El Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga ordenó la suspensión provisional del Acuerdo 002 de febrero de 2025, que autorizaba al alcalde de Capitanejo la creación del Fondo Mixto Fodecol, decisión que abre un debate jurídico, político y económico en Santander.
La medida cautelar fue adoptada por el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, que resolvió suspender provisionalmente los efectos del Acuerdo número 002 del 12 de febrero de 2025. Dicho acuerdo, expedido por el Concejo Municipal de Capitanejo, autorizaba al alcalde para crear e integrar el Fondo Mixto denominado Fodecol – Fondo de Desarrollo Colombiano. La suspensión se fundamenta en las razones expuestas en el proveído, que apuntan a posibles irregularidades en la expedición del acto administrativo.
La decisión judicial no implica la nulidad definitiva del acuerdo, sino que intenta evitar que se produzcan efectos jurídicos y económicos mientras se adelanta el proceso de fondo. En términos prácticos, significa que el Fondo Mixto no podrá ser constituido ni operar hasta que se resuelva la legalidad del acto.
¿Qué es un Fondo Mixto?
Los fondos mixtos son figuras jurídicas que permiten la asociación entre entidades públicas y privadas para promover proyectos culturales, sociales o de desarrollo económico. En Colombia, han sido utilizados para financiar actividades artísticas, deportivas y de innovación regional. Su carácter “mixto” radica en que integran recursos estatales con aportes de empresas privadas, lo que les otorga flexibilidad en la gestión.
El Fodecol, según lo planteado en Capitanejo, buscaba convertirse en un instrumento de desarrollo local, con la posibilidad de canalizar inversiones hacia proyectos productivos, culturales y de infraestructura. Sin embargo, la creación de este tipo de fondos requiere cumplir estrictamente con normas de transparencia, competencia y legalidad, aspectos que ahora están bajo revisión judicial.
La suspensión genera un impacto inmediato en la administración. Lo que se había recibido con autorización del Concejo para avanzar en la conformación del fondo, deberá detener cualquier gestión relacionada. Esto abre un escenario de tensión política, pues algunos sectores consideran que la medida frena iniciativas de desarrollo, mientras otros la interpretan como una garantía de legalidad y control institucional.
El Concejo Municipal, como órgano colegiado que aprobó el acuerdo, también queda en el centro del debate. La decisión judicial cuestiona la validez de su actuación y podría derivar en investigaciones sobre el procedimiento legislativo seguido para expedir el acto.
En Bucaramanga, expertos en derecho administrativo destacan que la medida cautelar es una herramienta preventiva en búsqueda de proteger el interés público. “La suspensión provisional no prejuzga sobre la legalidad definitiva del acuerdo, pero sí evita que se produzcan efectos que luego podrían ser irreversibles”, explicó un abogado consultado.
La creación de fondos mixtos ha sido una tendencia en varias regiones de Colombia, especialmente en departamentos como Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca, donde se han utilizado para dinamizar sectores culturales y económicos. Sin embargo, también han sido objeto de cuestionamientos por falta de control y transparencia en la administración de recursos.
En Santander, la discusión sobre el Fodecol se suma a otros debates sobre la gestión de proyectos de desarrollo local. Santander enfrenta retos en materia de infraestructura, empleo y dinamización económica. Un fondo mixto podría representar una alternativa para atraer inversión, pero su viabilidad depende de la solidez jurídica y la confianza institucional.
El proceso continuará en el Juzgado Once Administrativo Oral, que deberá analizar de fondo la legalidad del Acuerdo 002. Entre los aspectos que podrían ser objeto de revisión están:
– La competencia del Concejo Municipal para autorizar la creación del fondo.
– El cumplimiento de requisitos legales en la expedición del acuerdo.
– La naturaleza jurídica del fondo y su compatibilidad con la normatividad vigente.
– La posible afectación de principios de transparencia y participación ciudadana.
Si el juzgado concluye que el acuerdo es ilegal, podría declarar su nulidad definitiva. En caso contrario, la suspensión se levantaría y el fondo continuaría.
La suspensión del Fodecol tiene implicaciones más allá del ámbito jurídico. En lo económico, detiene la posibilidad de canalizar recursos hacia proyectos locales, lo que podría retrasar iniciativas de emprendimiento y desarrollo. En lo social, genera incertidumbre entre quienes veían en el fondo una oportunidad para fortalecer la identidad cultural y promover actividades de infraestructura.
Por otro lado, la medida también puede interpretarse como una oportunidad para revisar con mayor rigor los mecanismos de participación y control ciudadano en la gestión de recursos públicos. La transparencia y la confianza institucional son elementos clave para que este tipo de iniciativas prosperen.
