El Tribunal Administrativo de Santander confirmó la sanción contra el alcalde de San Gil, Édgar Orlando Pinzón Rojas, por desacatar una orden judicial que le exigía recuperar el espacio público en el barrio Santander. La decisión incluye una multa económica y un llamado a cumplir sin más dilaciones las obligaciones impuestas.
El Tribunal Administrativo de Santander ratificó la sanción impuesta contra el alcalde de San Gil, Édgar Orlando Pinzón Rojas, por desacato a una orden judicial que le exigía recuperar el espacio público en un sector del municipio. La decisión, emitida el 21 de enero de 2026, confirma el fallo del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de San Gil, que había declarado al mandatario en desacato el pasado 15 de diciembre de 2025.
La sanción consiste en una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, que deberá ser consignada al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo. Además, el Tribunal requirió al alcalde para que cumpla de manera inmediata con las obligaciones derivadas de la sentencia, sin más dilaciones.
El caso se remonta a una sentencia de primera instancia emitida el 23 de marzo de 2018, confirmada posteriormente por el mismo Tribunal en marzo de 2022. En dicha sentencia se ordenaba al mandatario garantizar que no se produjera invasión del espacio público en el barrio Santander de San Gil. Sin embargo, las autoridades judiciales concluyeron que el alcalde incumplió con lo dispuesto, lo que derivó en la sanción actual.
La decisión judicial pone de relieve la importancia de cumplir con las órdenes emitidas por los jueces, especialmente en temas relacionados con la protección del espacio público, considerado un derecho colectivo fundamental. El incumplimiento de estas disposiciones no solo afecta la convivencia ciudadana, sino que también genera consecuencias legales para los funcionarios responsables.
El Tribunal Administrativo de Santander enfatizó que la sanción busca garantizar el respeto por las decisiones judiciales y la defensa de los intereses colectivos. Asimismo, recordó que los alcaldes, como autoridades locales, tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las normas y de proteger los bienes comunes de la comunidad.
La sanción contra el alcalde Pinzón Rojas ha generado debate en la región, pues algunos sectores consideran que refleja la falta de gestión en la administración municipal frente a problemáticas de espacio público. Otros, en cambio, señalan que la medida es un ejemplo de cómo la justicia actúa para salvaguardar los derechos de los ciudadanos.
En este contexto, la Defensoría del Pueblo será la encargada de recibir los recursos derivados de la multa, los cuales se destinarán a fortalecer la defensa de los derechos colectivos. La entidad también acompañará el proceso de seguimiento para verificar que el alcalde cumpla con las obligaciones impuestas en la sentencia.
