La muerte del ganadero Rubiel Cáceres Marín, hallado sin vida en una zona rural de Coromoro tras haber sido secuestrado dos días antes, reavivó la preocupación por el avance de la extorsión y la presencia de grupos armados ilegales que presionan a productores y líderes rurales en Santander.
La comunidad de Coromoro, en el sur de Santander, amaneció estremecida este domingo 1 de febrero tras la confirmación del asesinato del ganadero Rubiel Cáceres Marín, cuyo cuerpo fue encontrado por campesinos en un tramo solitario de la vía que conecta las veredas Pueblo Viejo y El Guadual. El hallazgo, ocurrido entre las 6:00 y las 7:00 de la mañana, puso fin a dos días de incertidumbre desde que el productor rural fuera reportado como secuestrado.
“El cuerpo estaba a un costado del camino, en una zona de difícil acceso. De inmediato se activaron los protocolos judiciales”, informó la Policía, tras acordonar el área y confirmar la identidad de la víctima. Equipos de investigación iniciaron la recolección de pruebas para esclarecer las circunstancias del crimen.
El viernes 30 de enero, hacia las 2:00 de la tarde, Cáceres Marín se desplazaba en motocicleta por la vía entre las veredas La Zúñiga y La Mina, acompañado de un familiar con discapacidad auditiva. Según el reporte oficial, hombres armados interceptaron el vehículo y se llevaron por la fuerza al ganadero. El acompañante fue liberado pocos minutos después y logró avisar a las autoridades, lo que desencadenó un operativo inmediato en la zona.
Ese mismo día, una patrulla policial se cruzó con tres hombres que se movilizaban en motocicletas, una de ellas identificada como la que había sido robada al ganadero. “Cuando se intentó la interceptación, los sujetos abrieron fuego y huyeron hacia el monte, dejando abandonados los vehículos”, relató un uniformado que participó en la reacción. Desde entonces, la búsqueda se mantuvo activa con apoyo del Ejército Nacional.
El sábado, el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández Durán, confirmó que los operativos se habían intensificado ante la gravedad del caso. Sin embargo, fue la comunidad campesina la que finalmente encontró el cuerpo del ganadero en un punto que hoy es considerado clave para la investigación.
Extorsiones que no dan tregua
Aunque las autoridades aún no han entregado una hipótesis oficial, familiares de Cáceres Marín señalaron que el ganadero venía recibiendo presiones extorsivas desde hacía varios meses. Según relataron, él mismo habría manifestado su decisión de no seguir pagando dinero a un grupo armado ilegal que lo amenazaba de manera recurrente. “Él dijo que no iba a entregar un peso más”, contó un allegado bajo reserva.
El productor rural residía en el casco urbano de Coromoro y era padre de dos menores de edad. Su muerte se suma a una serie de hechos que han encendido las alarmas sobre la seguridad en esta zona del departamento, donde la extorsión se ha convertido en una amenaza persistente para comerciantes, ganaderos y autoridades locales.
En septiembre de 2025, la Policía capturó a dos presuntos integrantes del ELN señalados de cobrar extorsiones en Coromoro, Charalá y Cincelada, incluso al propio alcalde municipal. Ese antecedente, aún fresco en la memoria de la región, refuerza la preocupación por la presencia de estructuras armadas que buscan controlar economías locales y someter a la población mediante intimidación.
El sur de Santander ha sido históricamente una zona de tránsito para grupos armados que se disputan corredores estratégicos entre Boyacá y el Magdalena Medio. Aunque en los últimos años se han registrado golpes importantes contra estructuras criminales, la presión extorsiva persiste y se adapta a las dinámicas rurales.
Analistas consultados por este medio señalan que la combinación de vías terciarias aisladas, economías ganaderas y presencia limitada del Estado facilita la operación de bandas dedicadas al secuestro y la extorsión. “Estos grupos aprovechan la geografía y la dispersión poblacional para ejercer control y obtener recursos”, explicó un experto en seguridad regional.
El caso de Cáceres Marín se convierte así en un símbolo doloroso de la vulnerabilidad que enfrentan los productores rurales. Su asesinato no solo deja una familia en duelo, sino que también envía un mensaje inquietante a una comunidad que, pese a los esfuerzos institucionales, sigue expuesta a la intimidación armada.
Investigación en curso
Las autoridades avanzan en la recolección de testimonios, análisis de las motocicletas abandonadas y verificación de posibles rutas de escape utilizadas por los responsables. La Fiscalía abrió una investigación por secuestro y homicidio agravado, mientras la Policía mantiene presencia reforzada en la zona.
“No descansaremos hasta capturar a los responsables”, aseguró una fuente oficial consultada. La comunidad, por su parte, exige resultados y mayor protección para evitar que hechos como este se repitan.
La muerte de Rubiel Cáceres Marín deja al descubierto una problemática que, lejos de ser aislada, refleja la fragilidad de la seguridad rural en Santander y la urgencia de fortalecer la presencia institucional en territorios donde la extorsión sigue cobrando vidas.
