Tras años de reclamos por la falta de inversiones, la Gobernación de Santander firmó convenios solidarios para que juntas comunales de Los Santos y Piedecuesta ejecuten y mantengan vías rurales con recursos del peaje La Punta a partir de 2026, según anuncio oficial este martes.
Después de un prolongado pulso entre comunidades y autoridades por el destino de los recursos del peaje La Punta, ubicado en la vía a la Mesa de Los Santos, la Gobernación de Santander puso en marcha un nuevo modelo de ejecución de obras viales: serán los propios habitantes, organizados en juntas de acción comunal (JAC), quienes intervendrán y mantendrán las carreteras secundarias y terciarias de la zona.
En total, la administración departamental firmó 10 convenios solidarios: seis con JAC de Los Santos y cuatro con organizaciones comunitarias de Piedecuesta. A través de estos acuerdos, las juntas recibirán recursos provenientes del recaudo del peaje para realizar trabajos de mejoramiento en corredores rurales que durante años han sido motivo de inconformismo social.
“Es un propósito más para seguir impactando y mejorando la movilidad de nuestro territorio”, afirmó la secretaria de Infraestructura de Santander, Jésica Mendoza Ramírez. La funcionaria precisó que con esta figura se busca acelerar los tiempos de ejecución y garantizar una mayor presencia institucional en zonas históricamente rezagadas en materia de infraestructura.
Las obras priorizadas incluyen la construcción de cunetas, la nivelación de calzadas, el tapado de huecos, la corrección de ondulaciones y la aplicación de recebo en puntos críticos. Estas intervenciones resultan clave en una región donde, según líderes comunales, “hasta las lluvias más cortas y ligeras convierten las vías en verdaderos lodazales”.
De acuerdo con cifras del Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander (Idesan), entidad encargada de la administración del peaje La Punta, durante 2025 se recaudaron $10.472 millones por concepto de este cobro. Parte de esos recursos serán ahora destinados directamente a las comunidades mediante los convenios solidarios.
La decisión llega luego de un año marcado por protestas, bloqueos y choques entre habitantes y autoridades. Los manifestantes denunciaban el “millonario recaudo” del peaje sin una contraprestación visible en la red vial de su área de influencia. También se realizaron mesas de trabajo, con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, en las que se exigieron explicaciones técnicas y financieras.
Según información oficial de la Gobernación, en el corredor rural que conecta a Los Santos y Piedecuesta existen cerca de 137 kilómetros de vías que requieren intervención, beneficiando de manera directa a 27 comunidades. Para los líderes locales, la magnitud del deterioro contrasta con los ingresos históricos del peaje.
En ese sentido, las autoridades departamentales informaron que entre 2004 y 2024 el recaudo acumulado de La Punta asciende a aproximadamente $226.000 millones. Estos datos han sido uno de los principales detonantes del descontento social y de las exigencias de mayor transparencia en el manejo de los fondos.
“La figura de los convenios solidarios permite dar mayor transparencia al uso de los recursos y, al mismo tiempo, agilizar los procesos de contratación y ejecución”, sostuvo Mendoza Ramírez. “Queremos que la comunidad sea protagonista y veedora directa de las obras que se realicen con su propio dinero”, añadió.
La convocatoria para que las JAC participaran en este programa se abrió el pasado 13 de enero y cerró el 19 del mismo mes. Durante ese periodo, las organizaciones interesadas debieron enviar sus solicitudes formales por correo electrónico a la Secretaría de Infraestructura departamental.
Sin embargo, no todos los sectores ven con buenos ojos esta iniciativa. Para colectivos ciudadanos como la Veeduría Unimesan, los convenios solidarios representan “actuaciones administrativas que afectan la transparencia y la buena fe del proceso”. La organización recordó que existía un espacio de concertación institucionalizado en el que se debían discutir previamente este tipo de decisiones.
Según Unimesan, la convocatoria “se adelantó por fuera de ese escenario, mientras estaban pendientes de resolución cuestionamientos jurídicos, contractuales y financieros sobre la legalidad del recaudo y la continuidad del peaje”. Para este colectivo, firmar convenios antes de despejar esas dudas podría agravar la desconfianza entre la ciudadanía y el gobierno departamental.
El trasfondo del conflicto es aún más profundo. Desde el año pasado, un sector de la población exige el desmonte definitivo del peaje La Punta, al considerarlo ilegal. Actualmente cursa una acción de nulidad ante el Tribunal Administrativo de Santander, con la que se busca “tumbar” la operación de la caseta de cobro.
Mientras ese proceso judicial avanza, la Gobernación sostiene que los convenios solidarios no solo son legales, sino necesarios para responder a las demandas urgentes de movilidad. “No podemos seguir esperando a que se resuelvan todos los litigios para atender una problemática que afecta la vida diaria de miles de campesinos”, señalaron voceros oficiales.
Entre tanto, continúan las reuniones técnicas y financieras con las comunidades para socializar el historial del recaudo y los planes de inversión. Las autoridades esperan que, con la ejecución directa de las obras por parte de las JAC, se reduzcan las tensiones sociales y se fortalezca la confianza ciudadana.
Para los habitantes de veredas como El Carrizal, La Fuente y Cañaveral, el anuncio genera expectativas moderadas. “Ojalá ahora sí veamos máquinas y no solo papeles”, comentó un líder comunal de Los Santos. La verdadera prueba del nuevo modelo será, precisamente, convertir los recursos del peaje en kilómetros de vías transitables.
