El Gobierno de Gustavo Petro activó decretos de emergencia económica para aumentar ingresos fiscales mediante nuevos tributos y traslados de recursos, una decisión que desató alertas entre empresarios y juristas por su impacto en inversión, tarifas de energía y la legalidad del uso de ahorros pensionales.
La administración del presidente Gustavo Petro atraviesa uno de sus momentos fiscales más exigentes. Tras el hundimiento en el Congreso de la ley de financiamiento que buscaba cerrar un déficit cercano a los 16 billones de pesos, el Ejecutivo decidió acelerar medidas extraordinarias para garantizar liquidez y sostener el gasto público. En ese contexto, se expidieron varios decretos bajo el marco de la emergencia económica derivada de las inundaciones en el Caribe y el Chocó, con efectos directos sobre empresas, generadoras de energía y el sistema pensional.
La batería de medidas incluye el restablecimiento del impuesto al patrimonio para personas jurídicas, un nuevo aporte obligatorio para generadores eléctricos y un borrador de decreto que permitiría trasladar recursos desde los fondos privados de pensiones hacia el sistema público. La combinación de estas decisiones ha sido interpretada por distintos sectores como una señal de presión sobre las finanzas del Estado, pero también como un giro de alto riesgo para la confianza inversionista y la estabilidad jurídica.
El origen inmediato de las decisiones está en el déficit fiscal que enfrenta el país. Con cerca del 90% del presupuesto comprometido en gastos obligatorios y sin una nueva reforma tributaria aprobada, el Gobierno se quedó sin margen de maniobra para cubrir sus obligaciones. En ese escenario, la emergencia económica se convirtió en la herramienta legal para crear nuevos ingresos y redirigir recursos.
Desde la Casa de Nariño se ha insistido en que la situación es extraordinaria. Las lluvias y desbordamientos de ríos en regiones como el Caribe y el Pacífico generaron daños en infraestructura, viviendas y sistemas productivos que demandan recursos urgentes. El Ejecutivo argumenta que las medidas adoptadas están dirigidas a atender esa contingencia y evitar impactos sociales mayores.
Sin embargo, expertos fiscales sostienen que las decisiones van más allá de la emergencia climática. Para varios analistas, los decretos reflejan un problema estructural en las cuentas públicas que se ha agravado por el aumento del gasto social, el incremento del salario mínimo y la desaceleración económica.
Impuesto al patrimonio empresarial
Uno de los decretos más relevantes reactivó el impuesto al patrimonio para empresas con patrimonios líquidos superiores a 10.474 millones de pesos. La tarifa general es del 0,5%, pero asciende al 1,6% para sectores como el financiero y el extractivo.
El Gobierno justificó la medida señalando que estos sectores han tenido utilidades elevadas y, en el caso del extractivo, generan impactos ambientales que deben compensarse. Según el Ejecutivo, la carga adicional busca “que el daño sea el menor posible a la producción real”, concentrando el recaudo en actividades consideradas de acumulación rentística.
La proyección oficial estima un recaudo de ocho billones de pesos, aunque centros de pensamiento económicos consideran que podría ser mayor. No obstante, desde el sector empresarial han surgido críticas por el efecto que puede tener la medida sobre la inversión.
El tributarista Pedro Sarmiento advirtió que el impuesto presenta dificultades técnicas, especialmente por la fecha de corte elegida para calcular el patrimonio, mientras que el abogado Juan David Velasco subrayó que el gravamen no tiene en cuenta las utilidades del año anterior, sino el capital acumulado, lo que obligará a pagar incluso a empresas con resultados negativos.
Desde la perspectiva empresarial, el mayor temor es que este tipo de impuestos “transitorios” terminen convirtiéndose en permanentes, lo que afectaría la planeación financiera y la confianza de inversionistas extranjeros.
El segundo decreto relevante establece que las generadoras de energía deberán transferir al Estado un 2% adicional sobre sus ventas brutas durante seis meses. Los recursos se destinarán a la recuperación de cuencas afectadas por la crisis hídrica.
