Aunque The Economist destacó a Colombia como una de las economías con mejor desempeño proyectado para 2025, el Gobierno de Gustavo Petro declaró una Emergencia Económica para enfrentar un déficit fiscal que considera inminente. Analistas y funcionarios coinciden en que el crecimiento reciente oculta desequilibrios estructurales.
La semana del 15 al 22 de diciembre de 2025 dejó al país frente a una paradoja difícil de ignorar. Primero, el Gobierno celebró con entusiasmo el informe de The Economist, que ubicó a Colombia como la cuarta economía con mejor desempeño entre los países de la OCDE para 2025, destacando un crecimiento del PIB cercano al 3,4% y una inflación controlada. Siete días después, el mismo Ejecutivo declaró la Emergencia Económica, argumentando una “inminente crisis fiscal” que amenaza la estabilidad del Estado.
El contraste generó desconcierto entre ciudadanos, empresarios y analistas. ¿Cómo puede un país que figura entre los de mejor desempeño económico necesitar medidas extraordinarias para evitar un colapso fiscal? La respuesta, según expertos consultados por medios nacionales, está en la naturaleza del crecimiento y en la forma como el Gobierno ha manejado sus cuentas.
El crecimiento económico que celebra el Gobierno es real, pero está impulsado principalmente por el gasto público y el consumo de los hogares, no por una expansión sostenible de la productividad o la inversión privada. En paralelo, el Estado gasta mucho más de lo que recauda: en los últimos 12 meses, el gasto público ascendió a 412,4 billones de pesos (23% del PIB), mientras los ingresos fueron de apenas 296,3 billones (16,5% del PIB), generando un déficit de 115,9 billones, equivalente al 6,5% del PIB.
Este desbalance no es nuevo, pero sí se ha profundizado. El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, señala que el Gobierno ha sobreestimado sistemáticamente sus ingresos, lo que ha llevado a presupuestos desfinanciados y a la necesidad de reformas tributarias que no han logrado pasar en el Congreso.
Para el Ejecutivo, la Emergencia Económica es una respuesta obligada ante la imposibilidad de financiar obligaciones inmediatas y estructurales. El Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, que declara la medida, argumenta que la no aprobación de las leyes de financiamiento para 2025 y 2026 dejó un hueco fiscal de más de 16 billones de pesos, necesario para cumplir compromisos legales, contractuales y constitucionales.
Entre esos compromisos está la orden de la Corte Constitucional de equiparar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen subsidiado con el contributivo, lo que exige 3,3 billones adicionales para 2026. A esto se suman mayores gastos en seguridad debido al incremento de ataques de grupos armados ilegales, incluyendo el uso de drones contra la Fuerza Pública, y la necesidad de proteger a candidatos en un año electoral.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha insistido en que la Emergencia Económica es la única vía para evitar un ajuste drástico que afectaría programas sociales, inversión pública y pagos de deuda. Según sus declaraciones, el Gobierno necesita recaudar 16,3 billones de pesos mediante decretos con fuerza de ley, incluyendo ajustes al impuesto al patrimonio y una sobretasa al sector financiero que podría elevar su carga tributaria efectiva hasta el 50%.
El ministro también desmintió rumores sobre un posible impuesto 5×1.000, pero confirmó que el aumento al impuesto al patrimonio será significativo y progresivo, afectando especialmente a patrimonios superiores a 3.600 millones de pesos.
Crecimiento “al debe” y señales de incertidumbre
Para los analistas económicos, la Emergencia Económica revela un problema más profundo: el crecimiento que destaca The Economist no refleja la verdadera salud fiscal del país. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, afirmó que la medida envía una señal inquietante sobre la capacidad de gestión del Gobierno y sobre la estabilidad institucional, pues recurre a mecanismos excepcionales para enfrentar desbalances que son estructurales y conocidos desde hace meses.
Los expertos coinciden en que el crecimiento impulsado por gasto público es insostenible si no está acompañado de una reforma tributaria sólida, una mayor eficiencia en el recaudo y una reducción del déficit. La Emergencia Económica, en su opinión, es un síntoma de la falta de articulación entre el discurso de prosperidad y la realidad fiscal.
Además, empresarios y gremios han manifestado preocupación por el impacto que los nuevos impuestos podrían tener en la inversión, la confianza y el crecimiento futuro. La sobretasa al sector financiero, por ejemplo, podría ubicar a Colombia entre los países con mayor carga tributaria para la banca, lo que podría encarecer el crédito y desacelerar la economía.
El Gobierno Petro enfrenta un escenario complejo: por un lado, un reconocimiento internacional por el desempeño macroeconómico; por el otro, un déficit fiscal que amenaza con desbordarse. La Emergencia Económica aparece como una respuesta urgente, pero también como un recordatorio de que el crecimiento no basta si las cuentas públicas no están en orden.
La paradoja entre el “milagro económico” y la crisis fiscal no solo refleja tensiones internas en la política económica del Gobierno, sino también la necesidad de un debate profundo sobre sostenibilidad, responsabilidad fiscal y confianza institucional.
