El colapso y deterioro de puentes en Colombia ha encendido una alerta nacional: en doce años, 29 estructuras han fallado, más del 60% desde 2023. Gremios del transporte advierten impactos económicos y sociales graves y exigen respuestas inmediatas del Gobierno frente a una crisis estructural.
El sistema vial colombiano enfrenta una presión creciente que hoy se manifiesta en la fragilidad de su infraestructura más crítica: los puentes. La reciente alerta emitida por la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) ha puesto sobre la mesa una situación que, según el gremio, “no puede considerarse normal en ningún país”. La cifra que sustenta la preocupación es contundente: 29 puentes con fallas graves o colapsos en los últimos 12 años, de los cuales 18 se registraron entre 2023 y lo corrido de 2026.
La advertencia de los transportadores se produce en medio de una temporada invernal que ha intensificado la vulnerabilidad de las estructuras viales, evidenciando problemas de mantenimiento, supervisión y reacción institucional. Para los firmantes del comunicado, la frecuencia reciente de los colapsos plantea interrogantes sobre la gestión estatal y la capacidad de respuesta ante eventos que afectan directamente la movilidad, el abastecimiento y la economía regional.
El informe presentado por Colfecar detalla que el 62% de los eventos registrados en más de una década se concentra en los últimos tres años. De ese total, el 17% corresponde únicamente a lo ocurrido en los primeros meses de 2026, cuando se reportaron cinco casos en menos de dos meses. Esta tendencia revela una aceleración del deterioro de la infraestructura vial que, según los gremios, no ha sido atendida con la urgencia que demanda.
El análisis también desagrega la responsabilidad institucional de las estructuras afectadas. El Instituto Nacional de Vías (Invías) concentra 13 de los 29 casos reportados, seguido por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con nueve. A estos se suman seis casos bajo administración de gobiernos departamentales y uno más bajo jurisdicción del Ejército Nacional.
Para el sector transportador, esta distribución demuestra la necesidad de una acción coordinada entre las entidades responsables, especialmente en los corredores estratégicos para el transporte de carga y pasajeros. “Se requiere una respuesta estatal ágil, coordinada y proporcional a la magnitud de la emergencia”, señala el documento.
Los casos recientes y su impacto regional
La crisis se ha hecho visible en diferentes puntos del país durante 2026, particularmente en regiones del Caribe y el Urabá antioqueño, donde la caída o afectación de puentes ha generado cierres totales o parciales de vías clave.
Uno de los casos se registró en Córdoba, en la vía Lorica–Chinú, donde el puente Chima, bajo responsabilidad de Invías, presentó fallas estructurales desde el 2 de febrero. En el departamento del Magdalena, el puente Mendihuaca, en la vía Santa Marta–Río Palomino, también registró afectaciones el 3 de febrero.
En Antioquia, la vía Necoclí–Arboletes sufrió dos impactos simultáneos: el puente San Juan y el puente Mulatos presentaron daños el mismo día, afectando gravemente la movilidad en la zona. El quinto caso se registró nuevamente en Córdoba, en la vía Puerto Rey–Montería, donde el puente Jalisco, bajo la ANI, presentó una novedad el 8 de febrero.
Estos eventos, aunque dispersos geográficamente, tienen un efecto común: el aislamiento de comunidades, el aumento de los tiempos de viaje y el encarecimiento del transporte de bienes básicos.
Uno de los puntos más críticos señalados por Colfecar es la falta de uniformidad en la respuesta institucional. Mientras en algunos casos se han anunciado soluciones temporales con relativa rapidez, en otros la reacción ha sido tardía.
Por ejemplo, en el caso del puente Mendihuaca, se anunció la construcción de un paso provisional diez días después de la afectación. En contraste, en la vía Necoclí–Arboletes, una comisión de Invías llegó 22 días después de registrarse los daños, lo que prolongó el cierre y profundizó el impacto económico.
“A la fecha del comunicado, ninguna de las cinco novedades había sido resuelta ni se había restablecido el paso vehicular”, advierte el gremio, evidenciando la lentitud en la recuperación de la infraestructura.
Consecuencias económicas y sociales
La afectación de los puentes tiene repercusiones directas sobre el sector transportador y sobre las comunidades que dependen de la conectividad vial. Los gremios advierten que los cierres prolongados están generando pérdidas económicas, desempleo y alteraciones en las cadenas de abastecimiento.
En las regiones afectadas, los transportadores han debido recurrir a rutas alternas más largas y costosas, lo que incrementa el precio final de los productos. A esto se suma el impacto sobre el transporte de pasajeros, que ve reducida su oferta y seguridad.
El documento también advierte sobre el riesgo de informalidad en las zonas afectadas. “Las medidas transitorias deben servir de manera efectiva para el transporte de carga y de pasajeros; de lo contrario, podrían incentivar la informalidad”, señala el comunicado.
El problema de los puentes en Colombia no es nuevo, pero la frecuencia reciente de los eventos ha puesto en evidencia una deuda acumulada en mantenimiento y modernización de la red vial.
Durante años, la inversión en infraestructura ha priorizado la construcción de nuevas vías y concesiones, mientras que el mantenimiento de estructuras existentes ha quedado rezagado. Esta situación, sumada a factores como el cambio climático y el aumento de la carga vehicular, ha incrementado la presión sobre los puentes.
Los gremios recuerdan que experiencias recientes han demostrado que las soluciones temporales pueden convertirse en permanentes. Como ejemplo, mencionan la vía Cúcuta–Pamplona, donde desde 2023 se opera con puentes militares sin que exista aún una solución definitiva.
Las exigencias al Gobierno
Ante este panorama, los transportadores han solicitado al Gobierno Nacional tres acciones concretas. La primera es la priorización de la emergencia dentro de la agenda institucional, con intervención técnica y logística inmediata.
La segunda es la implementación de medidas transitorias que mitiguen las pérdidas económicas y sociales en las regiones afectadas. Estas medidas deben garantizar la operación del transporte formal y evitar la proliferación de soluciones informales.
La tercera es la definición de cronogramas y presupuestos claros para soluciones definitivas. “Se requieren soluciones estructurales que garanticen la movilidad a largo plazo”, insisten los gremios.
La crisis de los puentes se ha convertido en un indicador de la capacidad del Estado para gestionar su infraestructura crítica. La articulación entre Invías, la ANI y el Ministerio de Transporte será clave para enfrentar una problemática que afecta no solo al sector transportador, sino al conjunto de la economía nacional.
