La suspensión de cuatro peajes en Santander refleja el malestar ciudadano por el deterioro vial. Comunidades y transportadores exigen inversiones reales en la Troncal Central, mientras continúan las mesas de diálogo para definir soluciones y reactivar el recaudo bajo condiciones claras.
Desde comienzos de octubre, las carreteras de Santander han sido escenario de una protesta que mantiene suspendida la operación de cuatro peajes estratégicos: Oiba, Los Curos, Curití y Río Blanco. La movilización, liderada por comunidades locales y transportadores, ha puesto sobre la mesa las dificultades históricas de la Troncal Central, corredor que conecta Zipaquirá, Bucaramanga y San Alberto, y que constituye una de las rutas más importantes para la movilidad y el comercio en el oriente del país.
La inconformidad surge de la percepción de que los recursos recaudados en los peajes no se reflejan en mejoras sustanciales de la infraestructura. Los manifestantes señalan que los tramos críticos de la vía continúan siendo un riesgo para la seguridad de los conductores y un obstáculo para la competitividad regional. En este sentido, la protesta no solo intenta la suspensión del cobro, sino también compromisos claros de inversión y mantenimiento.
Durante las últimas semanas se han instalado cinco mesas de diálogo en las que han participado líderes comunitarios, representantes de los transportadores, autoridades locales y departamentales, así como organismos de control. Estos espacios han permitido exponer las necesidades más urgentes de la región y discutir alternativas para garantizar una infraestructura vial acorde con la importancia de la Troncal Central.
Las reuniones, tanto presenciales como virtuales, han girado en torno a la búsqueda de soluciones que prioricen la seguridad de los usuarios y la conectividad de Santander con el resto del país. La comunidad ha insistido en que la reactivación del cobro de peajes debe estar condicionada a compromisos verificables de inversión, de manera que los recursos se traduzcan en obras visibles y efectivas.
En el marco de la Gestión Vial Integral en Santander, se han destinado más de 25 mil millones de pesos para mantenimiento rutinario y periódico, atención de emergencias, señalización y reparación de sitios críticos. Adicional, durante 2025 se ejecutaron recursos por 37 mil millones de pesos para reforzar el mantenimiento de la vía entre Zipaquirá y San Gil. Este corredor cuenta también con servicios de atención al usuario, como grúa, carro taller y ambulancia, que buscan mitigar los riesgos de los viajeros.
Sin embargo, los manifestantes consideran que estas inversiones no han sido suficientes frente al deterioro acumulado de la Troncal Central. Por ello, se ha planteado la posibilidad de una alianza con Findeter, entidad financiera de desarrollo, para garantizar recursos adicionales que permitan atender los tramos más críticos y dar una respuesta estructural a las demandas ciudadanas.
Más allá de la suspensión temporal de los peajes, la movilización refleja un malestar profundo sobre la manera en que se gestionan las vías nacionales. Los transportadores argumentan que los costos de operación aumentan sin que exista una mejora proporcional en las condiciones de las carreteras. Las comunidades, por su parte, reclaman que el recaudo de los peajes debería traducirse en beneficios tangibles para la región, y no en promesas que tardan años en materializarse.
El debate también pone de relieve la tensión entre el derecho a la protesta pacífica y la necesidad de garantizar la movilidad en un corredor vital para la economía. Hasta ahora, las manifestaciones se han desarrollado sin mayores alteraciones del orden público, aunque la suspensión de los peajes genera incertidumbre sobre la sostenibilidad de las inversiones futuras.
El proceso de negociación continúa abierto, con la expectativa de que las mesas de diálogo logren acuerdos que permitan reactivar el cobro de los peajes bajo condiciones más transparentes y equitativas. La comunidad espera que las propuestas en discusión se traduzcan en obras concretas y en un plan de mantenimiento que asegure la transitabilidad de la Troncal Central.
Mientras tanto, las autoridades hacen un llamado a los usuarios para que realicen el pago de peajes únicamente a personal autorizado, evitando prácticas irregulares que puedan surgir en medio de la coyuntura. También se insiste en la importancia de acatar las medidas de seguridad y consultar información oficial a través de los canales dispuestos.
El desenlace de esta protesta será clave para definir el futuro de la infraestructura vial en Santander y para sentar un precedente sobre la relación entre las comunidades y el sistema de peajes en Colombia. Lo que está en juego no es solo la operación de cuatro estaciones de recaudo, sino la confianza en que los recursos de los ciudadanos se traduzcan en carreteras seguras y eficientes.
