Un nuevo enfrentamiento entre disidencias de las extintas FARC en la región del Guaviare dejó al menos 26 combatientes muertos en una feroz disputa por el control de economías ilícitas, intensificando la violencia que aqueja este territorio clave del sur de Colombia.
Un violento choque entre facciones disidentes de las FARC en el Guaviare dejó al menos 26 muertos en combates por el control del narcotráfico y otras economías ilegales, mientras autoridades y organizaciones de derechos llaman la atención sobre el impacto humanitario para las comunidades locales.
El enfrentamiento armado se produjo el viernes 16 de enero en una zona rural del municipio de El Retorno, en Guaviare, departamento estratégico por sus rutas de narcotráfico y sus abundantes cultivos ilícitos. Allí se enfrentaron dos estructuras disidentes de las ex-FARC: el Estado Mayor Central (EMC), bajo el mando de alias Iván Mordisco, y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), liderado por alias Calarcá.
El Ejército Nacional confirmó que se recuperaron 26 cadáveres tras los combates y se están realizando los procedimientos judiciales correspondientes para su identificación y registro oficial.
Aunque inicialmente se creyó que todos los fallecidos pertenecían a la facción de Mordisco, las versiones aún no se consolidan totalmente, y las autoridades de derechos humanos mantienen cautela sobre la pertenencia de cada individuo.
Desde mediados de 2024, las tensiones entre estas dos facciones han ido en aumento. Tras la fractura interna de la disidencia de las FARC, los antiguos combatientes que no aceptaron el acuerdo de paz de 2016 se reorganizaron en múltiples grupos que compiten por territorios y rutas de economías ilegales.
Esta pugna ya había generado brotes de violencia en el departamento, incluyendo enfrentamientos en enero de 2025 en el municipio de Calamar, que dejaron decenas de muertos y marcaron una escalada en la confrontación.
La región del Guaviare, especialmente su conexión con la Amazonía, es valiosa para estas organizaciones por su facilidad para la producción de cocaína, la minería ilegal y el paso de cargamentos hacia mercados internacionales. La fragmentación de antiguos bloques ha provocado que las luchas por el control de estos recursos sean cada vez más violentas y desordenadas.
Impacto sobre civiles y reacciones
Las autoridades han advertido sobre el impacto de estos combates en la población civil. La Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica han expresado su preocupación por las afectaciones a comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas, señalando desplazamientos forzados, confinamientos y miedo generalizado entre la población local.
Actualmente se investiga además la posible víctima civil que habría llegado herida a San José de Guaviare, lo que sugiere que la violencia podría haber salpicado a habitantes ajenos a los grupos armados.
La Defensoría ha instado a las partes a respetar el derecho internacional humanitario, garantizar la protección de la población no combatiente y facilitar el acceso humanitario seguro.
Dinámica de las disidencias post-paz
Tras el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC en 2016, una parte significativa de la guerrilla se desarmó y se reintegró a la vida civil. Sin embargo, numerosos combatientes rechazaron el proceso y continuaron en armas, dando lugar a grupos disidentes que actualmente operan de forma independiente.
Estas organizaciones han diversificado sus actividades criminales; además de cocaína y minería, se han implicado en extorsión, secuestro, contrabando y alianzas con carteles del narcotráfico, convirtiéndose en actores clave del crimen organizado en varias zonas del país.
Durante los últimos años, el Gobierno de Gustavo Petro ha intentado abrir espacios de negociación con algunas de estas disidencias, entre ellas el grupo de Calarcá, buscando reducir la violencia aunque con resultados mixtos y continuos brotes de hostilidades.
