El presidente Gustavo Petro instala dudas sobre la transparencia electoral al denunciar un supuesto fraude sin pruebas, pese a que ese mismo sistema lo llevó al poder. Al hacerlo, erosiona la confianza institucional justo cuando su propia campaña enfrenta señalamientos por topes, financiamiento irregular y contradicciones internas.
Por: Wilson Ruiz Orejuela/ Algo huele mal cuando el presidente empieza a sembrar dudas sobre las elecciones antes de que los ciudadanos siquiera hayan votado. No es una advertencia inocente ni un llamado técnico a revisar procedimientos: es una narrativa peligrosa que prepara el terreno para desconocer resultados. A pocos días del 8 de marzo, Gustavo Petro revive el fantasma de un supuesto fraude en 2022, el mismo proceso que lo llevó al poder. Y la pregunta es inevitable: ¿por qué el ganador decide ahora cuestionar el árbitro que validó su victoria?
Hasta hoy, ninguna autoridad electoral o judicial ha certificado fraude en esas elecciones. No existe una sentencia, ni una decisión administrativa, ni una prueba concluyente que respalde esa acusación. Sin embargo, el daño ya está hecho. Cuando desde la Presidencia se instala la sospecha sin evidencia, se erosiona la confianza pública y se debilita la estabilidad institucional. La democracia no solo se afecta con irregularidades reales; también se hiere cuando se desacredita sin fundamentos.
Resulta aún más delicado que mientras se habla de fraude hacia afuera, existan decisiones oficiales que comprometen la campaña del propio mandatario. El Consejo Nacional Electoral determinó que en 2022 la campaña de Petro habría superado los topes electorales en aproximadamente 5.300 millones de pesos, con sustento en análisis técnicos y pruebas forenses. Superar los límites legales no es un asunto menor, porque altera la equidad de la contienda y vulnera las reglas que garantizan competencia justa.
A esto se suman las explosivas declaraciones de Armando Benedetti en conversación con Laura Sarabia, donde habló de 15 mil millones de pesos conseguidos para la campaña y advirtió que, si se conociera la verdad, “todos irían a la cárcel”. Luego intentó retractarse. Pero en política y en derecho, las palabras no se evaporan. Cuando se mencionan sumas de ese tamaño, la explicación no puede reducirse a un momento de rabia.
También se ha mencionado el presunto ingreso de recursos provenientes de alias “Sobrino” y del contrabandista conocido como “Papá Pitufo”, quien habría aportado 500 millones de pesos. El presidente afirmó que ordenó devolver ese dinero. Pero jurídicamente la discusión no es tan simple: la conducta puede configurarse desde el momento en que los recursos ingresan a la campaña. Las preguntas siguen abiertas y las respuestas no han sido contundentes.
Mientras tanto, el discurso apunta ahora contra Thomas Greg & Sons, empresa encargada de la logística electoral bajo contratación de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Desacreditar anticipadamente a quienes operan el proceso electoral no fortalece la transparencia; la pone en riesgo. Porque cuando se construye la idea del fraude antes de que exista un resultado, el mensaje implícito es que solo será legítimo aquello que favorezca al Gobierno.
Colombia no puede entrar en esa lógica. Si el 8 de marzo y luego en mayo de 2026 el veredicto ciudadano no favorece al petrismo, el país necesita certeza de que se respetará la voluntad popular. La democracia no es un mecanismo que se activa solo cuando conviene. Es una regla que obliga a todos, empezando por quien ocupa la Presidencia.
Aquí no está en juego una candidatura. Está en juego la confianza en las instituciones. Y cuando esa confianza se fractura desde el poder, el costo lo paga toda la Nación. Defender la democracia implica exigir transparencia, sí, pero también responsabilidad en el discurso. Porque cuando se normaliza la narrativa del fraude sin pruebas, lo que se está construyendo no es una denuncia: es una excusa anticipada.
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*Abogado, Doctor en Derecho y Especialista en Derecho Administrativo. Exministro de Justicia y del Derecho.
