El testimonio de Mark Zuckerberg ante un jurado en Los Ángeles marca un punto de inflexión en la discusión global sobre redes sociales, adicción digital y responsabilidad corporativa, mientras una joven demanda a Meta Platforms por daños psicológicos asociados al uso temprano de sus plataformas.
En una sala abarrotada del Tribunal Superior de Los Ángeles, el fundador de Meta compareció por primera vez ante un jurado para responder a una acusación que pone en entredicho el modelo de negocio de las grandes plataformas digitales. La demanda sostiene que empresas como Meta y Google diseñaron productos con mecanismos adictivos que afectan especialmente a menores de edad, comparándolos con estrategias históricas de la industria tabacalera.
Durante su intervención, Zuckerberg defendió la política de verificación de edad de Instagram y rechazó que la compañía permita el acceso a menores de 13 años. “La política de la compañía ha sido clara”, afirmó, al insistir en que existen mecanismos para restringir el uso por parte de niños. Sin embargo, el ejecutivo añadió un elemento polémico al señalar que “hay un grupo significativo de personas que mienten sobre su edad para usar nuestros servicios”.
La querella fue presentada por una joven de 20 años identificada como K.G.M., quien asegura haber empezado a usar redes sociales antes de los 10 años y haber desarrollado una fuerte dependencia que agravó su depresión y pensamientos suicidas. Sus abogados sostienen que la arquitectura de las plataformas —basada en recompensas, notificaciones constantes y contenido personalizado— está diseñada para maximizar el tiempo de permanencia, incluso a costa de la salud mental de los usuarios.
En la audiencia, la parte demandante exhibió documentos internos según los cuales, para 2018, alrededor de cuatro millones de usuarios de Instagram eran menores de 13 años. La cifra representaría cerca del 30% de los niños entre 10 y 12 años en Estados Unidos en ese momento, un dato que contradice la versión de la compañía sobre el control efectivo de edad.
El juicio también ha estado marcado por el testimonio de familiares de víctimas. Lori Schott, madre de una adolescente que se suicidó tras años de uso intensivo de redes sociales, declaró que las plataformas “sabían que sus tácticas de diseño perjudicaban la salud mental”. En su intervención, agregó: “Esperamos que se responsabilice por desarrollar productos que crean adicción”.
El caso se desarrolla en un contexto de creciente preocupación global por el impacto de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes. Investigaciones académicas y reportes de organizaciones de salud han advertido sobre la correlación entre el uso intensivo de plataformas digitales y problemas como ansiedad, depresión y baja autoestima, especialmente entre adolescentes.
Aunque Zuckerberg ha comparecido anteriormente ante el Congreso de Estados Unidos en audiencias relacionadas con privacidad, desinformación y competencia, esta es la primera vez que debe defender ante un jurado la seguridad psicológica de sus plataformas. La dimensión simbólica del proceso es significativa: de su resultado podrían derivarse precedentes para cerca de 1.500 demandas similares en el país.
El proceso judicial también ha incorporado restricciones inéditas en la sala, reflejo del propio objeto del litigio. La jueza Carolyn B. Kuhl prohibió el uso de gafas inteligentes para evitar cualquier intento de reconocimiento facial del jurado, subrayando la preocupación por la vigilancia tecnológica incluso dentro del sistema judicial.
El juicio se extenderá al menos seis semanas y se espera que incluya testimonios de expertos en psicología, diseño digital y regulación tecnológica. Además de Meta y Google, la demandante había presentado acciones contra otras plataformas populares como TikTok y Snapchat, aunque estas compañías optaron por llegar a acuerdos extrajudiciales antes del inicio del proceso.
Paralelamente, Meta enfrenta otro juicio en el estado de Nuevo México, donde autoridades locales acusan a sus plataformas de facilitar espacios en los que operan depredadores sexuales y de no filtrar adecuadamente contenido perjudicial para menores.
Mientras tanto, la defensa de Meta insiste en que los padres y usuarios también tienen responsabilidad en el control del uso digital, una postura que ha sido criticada por organizaciones civiles que consideran que la carga no puede recaer únicamente en las familias frente a sistemas diseñados por grandes corporaciones con poder global.
El veredicto, aún distante, será observado de cerca por gobiernos, empresas tecnológicas y millones de usuarios en todo el mundo. En juego está no solo el futuro de Meta, sino la definición de los límites éticos de la economía de la atención en la era digital.