La violencia del ELN se ha recrudecido en Catatumbo y otras zonas fronterizas un año después de la suspensión de los diálogos de paz con el Gobierno colombiano, desplazando a miles de civiles y frustrando los esfuerzos del Estado por avanzar en la política de “paz total”.
Hace un año, el Gobierno de Gustavo Petro anunció la suspensión definitiva de las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el último grupo guerrillero significativo que permanecía en armas en Colombia. La decisión se tomó tras un fatal estallido de violencia en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, donde enfrentamientos entre el ELN y una facción disidente de las FARC dejaron más de 160 muertos y cerca de 100.000 desplazados, según registros oficiales y de organizaciones humanitarias.
Petro declaró entonces que el ELN “no tiene ninguna voluntad de paz” y que la negociación —que se había extendido durante meses bajo el paraguas de su política de “paz total”— había llegado a un punto sin retorno. Ese cese al fuego bilateral, iniciado bajo la administración de Petro y que duró alrededor de un año, expiró sin que las partes lograran avanzar en un esquema duradero de desarme y reintegración.
Pese a los reiterados esfuerzos del Ejecutivo por convertir el diálogo en una salida política al conflicto, las acciones armadas del ELN siguieron deteriorando la seguridad en el noreste colombiano y otras zonas rurales, frustrando las expectativas de paz sostenida para amplios sectores sociales y políticos. La situación ha llevado al Gobierno a reforzar la cooperación internacional y buscar apoyos externos, incluidos Estados Unidos y el nuevo gobierno venezolano, para coordinar estrategias de seguridad transfronteriza y desarticular logísticas del grupo insurgente.
La intensificación de los combates y la persistencia de la violencia han tenido efectos humanitarios profundos. Decenas de miles de personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares ante la presión de los enfrentamientos, y las comunidades locales enfrentan condiciones de inseguridad que limitan el acceso a servicios básicos. Grupos armados han aprovechado la ausencia de un esquema de diálogo efectivo para consolidar rutas de narcotráfico, minería ilegal y otros negocios ilegales que financian sus operaciones.
El ELN, organizado desde los años sesenta y con presencia en territorios clave del país, ha venido consolidando una estructura que opera a ambos lados de la frontera con Venezuela, lo que ha complicado aún más la respuesta del Estado colombiano. La presencia binacional de sus frentes guerrilleros ha abierto debates sobre la necesidad de cooperación con Caracas, así como de una estrategia militar y diplomática más firme por parte de Bogotá.
Mientras tanto, el Gobierno ha intensificado operaciones militares en varias regiones donde el ELN mantiene influencia, reanudando acciones ofensivas tras la expiración del cese al fuego y reforzando la cooperación de inteligencia con aliados internacionales. También ha explorado mecanismos para contrarrestar el poderío logístico de la guerrilla, desde esfuerzos conjuntos con aliados hasta la adquisición de tecnologías para mejorar la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas.
Obstáculos para la reanudación del diálogo
Las posibilidades de retomar una negociación de paz con el ELN se perciben hoy como remotas. La escalada de violencia ha generado rechazo amplio en la esfera pública y política, donde sectores de la oposición y organizaciones civiles consideran que el grupo insurgente ha usado la violencia como herramienta de presión política. La oferta del ELN de un “acuerdo nacional” fue rechazada tanto por el Gobierno como por corrientes políticas que la interpretaron como un intento de manipular el clima electoral o ganar legitimidad sin desarmar sus estructuras.
Además, la fragmentación interna del grupo y sus alianzas con otras organizaciones armadas complican la definición de interlocutores legítimos para la paz. A diferencia de procesos anteriores, como el de las FARC, que concluyó en 2016 con un histórico acuerdo, el ELN no ha logrado cohesionar a todos sus frentes en torno a una hoja de ruta para el desarme y la reintegración.
La ausencia de una manifestación inequívoca de voluntad de paz por parte del ELN —un requisito planteado por los negociadores para retomar cualquier mesa de diálogo— sigue siendo un obstáculo esencial. Tanto analistas como sectores del propio gobierno sostienen que, sin gestos concretos que demuestren una desvinculación de actividades delictivas y una disposición a un cese bilateral de hostilidades, no es posible reconstruir la confianza necesaria para una negociación efectiva.
El futuro del conflicto
Con el proceso de paz estancado y la violencia persistente, Colombia enfrenta uno de sus momentos más complejos en décadas recientes. El reto para el Gobierno actual y el entrante es definir una estrategia integral que combine la aplicación de la ley, la protección de las poblaciones más vulnerables y proyectos de desarrollo social en las zonas afectadas por el conflicto. Asimismo, el papel de la comunidad internacional y de los países fronterizos será crucial para abordar no solo las acciones armadas, sino también las dinámicas económicas y sociales que alimentan las guerras periféricas.
Mientras tanto, las voces por la paz —tanto desde la sociedad civil como desde algunos sectores políticos— llaman a no rendirse ante el recrudecimiento de la violencia, recordando que el camino hacia la paz es largo y exige compromisos de todos los actores involucrados.
