Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación revela que al menos 76 aspirantes al Senado en Colombia enfrentan investigaciones penales, fiscales o disciplinarias, reavivando el debate sobre la ética en la política y los filtros institucionales de cara a las elecciones legislativas del 8 de marzo.
La campaña al Congreso de Colombia avanza en medio de una paradoja persistente: mientras el país discute la renovación de la representación política, decenas de aspirantes arrastran procesos judiciales que cuestionan su idoneidad para legislar. El informe “Candidatos y candidatas cuestionados al Congreso de la República en 2026”, elaborado por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), contabiliza 76 candidaturas al Senado con investigaciones activas en una lista total de 1.078 aspirantes.
Los hallazgos reabren un debate histórico en Colombia sobre la permeabilidad del sistema político frente a prácticas de corrupción, clientelismo y vínculos con economías ilegales o actores armados. La legislación vigente no impide que personas con investigaciones en curso participen en elecciones, siempre que no exista condena en firme o inhabilidad judicial o disciplinaria vigente. Esa brecha entre legalidad y legitimidad política se convierte en uno de los ejes del análisis electoral de este año.
Pares incluyó en su radiografía no solo a quienes tienen procesos penales, sino también a candidatos con investigaciones disciplinarias o fiscales, así como a miembros de clanes políticos tradicionales o vinculados a escándalos emblemáticos como Odebrecht o la parapolítica. El resultado es una fotografía compleja de la política nacional, en la que la herencia de redes clientelares convive con nuevas coaliciones y liderazgos emergentes.
Según el informe, los partidos con mayor número de candidatos cuestionados son el Liberal, el Conservador, La U y Cambio Radical, todos con listas abiertas. En este tipo de sistema electoral, los votantes eligen directamente a los candidatos, lo que aumenta la competencia interna y, en muchos casos, incentiva el uso de maquinarias políticas locales para asegurar votos.
En contraste, las listas cerradas —como las del Pacto Histórico del presidente Gustavo Petro o el Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe— registran menor proporción de candidatos cuestionados, aunque no están exentas de polémicas.
La discusión no es nueva. Desde el escándalo de la parapolítica en la década de 2000, cuando decenas de congresistas fueron investigados por vínculos con grupos paramilitares, Colombia ha intentado fortalecer los mecanismos de control y transparencia electoral. Sin embargo, la persistencia de clanes familiares y estructuras políticas regionales ha dificultado una renovación profunda.
Casos emblemáticos que marcan la campaña
Entre los nombres más visibles del informe aparecen políticos con trayectoria nacional o regional, algunos con varias décadas de carrera en la administración pública. Sus casos ilustran la diversidad de procesos judiciales que enfrentan los aspirantes.
Uno de los más controvertidos es el de César Augusto Lorduy, candidato de Cambio Radical y cercano al poderoso clan Char en el Atlántico. Lorduy, quien fue representante a la Cámara y magistrado del Consejo Nacional Electoral, arrastra desde 1979 el episodio de la muerte de su pareja Alicia Mercedes Ribaldo Pardo, caso que prescribió judicialmente. Más recientemente, la congresista Ingrid Aguirre lo denunció por presunto soborno y acoso sexual, señalando que le habría solicitado dinero o favores a cambio de decisiones electorales. El proceso continúa en investigación.
También en Cambio Radical figura Didier Lobo, con una larga trayectoria política en el departamento del Cesar. Lobo enfrenta 19 denuncias penales en la Corte Suprema de Justicia y un proceso por enriquecimiento ilícito abierto desde 2014. Su caso refleja la persistencia de estructuras políticas regionales asociadas a partidos que han sido cuestionados por vínculos históricos con la parapolítica.
En la coalición que incluye a Colombia Justa Libres aparece Rummenigge Monsalve, exalcalde de Malambo, acusado por la Fiscalía de prevaricato y constreñimiento ilegal. El ente acusador sostiene que habría obligado a la gerente del hospital municipal a renunciar para manipular el cargo con fines políticos. Además, enfrenta investigaciones disciplinarias por irregularidades en contratos durante la pandemia.
El informe de Pares también subraya el peso de los clanes políticos en varias regiones del país. En el Partido Liberal, el candidato Yessid Pulgar es parte de una familia con fuerte presencia en el Atlántico, donde su hermano, el exsenador Eduardo Pulgar, fue condenado por intentar sobornar a un juez.
En el Partido Conservador, el senador Miguel Ángel Barreto, líder de un clan en el Tolima, enfrenta una investigación por su presunta participación en el entramado de corrupción conocido como “Las marionetas”, relacionado con contratos del Departamento de Prosperidad Social durante el gobierno de Iván Duque.
Otro ejemplo es el del senador José Alfredo Gnecco Zuleta, de La U, heredero de una poderosa familia política en el Cesar, cuyos miembros han sido vinculados a procesos por corrupción y nexos con paramilitares. El senador tiene tres procesos penales abiertos en la Corte Suprema.
En ese mismo partido, Jhon Besaile busca la reelección mientras enfrenta procesos por presunto desvío de recursos públicos y aparece mencionado en el escándalo del Cartel de la Toga, una red de corrupción judicial que involucró a magistrados y congresistas.
Las listas cerradas también enfrentan cuestionamientos
Aunque en menor proporción, las listas cerradas tampoco están exentas de polémicas. En el Pacto Histórico, el representante David Racero aspira a llegar al Senado mientras enfrenta investigaciones por presunto uso indebido de recursos públicos y manejo irregular de su equipo de trabajo legislativo.
En el Centro Democrático, José Vicente Carreño, cercano al expresidente Álvaro Uribe, tiene investigaciones por tráfico de influencias y por una desaparición forzada ocurrida en 2003, cuando era miembro de la Policía.
Estos casos alimentan el debate sobre la coherencia entre los discursos de renovación política y las prácticas internas de los partidos, incluso en movimientos que se presentan como alternativas frente a la política tradicional.
La presencia de candidatos investigados tiene implicaciones directas en la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas. Según analistas, la percepción de impunidad y la continuidad de figuras cuestionadas en el poder contribuyen al desencanto electoral y al aumento de la abstención.
En Colombia, la participación en elecciones legislativas suele ser inferior al 50 %, lo que evidencia una desconexión entre el electorado y el sistema político. La inclusión de candidatos con investigaciones puede reforzar la idea de que las reglas del juego favorecen a las élites políticas tradicionales.
Organizaciones de la sociedad civil han insistido en la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, incluyendo listas más depuradas, mayores requisitos de transparencia y sanciones políticas para quienes enfrenten procesos judiciales graves, incluso antes de una condena definitiva.
