En Boyacá, Santander y el sur de Bolívar, el agua dejó de ser garantía y se volvió preocupación diaria. La crisis es real, se siente y se sufre, pero no es prioridad. En el campo, el agua significa incertidumbre y abandono institucional persistente.
Por: Alexander Martínez Castrillón/ En zonas rurales de Norte de Santander, comunidades enteras dependen de quebradas que ya no responden como antes. El agua disminuyó, pero las necesidades no. Lo que antes alcanzaba para cultivar y vivir, hoy apenas sirve para resistir. En el oriente de Antioquia, los campesinos ya no siembran con certeza, sino con duda. Las lluvias fallan, el clima cambia y nadie responde. El calendario agrícola, que antes era conocimiento seguro, hoy es una apuesta.
Las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística lo confirman, pero en el campo no hacen falta estadísticas para entenderlo. La gente lo vive. No hay agua todos los días, no siempre es potable y muchas veces no alcanza. Aquí no se trata solo de cobertura. Se trata de dignidad. En veredas de Santander, el agua se guarda como si fuera un lujo. Tanques improvisados, baldes, cualquier recipiente sirve. No porque quieran, sino porque no hay opción. Cada litro se cuida como si fuera el último.
Mientras tanto, los acueductos veredales siguen sosteniendo lo que el Estado no ha querido sostener. En Boyacá y Norte de Santander, las comunidades hacen mantenimiento, organizan turnos y resuelven conflictos sin apoyo real. No es romanticismo comunitario. Es necesidad. Pero hay una verdad incómoda: el Estado se acostumbró a que el campesino resuelva solo.
Cuando se daña una tubería, no llega una solución institucional. Llega la minga. Cuando falta el agua, no hay plan de contingencia. Hay resignación organizada. Y eso no debería ser normal. El riego también refleja la desigualdad. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la agricultura consume cerca del 70 % del agua dulce. Pero en el campo colombiano, no todos acceden a ese porcentaje.
En Antioquia y Santander, los pequeños productores dependen del cielo. Si llueve, hay cosecha. Si no, hay pérdida. Así de simple, así de injusto. En el sur de Bolívar, la situación es más dura. El calor evapora lo poco que hay y el agua se vuelve escasa de forma permanente. Allí no se habla de prevención, se habla de sobrevivir. A esto se suma un problema que avanza en silencio: la desaparición de los nacimientos de agua.
En zonas de Boyacá y Santander, campesinos han visto secarse fuentes que por años fueron seguras. No es casualidad. Es consecuencia de la deforestación, del uso intensivo del suelo y de la falta de protección real. Menos bosque, menos agua. Así de claro. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales lo ha advertido: los caudales bajan, las lluvias cambian. Pero esas alertas se quedan en informes, no en acciones.
El cambio climático ya está aquí. No es un discurso internacional, es una realidad campesina.
En Norte de Santander, se reducen cultivos. En Antioquia, se cambian siembras. En todo el campo, se asumen pérdidas. Y todo esto ocurre sin una estrategia clara del Estado. Lo que hay son proyectos aislados. Obras que se inauguran sin mantenimiento. Promesas que no llegan a las veredas. Discursos que no bajan del papel.
Se habla de cobertura, pero no de continuidad. Se habla de inversión, pero no de sostenibilidad. Y mientras tanto, la brecha entre el campo y la ciudad sigue creciendo.
En las ciudades, el agua llega. En el campo, se espera. Esa diferencia no es técnica. Es política.
Aun así, las comunidades no se han quedado quietas. En distintas zonas, han decidido cuidar lo poco que tienen. Protegen nacimientos, limitan el uso y establecen acuerdos. No porque alguien se los ordene, sino porque entienden que sin agua no hay futuro. Pero no se puede seguir cargando al campesino con todo.
El país no puede seguir dependiendo de la resistencia rural para sostener un derecho básico. El agua no es un favor, no es un privilegio, no es una opción. Es un derecho fundamental. Y hoy, ese derecho no se está garantizando. La crisis del agua en el campo colombiano es una muestra clara de desigualdad estructural. No es solo ambiental. Es social, económica y profundamente política.
Las consecuencias ya están en marcha: menos producción, más pobreza, más abandono del campo. Y, aun así, el tema no ocupa el lugar que debería. Se volvió paisaje. Se volvió costumbre. Se volvió normal. Pero no lo es.
El agua se está acabando donde más se necesita. Y el silencio institucional frente a eso también pesa. El país tiene que decidir si sigue mirando para otro lado o si asume, de una vez por todas, que el campo no puede seguir esperando. Porque cuando al campesino le falta el agua, no solo pierde él. Perdemos todos.
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*Profesional en calidad y agroindustria, líder social, docente, emprendedor y defensor campesino.
Instagram: @alexandermartinezcastrillon
Facebook: Alexander Martínez Castrillon
(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).
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Referencias bibliográficas
Departamento Administrativo Nacional de Estadística – Acceso a agua en zonas rurales.
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – Informes climáticos e hídricos.
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – Uso del agua en agricultura.
Defensoría del Pueblo – Conflictos socioambientales en Colombia.
Banco Mundial – Agua y desarrollo rural.
