Mientras la inseguridad crece y la Policía enfrenta un déficit de personal, muchos alcaldes evitan implementar proyectos piloto apoyados en tecnología. La negativa a integrar drones y aplicaciones de seguridad evidencia una falta de visión que termina trasladando la responsabilidad del control del delito a la ciudadanía.
Por: Óscar Humberto Cote Cote/ En Colombia, hablar de la seguridad de los ciudadanos es hablar de una deuda que se agudiza con el paso del tiempo. Las cifras de actos delincuenciales, como hurtos, homicidios, microtráfico y violencia, tanto en zonas rurales como urbanas, se han arraigado en la cotidianidad de ciudades y municipios.
Mientras tanto, las fuerzas policiales del país enfrentan un déficit importante de personal desde hace varios años, una falencia que a la fecha resulta inocultable. Ante este preocupante escenario, resulta desconcertante que muchos alcaldes muestren desinterés, temor o, por qué no decirlo, negligencia para implementar proyectos piloto basados en tecnología, como drones y aplicativos digitales, que podrían fortalecer en gran medida el modelo de vigilancia por cuadrantes utilizado por la Policía Nacional.
El mencionado modelo fue concebido como una estrategia orientada a garantizar la presencia institucional en la mayor cantidad posible de territorio y a brindar una reacción oportuna frente al delito. Sin embargo, su efectividad depende de una variable determinante para su óptimo funcionamiento: contar con un número suficiente de efectivos humanos, así como con equipamiento idóneo y suficiente para su operación.
La realidad generalizada en municipios y ciudades del país es que hay menos policías para cubrir poblaciones en constante crecimiento y fenómenos criminales cada vez más complejos. Pretender que el modelo funcione sin adaptarse a esta nueva realidad equivale a desconocer, de manera omisiva, un problema estructural.
Bajo las nuevas condiciones mencionadas, la tecnología no debe entenderse como un reemplazo del factor humano, sino como un instrumento multiplicador de sus capacidades. El uso de drones para vigilancia y monitoreo urbano y rural permitiría ampliar y agilizar el control visual, monitorear zonas críticas, apoyar persecuciones e, incluso, de manera preventiva, anticipar situaciones de riesgo y optimizar la toma de decisiones operativas en tiempo real. Estas herramientas podrían reducir los tiempos de respuesta y fortalecer la planeación policial y militar, especialmente en entornos donde el delito se mueve con rapidez y con un mayor conocimiento del terreno.
A lo anterior se suman los aplicativos móviles de seguridad ciudadana, que podrían permitir una comunicación directa entre la ciudadanía y las autoridades, facilitando incluso la generación de reportes georreferenciados, alertas tempranas y seguimiento institucional. En una sociedad inmersa en un amplio entorno de interconectividad, incluso en sectores populares, no apoyarse en estas herramientas resulta no solo ilógico, sino irresponsable por parte de las autoridades.
Pese a ello, muchos alcaldes prefieren desviar la mirada cuando se les plantea la implementación de proyectos piloto tecnológicos aplicados al mejoramiento de la seguridad, y optan por trasladar de manera silenciosa la carga de esta responsabilidad a los frentes de seguridad existentes en barrios y veredas. Sobre estas organizaciones, integradas por personal civil sin formación policial ni autoridad legal para confrontar el delito, se pretende que asuman un rol que no les corresponde. Peor aún, el mantenimiento de sus herramientas —como cámaras y cornetas— depende principalmente de sus propios recursos, ya que los apoyos de las alcaldías suelen ser esporádicos. En la práctica, los frentes de seguridad funcionan sin financiación sostenida, sin acompañamiento institucional permanente y sin una verdadera integración al sistema de seguridad de las distintas localidades.
La prevención y confrontación del delito no pueden recaer sobre la ciudadanía, que, con buena voluntad, intenta proteger sus territorios prácticamente desde la informalidad y con un precario acompañamiento institucional. Pretender que los frentes de seguridad reemplacen la presencia y el deber legal del Estado es exponer a la comunidad a riesgos innecesarios y trasladar una responsabilidad que es exclusiva de las autoridades.
