pesa sobre él una circular roja de Interpol, pero su captura depende de la cooperación nicaragüense, que hasta ahora ha sido nula.
La presencia del prófugo en un evento con participación de diplomáticos colombianos fue calificada como “una burla a la institucionalidad” y “una vergüenza diplomática”. El texto cuestionó si los funcionarios en Managua actuaban como representantes del Estado colombiano o como facilitadores de los intereses personales de González.
El encargado de negocios, Óscar Muñoz, aparece en los videos cerca del exfuncionario. Aunque la Cancillería insiste en que no hubo invitación oficial, Muñoz fue reubicado mientras avanzan las investigaciones disciplinarias. El Ministerio aseguró que colaborará plenamente con la Procuraduría y que cualquier decisión de fondo deberá respetar el debido proceso.
El Gobierno colombiano, por su parte, ha solicitado formalmente la entrega de González, pero Nicaragua no ha respondido. La falta de voluntad política del régimen de Ortega ha sido interpretada como un gesto de protección hacia un aliado ideológico del petrismo, aunque el presidente Petro ha negado cualquier intervención para facilitar su permanencia en Managua.
Una crisis que revela fallas estructurales
El caso González no es un episodio aislado, sino el síntoma de una diplomacia debilitada, improvisada y sometida a tensiones políticas internas. La ausencia de un embajador titular, la falta de controles en la misión diplomática y la opacidad en la relación con el régimen de Ortega han creado un terreno fértil para errores que comprometen la imagen internacional del país.
La fiesta vallenata, lejos de ser un simple evento cultural, se convirtió en un espejo que refleja la fragilidad de la política exterior colombiana. La presencia de un prófugo en un acto con sello institucional no solo cuestiona la capacidad de la Cancillería para ejercer control, sino que alimenta sospechas sobre posibles redes de protección política.
Mientras avanzan las investigaciones, el Gobierno enfrenta un dilema: demostrar que no existe complicidad con González y, al mismo tiempo, recomponer una diplomacia que ha perdido credibilidad. La crisis en Managua se suma a otros episodios que han puesto en entredicho la coherencia de la política exterior, desde tensiones con países vecinos hasta decisiones improvisadas en escenarios multilaterales.
El caso seguirá siendo un punto de presión para el Gobierno Petro, especialmente en un contexto donde la lucha contra la corrupción y la transparencia institucional son temas centrales del debate público. La diplomacia colombiana, golpeada y cuestionada, deberá reconstruir su legitimidad mientras enfrenta el desafío de recuperar el control y la confianza en una de las misiones más sensibles del continente.