La norma también endurece las reglas de operación de los embalses, permitiendo que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales exija mayores niveles de retención de agua para prevenir inundaciones.
Desde el sector eléctrico, el presidente del gremio de generadores advirtió que la medida es desproporcionada y llega en un momento en que el sector ya enfrenta una alta carga tributaria. Según explicó, los nuevos costos podrían trasladarse a los usuarios a través de tarifas más altas.
Además, se cuestionó la oportunidad de la decisión al señalar que el Estado tiene recursos sin ejecutar en gestión del riesgo, lo que, a juicio de los empresarios, debilita el argumento de urgencia fiscal.
El foco en los fondos de pensiones
La medida que más controversia ha generado es el borrador de decreto que reglamenta el traslado de recursos desde las administradoras de fondos de pensiones hacia el sistema público.
La propuesta establece que las AFP deberán transferir en un plazo de 15 días el capital y los rendimientos de los afiliados que decidieron cambiarse al régimen de prima media. Según el gremio del sector, los recursos involucrados superarían los 25 billones de pesos.
Para los críticos, el problema no es solo la magnitud del traslado, sino su destinación. Expertos sostienen que, según la legislación vigente, esos recursos deberían administrarse en un fondo independiente y no en la caja directa del sistema público, lo que evitaría que se usen como ingresos corrientes del Estado.
El exvicepresidente de operaciones de Colpensiones, Rodrigo Castillo, afirmó que la medida podría ser ilegal al contradecir normas superiores. En sus palabras, “un decreto no puede ser contrario a una ley”, y agregó que la liquidación acelerada de portafolios de inversión podría generar inestabilidad financiera.
El presidente Petro ha defendido las decisiones señalando que buscan corregir desigualdades estructurales del sistema económico. Sobre el traslado de afiliados hacia el sistema público, recordó que es un proceso que viene de gobiernos anteriores y que responde a mejores condiciones de pensión para los trabajadores.
En cuanto a los impuestos a empresas y generadores de energía, el Ejecutivo sostiene que son medidas temporales, focalizadas y necesarias para enfrentar una crisis extraordinaria.
Para el Gobierno, la prioridad es garantizar la atención de la emergencia climática, proteger a las poblaciones afectadas y mantener la estabilidad fiscal del país.
Riesgos para la inversión y la confianza
Pese a la defensa oficial, la reacción del sector privado ha sido de preocupación. Gremios económicos advierten que el conjunto de medidas puede afectar la confianza inversionista, especialmente por el uso de decretos de emergencia para modificar reglas tributarias y financieras.
Analistas internacionales han señalado que la estabilidad jurídica es uno de los factores clave para la inversión extranjera, y decisiones de este tipo pueden generar incertidumbre sobre la previsibilidad del marco regulatorio en Colombia.
Asimismo, el posible impacto en tarifas de energía y en el mercado financiero podría trasladarse a los consumidores, aumentando el costo de vida en un momento en que la inflación aún es un desafío.
El aspecto legal de las medidas también está en discusión. Varios expertos consideran que algunos decretos podrían ser demandados ante la Corte Constitucional, especialmente aquellos que no guardan relación directa con la emergencia climática.
El borrador sobre pensiones, en particular, podría enfrentar cuestionamientos por presunta extralimitación del Ejecutivo frente a lo establecido por la ley.
En Colombia, los decretos de emergencia tienen fuerza de ley, pero deben cumplir requisitos estrictos de conexidad, necesidad y proporcionalidad. Si la Corte determina que no se cumplen, podría declararlos inexequibles.
Más allá del debate político y jurídico, el trasfondo de la situación es un entorno económico complejo. El aumento del salario mínimo, el gasto social creciente y la desaceleración económica han reducido el margen fiscal del Gobierno.
Al mismo tiempo, la necesidad de atender emergencias climáticas y sociales exige recursos adicionales, lo que obliga al Ejecutivo a buscar alternativas rápidas de financiamiento.
En ese equilibrio entre urgencia fiscal y estabilidad económica se juega buena parte de la credibilidad del Gobierno y la confianza de los mercados.
