Una acción de tutela interpuesta contra el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría denuncia que las comunidades afrocolombianas enfrentan barreras estructurales para ejercer su derecho al voto. La demanda espera garantizar la entrega automática de todos los tarjetones electorales, sin solicitudes previas, en condiciones de igualdad.
La democracia colombiana enfrenta un nuevo cuestionamiento en el marco de las elecciones legislativas. Jair Éder Palacios Palacios, candidato a la Cámara de Representantes por la Circunscripción Afrodescendiente, avalado por el Consejo Comunitario Mayor de Cértegui, interpuso una acción de tutela contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional del Estado Civil. El recurso judicial denuncia que las comunidades afrocolombianas están siendo marginadas del ejercicio pleno de sus derechos políticos debido a barreras en la entrega de tarjetones y a una desigualdad estructural que limita su participación.
La tutela, presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, solicita medidas urgentes para garantizar la igualdad electoral. Según el documento, “la diferenciación logística en la entrega de los tarjetones invisibiliza las candidaturas de las circunscripciones especiales y constituye una vulneración directa de los derechos fundamentales de las comunidades afrodescendientes”.
El caso pone en evidencia un problema que ha sido señalado por líderes sociales y académicos desde hace años: la falta de cumplimiento de la Ley 70 de 1993. Esta norma, considerada una conquista histórica de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, reconoció derechos colectivos como el territorio, la identidad cultural y la participación política. Sin embargo, más de tres décadas después, gran parte de sus disposiciones siguen sin materializarse.
En la práctica electoral actual, los jurados de votación entregan de manera automática los tarjetones de Senado y Cámara de Representantes territoriales. Pero quienes desean votar por las circunscripciones especiales —afrodescendiente, indígena, de paz (CITREP) o internacional— deben solicitarlos expresamente. Esta exigencia convierte el derecho al voto en un privilegio condicionado, pues depende del conocimiento previo del votante y de su capacidad para reclamar lo que debería ser garantizado sin obstáculos.
El candidato Palacios lo resume en una frase contundente: “Sin igualdad en el tarjetón no hay igualdad en el voto. Y sin igualdad en el voto, la democracia sigue fallándole a las comunidades afrocolombianas”.
La acción de tutela advierte que esta situación no es un error administrativo aislado, sino una desigualdad estructural que perpetúa la exclusión política. Al no entregar de manera automática los tarjetones de las circunscripciones especiales, el Estado invisibiliza estas candidaturas y limita el acceso de las comunidades a espacios de representación.
Pedagogía electoral
Otro aspecto señalado en la demanda es la decisión del CNE y la Registraduría de trasladar la pedagogía electoral a los propios candidatos. En lugar de desarrollar campañas institucionales de información, las autoridades han delegado en los aspirantes la responsabilidad de explicar a los votantes cómo acceder a los tarjetones especiales.
Esta medida, según la tutela, favorece a quienes cuentan con maquinaria política y recursos económicos para financiar campañas de pedagogía. En palabras del demandante: “La democracia vuelve a quedar en manos de los mismos de siempre, porque no todos los candidatos tienen la capacidad de llegar a los territorios con información clara y suficiente”.
La consecuencia es evidente: las comunidades afro, indígenas y de paz enfrentan una doble barrera. Por un lado, deben solicitar expresamente los tarjetones; por otro, dependen de la capacidad económica de los candidatos para recibir información sobre cómo ejercer su derecho.
La Ley 70 de 1993 fue producto de una lucha social en búsqueda de garantizar la inclusión de las comunidades afrodescendientes en la vida política, económica y cultural del país. Reconoció derechos fundamentales como la educación, la salud y el voto. Sin embargo, la falta de activación ha convertido esta conquista en una promesa incumplida.
Organizaciones sociales han denunciado que “la Ley 70 no se cumple”, y que el Estado ha fallado en garantizar la participación política real de las comunidades afro. La acción de tutela presentada por Palacios se inscribe en esta denuncia histórica, al señalar que la exclusión electoral es una manifestación concreta del incumplimiento estatal.
Más de 30 años después, la omisión de la Ley 70 se traduce en exclusión política, barreras para ejercer el derecho al voto y un abandono persistente en los territorios afrodescendientes e indígenas. La tutela intenta revertir esta situación y abrir un camino hacia una democracia más incluyente.
Cinco tarjetones y confusión electoral
A hoy existen cinco tipos de tarjetones: territorial, afrodescendiente, indígena, internacional y CITREP. Esta multiplicidad genera confusión entre los votantes y una clara desventaja para las candidaturas de las circunscripciones especiales. Mientras los tarjetones territoriales se entregan automáticamente, los demás permanecen ocultos en las mesas de votación, esperando ser solicitados.
La tutela denuncia que esta diferenciación logística invisibiliza las candidaturas afrodescendientes y contradice los principios de igualdad y equidad electoral. “No se trata de un error administrativo, sino de una práctica que mantiene a las comunidades afro al margen de la democracia”, señala el documento.
El recurso judicial va en búsqueda de proteger derechos fundamentales como la igualdad, la equidad electoral, la participación política, el debido proceso electoral, el derecho a ser elegido, el acceso a cargos públicos, el derecho a la oposición y los derechos de las minorías políticas.
La acción de tutela plantea que, sin acceso automático a todos los tarjetones, el voto de las comunidades afro no se ejerce en condiciones de igualdad. En consecuencia, se vulnera el principio constitucional de participación política y se perpetúa la exclusión histórica.
El caso de la tutela contra el CNE y la Registraduría refleja una tensión profunda en la democracia colombiana. Por un lado, el país ha avanzado en el reconocimiento formal de los derechos de las comunidades afrodescendientes. Por otro, la práctica electoral sigue reproduciendo desigualdades que limitan su participación real.
La demanda de Palacios espera que el Estado adopte medidas urgentes para democratizar la pedagogía electoral y garantizar el acceso universal a todos los tarjetones. Solo así será posible avanzar hacia una democracia incluyente, en donde el derecho al voto no dependa del conocimiento previo, los recursos económicos o el poder político.
En palabras del candidato: “La democracia no puede seguir siendo un privilegio de quienes tienen poder. Debe ser un derecho garantizado para todos”.
El caso pone sobre la mesa la necesidad de revisar las prácticas electorales y de cumplir con la Ley 70 de 1993. Sin igualdad en el tarjetón no hay igualdad en el voto. Y sin igualdad en el voto, la democracia colombiana seguirá en deuda con las comunidades afrodescendientes.
Foto: Jair Éder Palacios Palacios, candidato a la Cámara de Representantes por la Circunscripción Afrodescendiente, avalado por el Consejo Comunitario Mayor de Cértegui.
