Convocadas para este 19 de febrero en distintas ciudades del país, las marchas en defensa del salario mínimo reunirán a trabajadores, sindicatos y sectores sociales en plazas públicas desde las 4 de la tarde, en medio de tensiones políticas y jurídicas por la suspensión del decreto.
Las calles de Colombia volverán a ser escenario de movilización social este jueves 19 de febrero, cuando miles de ciudadanos salgan a marchar en defensa del salario mínimo decretado por el Gobierno nacional y suspendido de forma provisional por el Consejo de Estado. La jornada, convocada por el presidente y respaldada por organizaciones sindicales y sociales, se realizará de manera simultánea en las principales ciudades del país.
Según la convocatoria, las concentraciones iniciarán a las 4:00 p. m. en plazas públicas y puntos centrales de cada capital. En Bogotá, la cita principal será en la Plaza de Bolívar, mientras que en ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga las manifestaciones también se concentrarán en las plazas principales.
En el departamento de Santander, la jornada tendrá especial presencia en dos ciudades clave. En Bucaramanga, la concentración se realizará en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán, punto habitual de encuentro para movilizaciones sociales y sindicales. Por su parte, en Barrancabermeja, los convocantes han citado a los participantes en el Parque Infantil, desde donde se prevé una movilización hacia el centro de la ciudad petrolera.
El llamado a la movilización se da en un contexto de fuerte controversia institucional. El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que fijaba el aumento del salario mínimo para 2026, lo que generó una respuesta inmediata del Ejecutivo y de sectores afines al Gobierno. Desde entonces, la discusión ha escalado al terreno político y social, con convocatorias a marchas y debates sobre la legalidad del incremento.
El presidente Gustavo Petro, quien anunció que participará en la jornada, ha insistido en que el aumento salarial responde a criterios constitucionales y económicos. En una convocatoria pública, afirmó que “razones técnicas, económicas y constitucionales tenemos de sobra”, e invitó a los ciudadanos a salir a las calles para defender lo que denomina un “salario vital”.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, también respaldó la jornada e invitó a la ciudadanía a participar: “Plazas de todo el país, a defender el salario vital”, expresó en declaraciones previas a la movilización.
Las marchas, sin embargo, no solo reflejan el respaldo al aumento salarial, sino también la tensión entre ramas del poder público. La suspensión del decreto por parte del Consejo de Estado es una medida cautelar que se mantendrá mientras se decide de fondo la legalidad de la norma. Mientras tanto, el Gobierno ha defendido que el incremento —superior al 23 %— busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y cerrar brechas sociales.
Diversos sectores políticos han aprovechado el momento para posicionarse. Figuras cercanas al oficialismo han llamado a la movilización como una forma de presión social frente a la decisión judicial, mientras que sectores críticos consideran que el aumento podría tener efectos negativos sobre la inflación y el empleo.
En las regiones, la jornada tendrá matices locales. En ciudades como Valledupar, la movilización partirá desde la plazoleta del SENA y avanzará hasta la Plaza Alfonso López, mientras que en Neiva la concentración se realizará en el Parque Santander. En otros territorios, como Popayán, también se han programado recorridos desde distintos puntos hacia el centro histórico, con el objetivo de visibilizar el respaldo ciudadano a las políticas laborales del Gobierno.
La convocatoria nacional ha generado expectativa en materia de movilidad y seguridad. Autoridades locales han anunciado planes de acompañamiento y monitoreo para evitar alteraciones del orden público y garantizar el desarrollo pacífico de las manifestaciones. En ciudades como Bogotá, experiencias recientes han mostrado que las protestas pueden generar congestión vehicular y cierres temporales de vías, lo que ha llevado a reforzar los operativos de tránsito.
El trasfondo de la movilización está ligado a la discusión histórica sobre el salario mínimo en Colombia. Desde hace décadas, su fijación ha sido motivo de debate entre empresarios, sindicatos y el Gobierno, con diferencias sobre el impacto del aumento en la economía y el empleo. La actual controversia revive ese debate, en un momento en el que el país enfrenta desafíos económicos y sociales derivados de la inflación y la desigualdad.
Para los sindicatos y organizaciones sociales, las marchas representan una defensa del poder adquisitivo de los trabajadores. “Sin salario digno no hay vida digna”, han expresado algunos de los convocantes en sus mensajes de difusión, en los que también se resalta la importancia del trabajo como base de la economía.
Para el Gobierno, la movilización es también una forma de legitimar su política laboral frente a la ciudadanía. En ese sentido, la participación del presidente en la jornada busca enviar un mensaje político de respaldo a la medida y de confrontación con la decisión judicial.
Analistas consideran que la jornada del 19 de febrero será un termómetro del apoyo ciudadano al incremento salarial y al Gobierno, así como de la capacidad de movilización de los sectores sindicales y sociales. También será un indicador del clima político en un año marcado por debates económicos y reformas estructurales.
Mientras tanto, la ciudadanía se prepara para una jornada que promete ser masiva y que volverá a poner en el centro del debate público el papel del salario mínimo como herramienta de justicia social y desarrollo económico. La magnitud de la movilización y sus efectos políticos se conocerán al cierre de un día que, sin duda, marcará la agenda nacional.
