El respaldo energético de México a Cuba reabrió un delicado pulso geopolítico con Estados Unidos. Mientras La Habana enfrenta una crisis energética sin precedentes, los envíos de crudo y derivados desde Pemex desatan críticas, dudas sobre transparencia y temores de represalias comerciales.
México volvió a ponerse en el centro de una controversia regional al reafirmar que mantendrá los envíos de petróleo a Cuba, una política heredada de administraciones anteriores pero que hoy adquiere una dimensión inédita. El contexto internacional es distinto: la isla atraviesa apagones prolongados, desabastecimiento de combustibles y un deterioro acelerado de su infraestructura eléctrica, al tiempo que Estados Unidos endurece su discurso hacia los aliados que sostienen al régimen cubano.
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió esta semana la continuidad de los cargamentos. “Si México puede ayudar a generar mejores condiciones para Cuba, siempre vamos a estar ahí”, afirmó, al sostener que los envíos se realizan bajo contratos vigentes y que no constituyen un subsidio desproporcionado. La mandataria negó que se trate de un aumento extraordinario frente a años anteriores y rechazó que el apoyo energético implique un alineamiento ideológico con el sistema político cubano.
Sin embargo, la discusión dejó de ser un asunto estrictamente bilateral para convertirse en un factor de fricción con Washington. Congresistas republicanos como Carlos A. Giménez calificaron los envíos como una “traición” a los esfuerzos de Estados Unidos por aislar al gobierno de La Habana y advirtieron sobre “consecuencias severas” durante la revisión del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), prevista para este año. Las declaraciones también contrastan con la postura del expresidente Donald Trump, quien ha reiterado su intención de cortar cualquier flujo energético hacia Cuba.
La presión externa se suma a las críticas internas. En México, voces del propio oficialismo, como la del senador Ricardo Sheffield, han pedido revisar la conveniencia de mantener el convenio. “Sin ignorar esa relación y esa historia que nos une, yo creo que ahora hay que empezar a ponderar cuestiones más mundanas”, dijo, al señalar que la frágil situación financiera de Pemex vuelve insostenible un respaldo prolongado a la isla.
Para la analista política Vanessa Romero, el debate público ha sido planteado en términos engañosos. A su juicio, equiparar los envíos de petróleo con un respaldo ideológico al régimen cubano omite deliberadamente el contexto humanitario. “Cuba está sumamente empobrecida, no hay alimentos ni medicinas”, explicó, al recordar que la crisis actual se agrava por más de seis décadas de embargo estadounidense.
Romero sostiene que la postura del gobierno mexicano debe leerse desde una lógica histórica y ética. La relación energética entre ambos países no es nueva: se remonta a décadas atrás y ha sobrevivido a gobiernos de distintos signos políticos. “Es un tema histórico mexicano. Esa relación con Cuba ha sido más profunda de lo que hoy se reconoce”, afirmó, al subrayar que mantener los envíos permite a México reafirmar una identidad propia en política exterior.
Desde esta óptica, la decisión también envía un mensaje político hacia el norte. “Pinta una línea muy clara entre las prioridades de Trump y las propias”, dijo Romero, al considerar que México busca demostrar que no está dispuesto a subordinar todas sus decisiones a la agenda de Washington. Aun así, reconoció que se trata de una jugada arriesgada. “La otra cara es hacer enojar al monstruo del norte”, admitió, al señalar que el tema ya tensiona una relación bilateral de por sí cargada por migración, narcotráfico y comercio.
Romero incluso interpreta el escenario regional como un factor que refuerza la posición mexicana. Tras la intervención militar unilateral de Estados Unidos en Venezuela y la salida forzada de Nicolás Maduro, La Habana perdió a su principal proveedor histórico de crudo. “Ya no puede hacerlo Venezuela. Por eso es tan importante que sea México quien le dé petróleo a Cuba”, afirmó. En su lectura, México aún conserva margen de maniobra frente a Washington gracias a cartas como la balanza comercial, la cooperación migratoria y la lucha contra el narcotráfico.
Una visión distinta ofrece Óscar Ocampo, director de desarrollo económico del Instituto Mexicano para la Competitividad. Para él, los beneficios concretos para México son escasos. “En términos económicos y políticos, poco”, sostuvo, al calificar la política actual como una herencia ideológica más que una decisión basada en racionalidad económica. Ocampo advierte que abrir un nuevo frente de conflicto con Estados Unidos no conviene a una administración que ya enfrenta presiones en múltiples frentes.
En cuanto a las amenazas desde el Capitolio, Ocampo pide cautela sin minimizar el riesgo. “Por ahora es una amenaza retórica”, dijo, aunque reconoció que el tema podría convertirse en una herramienta de presión real durante las negociaciones del T-MEC. A su juicio, el mayor error del gobierno mexicano ha sido comunicacional. “No han podido explicar con peras y manzanas algo que no tendría que ser complicado explicar”, concluyó.
Cifras, opacidad y una nueva controversia
Más allá del debate político, los datos disponibles sobre los envíos encendieron una alarma mayor: la falta de transparencia. A inicios de enero, un reporte del Financial Times colocó a México como el principal proveedor de crudo para Cuba tras la salida de Venezuela del tablero energético caribeño. El diario señaló que México había asumido un rol central en el abastecimiento de la isla.
Sheinbaum respondió que “no se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente” y que los cargamentos obedecen a contratos y ayudas humanitarias. Pero una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) puso en entredicho esa versión.
Según documentos presentados por Pemex ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), entre enero y septiembre de 2025 se exportaron a Cuba hidrocarburos por un valor de 400 millones de dólares, con un promedio diario de 17.200 barriles de crudo y 2.000 barriles de derivados. No obstante, bases de datos especializadas como ImportKey y Veritrade registran 60 envíos realizados por la filial Gasolinas Bienestar durante ese mismo periodo, por un valor acumulado que superaría los 3.048 millones de dólares.
La diferencia entre ambas cifras es, en palabras de la periodista Verónica Ayala, “abismal”. Ayala, quien lideró la investigación de MCCI, advirtió que esta disparidad podría tener repercusiones legales en Estados Unidos, dado que la información entregada a la SEC busca proteger a los inversionistas. “Podría haber consecuencias importantes por parte de las autoridades estadounidenses”, señaló.
Otro punto crítico es la opacidad sobre los ingresos derivados de estos envíos. Gasolinas Bienestar, la filial creada específicamente para exportar combustible a Cuba, ha reportado pérdidas netas y endeudamiento desde su creación. “No hemos encontrado que reporten estos cargamentos como ingresos”, explicó Ayala, al cuestionar bajo qué condiciones se realizan los envíos y si existe algún esquema de pago real.
El gobierno mexicano ha defendido la operación como ayuda humanitaria, pero no ha transparentado los contratos ni los términos financieros. “Se trata de recursos públicos”, subrayó Ayala. “Los recursos del erario también provienen de los impuestos que pagan los ciudadanos”.
Para Ocampo, el manejo opaco agrava el problema político. “El hecho de que el gobierno esté trastabillando para dar información ya lo vuelve sospechoso”, advirtió, al señalar que la operación se canaliza a través de una estructura con menores obligaciones de transparencia. En su opinión, esta falta de claridad reduce el margen de maniobra de México frente a Washington y alimenta la narrativa de que el país actúa por motivos ideológicos.