Paradójicamente, mientras es común ver, día a día, en los diferentes municipios y ciudades del país, crecer el discurso de la “corresponsabilidad comunitaria”, aplicado de manera errada, los recursos de seguridad se destinan a la burocracia bajo la figura de los “gestores de convivencia”. Estas personas, que deberían limitarse a cumplir un rol social, no tienen facultades legales para intervenir frente al delito ni capacidad real y jurídica para disuadir estructuras criminales, y suelen ocupar cargos que responden más a compromisos políticos que a una estrategia seria y estructurada de seguridad.
No se trata de desconocer la importancia del trabajo comunitario, pues la convivencia siempre será un pilar fundamental de la seguridad. Sin embargo, la ausencia o pérdida de capacidad coercitiva y preventiva de las autoridades alimenta y fortalece la delincuencia organizada, el microtráfico, el hurto sistemático y la violencia urbana, fenómenos que no se enfrentan con estrategias simbólicas ni con figuras sin autoridad.
El delito se combate con inteligencia policial, implementación de tecnología, investigación y estrategias que permitan optimizar una reacción oportuna del reducido personal legalmente facultado para confrontar el crimen en el territorio colombiano. Delegar esa responsabilidad en civiles representa una renuncia tácita del Estado a su deber constitucional.
Hoy por hoy, la Policía Nacional enfrenta el desgaste de cubrir cuadrantes sobredimensionados, con turnos extensos y equipamiento limitado. En este escenario, la tecnología debería ser una aliada estratégica, multiplicadora de capacidades y optimizadora de un modelo que ha demostrado ser eficaz, pero que empieza a quedar rezagado frente a las nuevas modalidades del delito y a la evolución de las ya existentes, y no una opción que ni siquiera sea evaluada por las instituciones.
Los proyectos piloto permiten evaluar soluciones, medir resultados y ajustar estrategias sin comprometer grandes presupuestos. Sin embargo, muchos alcaldes temen a este tipo de ejercicios, muy seguramente porque implican planeación, cumplimiento de indicadores y procesos de rendición de cuentas.
El argumento del costo para no implementar tecnología tampoco resulta sostenible. Hoy existen soluciones tecnológicas escalables, accesibles y adaptables a la realidad de los territorios. El verdadero despilfarro sería continuar financiando esquemas ineficientes que no reducen el delito ni mejoran la percepción de seguridad, pero que solo satisfacen intereses burocráticos. El verdadero costo sería social, en la medida en que se continúa abandonando a las comunidades a su suerte, disfrazando la ausencia institucional con discursos camuflados bajo el concepto de participación comunitaria.
Es de tener en cuenta que las aplicaciones y los sistemas tecnológicos generan datos, evidencia y, sobre todo, trazabilidad. Lo anterior obliga a responder con resultados reales y verificables, y no con excusas. Dentro del contexto político y administrativo colombiano, esto suele resultar incómodo. La tecnología visibiliza lo que antes se podía ocultar bajo la improvisación, el discurso vacío y la adopción de estrategias facilistas.
Colombia no necesita alcaldes que teman al futuro. Necesita líderes capaces de entender que la seguridad del siglo XXI, en las actuales condiciones de insuficiencia de personal policial y militar en el territorio nacional, exige decisiones responsables, basadas en evidencia y no en la simple conveniencia burocrática. Integrar drones, analítica de datos y aplicativos móviles al modelo de vigilancia por cuadrantes no es una opción ideológica, sino una necesidad operativa, cuya no implementación le está costando a la ciudadanía su tranquilidad y, en casos cada vez más frecuentes, incluso la vida.
Seguir trasladando la confrontación del delito a civiles desprotegidos y sostener estructuras burocráticas inofensivas es profundizar la crisis de seguridad. La tecnología está disponible. El conocimiento para implementar proyectos piloto existe. La Policía Nacional requiere apoyo real, no discursos motivacionales y mucho menos la constante excusa de “no tenemos suficiente presupuesto”. Lo que falta, principalmente, es voluntad política, funcionarios recursivos y visionarios, sumado a una destinación eficiente de los limitados recursos asignados a la seguridad.
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*Veedor municipal e integrante del Comité de Control Social de la Contraloría de Santander.
