La construcción del retorno del Anillo Vial entre Floridablanca y Girón quedó suspendida pese a promesas oficiales de iniciar obras en 2026, tras reorientación de recursos públicos y ausencia de cronograma definitivo, generando preocupación en gremios, trabajadores y autoridades por su impacto en la movilidad y seguridad vial.
La esperada construcción de un retorno vial en el corredor que conecta Floridablanca con Girón, en el área metropolitana de Bucaramanga, permanece sin fecha de inicio. Aunque el Instituto Nacional de Vías (Invías) había anunciado que el proyecto comenzaría en enero de 2026, la obra fue aplazada indefinidamente.
Fuentes internas de la entidad confirmaron que los recursos inicialmente previstos para la infraestructura fueron redireccionados a otros compromisos estatales, dejando sin financiación inmediata la obra. Según la información conocida, el dinero se destinó a atender un incidente de desacato relacionado con el sendero de Oiba, decisión que impactó directamente la disponibilidad presupuestal del retorno vial.
La obra, que se proyectaba con un costo aproximado de 4.500 millones de pesos y una duración estimada de tres meses, ahora se encuentra en etapa de gestión presupuestal sin asignación definitiva ni cronograma confirmado.
La ausencia de este retorno no es un asunto menor. El tramo del Anillo Vial donde se plantea la intervención es uno de los corredores más transitados del área metropolitana, con miles de trabajadores y vehículos movilizándose diariamente.
Se estima que al menos 10.000 personas se desplazan a diario por esta zona, donde la falta de retornos obliga a recorrer varios kilómetros adicionales para cambiar de sentido. Este déficit de infraestructura ha generado maniobras peligrosas, cruces ilegales y accidentes fatales, especialmente en el caso de motociclistas.
Conductores consultados por el medio regional señalan que la ausencia de un retorno intermedio entre la glorieta de Makro y las bodegas de San Jorge implica trayectos adicionales de más de cuatro kilómetros, con impactos directos en tiempos de desplazamiento, consumo de combustible y riesgos viales.
Un proyecto con historia de aplazamientos
La idea de construir retornos en el Anillo Vial no es reciente. Desde hace más de una década, gremios, empresarios y comunidades han solicitado la ejecución de este tipo de obras para mejorar la conectividad del corredor.
De hecho, el Invías ordenó desde 2020 la elaboración de estudios y diseños para el retorno, los cuales ya están terminados. Sin embargo, la ejecución no ha avanzado por dificultades administrativas y presupuestales.
En diciembre de 2025, la entidad había anunciado que el proceso constructivo iniciaría a finales de enero de 2026, con una adición presupuestal de 500 millones de pesos para completar los trabajos. Esa proyección fue posteriormente revertida.
El contrato que podría servir como vehículo financiero para la obra es el de mantenimiento vial del corredor Zipaquirá – Barbosa – San Gil – Floridablanca – Girón – Bucaramanga – San Alberto, adjudicado por más de 26.000 millones de pesos. Sin embargo, la adición requerida para incluir el retorno no se ha concretado.
La paralización del proyecto ha generado inconformidad en el sector empresarial de Santander. Durante al menos 15 años, organizaciones como la Zona Franca Santander, la ANDI Seccional Santander y el Comité Intergremial han enviado solicitudes formales al Invías pidiendo claridad sobre la ejecución del retorno.
En un pronunciamiento reciente, representantes del sector productivo insistieron en la relevancia estratégica de la obra. “Reiteramos que el sector empresarial ha actuado a través de canales institucionales formales, solicitando espacios de articulación y acompañamiento técnico”, señalaron voceros gremiales.
Para estas organizaciones, la infraestructura es clave no solo para la movilidad sino también para la competitividad regional y la sostenibilidad del empleo en el corredor industrial.
Una cadena de decisiones que impacta el territorio
El caso del retorno del Anillo Vial ilustra un problema estructural en la gestión de infraestructura regional: la reasignación de recursos públicos ante urgencias judiciales o administrativas.
El incidente de desacato que obligó a destinar los fondos a otra obra revela cómo decisiones judiciales pueden alterar la planeación vial, generando efectos en cascada sobre proyectos estratégicos.
Además, la falta de claridad en el esquema de financiación —que incluye alternativas como el contrato de mantenimiento vial, nuevas licitaciones o su inclusión en el programa “Vías de los Comuneros”— evidencia la ausencia de una hoja de ruta definida para la ejecución.
Expertos en movilidad advierten que la postergación de este tipo de intervenciones genera costos acumulativos para las ciudades: mayor congestión, incremento de accidentalidad y pérdida de competitividad.
En el caso del área metropolitana de Bucaramanga, el crecimiento urbano e industrial en el eje Floridablanca–Girón ha aumentado la presión sobre la infraestructura existente, sin que se ejecuten las obras necesarias para absorber la demanda.
La ausencia del retorno, aunque pueda parecer una obra menor, forma parte de un sistema vial que requiere intervenciones integrales para garantizar su funcionamiento.
El retorno del Anillo Vial continúa en una fase preliminar de gestión, sin asignación presupuestal concreta ni fecha de inicio de obras. La situación deja en evidencia una brecha entre los anuncios oficiales y la ejecución real de proyectos de infraestructura, así como la fragilidad de la planeación pública frente a contingencias administrativas y judiciales.
Mientras tanto, los conductores, trabajadores y empresas que dependen de este corredor seguirán enfrentando demoras, riesgos y costos adicionales en su movilidad diaria, a la espera de una obra que, por ahora, sigue en veremos.
