La proliferación de grupos delincuenciales a lo largo del país sigue degradando las áreas de especial importancia ambiental ante la indiferencia de las autoridades gubernamentales.
Por: Gloria Lucía Álvarez Pinzón/ Colombia ha construido, durante décadas, un discurso potente respecto a la protección de sus riquezas naturales.
Se proclama como uno de los países más biodiversos del mundo, líder en conservación y con un entramado normativo robusto que ha llegado hasta a reconocerle derechos propios a la naturaleza.
Sin embargo, esa narrativa teórica choca con la realidad del territorio por cuanto las áreas que se declaran de conservación ambiental en buena parte de los casos no cumplen su finalidad y terminan siendo escenarios fantásticos para que en ellas prospere la ilegalidad.
El Tayrona, ícono del turismo ecológico y símbolo de conservación, está hoy atravesado por dinámicas que lo desbordan.
El cierre del parque por razones de seguridad no puede interpretarse como un hecho aislado ni coyuntural, porque está mostrando el síntoma de un problema estructural que es la incapacidad del Estado para ejercer control efectivo sobre los territorios y especialmente sobre los que se declaran de importancia ecológica.
En los lugares donde no existe propiedad privada o donde la titularidad pertenece al Estado, están emergiendo economías ilegales que encuentran el escenario propicio para apropiarse por la fuerza de los territorios y de los recursos naturales para beneficio propio.
Lo que está ocurriendo hoy en el Tayrona con la presencia de grupos delincuenciales, es apenas una manifestación evidente de esa situación.
Este fenómeno no es nuevo en los alrededores de la Sierra Nevada de Santa Marta, pero está adquiriendo matices preocupantes en el contexto actual, donde la fragmentación de actores y la recomposición de economías ilícitas están generado complejas tensiones territoriales.
El vínculo entre delincuencia organizada y deterioro ambiental es profundo y multifacético.
Los delincuentes utilizan los bosques como corredores estratégicos, los ríos como vías de transporte y las zonas protegidas como espacios de baja presencia estatal donde pueden operar con bastante impunidad.
A esto se suma la abusiva e indiscriminada explotación de los recursos naturales que existen en la región, sin conciencia alguna; minería ilegal, tala indiscriminada, expansión de la frontera agrícola y cultivos ilícitos.
En ese contexto, el medio ambiente no solo sufre las consecuencias de la desidia gubernamental, sino que se convierte en un botín.
La deforestación, por ejemplo, no es simplemente el resultado de la pobreza rural o la falta de planificación, sino también una estrategia deliberada para el control territorial.
Abrir trochas, tumbar selva y transformar el uso del suelo son formas de marcar presencia y consolidar economías ilegales.
La minería criminal, por ejemplo, no solo destruye ecosistemas acuáticos y terrestres, sino que financia estructuras armadas. Lo mismo ocurre con los cultivos ilícitos, cuya expansión ha estado históricamente asociada a procesos de deforestación. En ambos casos, la respuesta estatal ha sido, en gran medida, reactiva y fragmentaria.
El caso del Tayrona pone de relieve también otra situación y es la afectación a comunidades locales y a economías legales como el turismo.
Cuando el parque cierra por razones de seguridad, los ciudadanos pierden el acceso a un ecosistema invaluable y con ello se impacta directamente a cientos de familias que dependen de esa actividad.
Así, el conflicto armado no solo degrada la naturaleza, sino que erosiona alternativas sostenibles de desarrollo.
Resulta paradójico que, mientras Colombia avanza en escenarios internacionales como un actor comprometido con la agenda climática y la conservación, en su propio territorio persistan condiciones que hacen inviable la protección efectiva de sus ecosistemas.
Esta brecha entre discurso y realidad no es menor. Revela que las políticas ambientales, por sí solas, son insuficientes si no están acompañadas de una estrategia integral de seguridad, presencia institucional y desarrollo territorial.
Llevamos treinta años en el país pidiendo sacar a la naturaleza del conflicto y ello ha generado por momentos conciencia y fervor, a tal punto que ha ello ha sido reconocido en decisiones judiciales; sin embargo, ello no se ha traducido en acciones reales y sostenidas.
Lo anterior evidencia que el problema es de fondo, de falta de gobernabilidad y de ausencia de propósitos reales gubernamentales.
La gestión ambiental en Colombia hoy está sirviendo más a propósitos políticos perversos que a los verdaderos objetivos que debería tener.
Esto sumado a la falta de políticas de seguridad y defensa y a enorme consideración con la que están siendo tratados los delincuentes por parte de las autoridades, genera el ambiente propicio para que prospere la ilegalidad. A su vez, las economías ilegales son el motor del conflicto y del deterioro ambiental y todo ello se convierte en un perverso círculo vicioso, del que lamentablemente se nutren algunos círculos de poder.
En regiones como la Sierra Nevada de Santa Marta, donde confluyen intereses ambientales, culturales y económicos, esta situación resulta especialmente crítica.
Frente a este panorama, es necesario replantear el enfoque. La protección de áreas como el Tayrona no puede depender exclusivamente de medidas administrativas o de cierres temporales. Se requiere presencia estatal real, que combine seguridad, justicia, desarrollo social y gestión ambiental.
Esto implica controlar territorio con la fuerza pública y garantizar servicios básicos, oportunidades económicas y mecanismos efectivos de participación comunitaria.
Asimismo, es fundamental fortalecer los sistemas de monitoreo y control territorial, así como la capacidad de respuesta frente a cualquier amenaza.
La tecnología puede jugar un papel importante, pero sin voluntad política y coordinación interinstitucional, su utilización resulta inocua.
El caso del Tayrona debe servir de alerta temprana; ejercer control sobre los parques y demás áreas de conservación debe convertirse en una prioridad, tanto por su valor ecológico, como por su papel en la estabilidad territorial.
Si uno de los parques más emblemáticos y visitados del país puede verse afectado por dinámicas de violencia, ¿qué está ocurriendo en otros territorios protegidos menos visibles y con menor capacidad de atención mediática?
La respuesta, puede ser muy preocupante, pues con el contubernio de este Gobierno con los grupos delincuenciales organizados y la relativización a la que está siendo sometido el delito, cada vez existen más regiones del país dominadas por presiones similares, ahogándose entre el boleteo, la extorsión y el sicariato.
Ahora que el país entra en la antesala de las elecciones presidenciales, el debate público debería centrarse en lo esencial: la capacidad del próximo Gobierno para recuperar el control efectivo del territorio y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
No para escuchar promesas políticas sino para determinar cuál de los candidatos es el que de verdad puede dar garantías para retomar el control del país, pues si no se desbaratan las estructuras ilegales cuadruplicadas después del fallido proceso de paz, cualquier propuesta de desarrollo económico o social, es solo palabrería.
Elegir bien implica apostar por un liderazgo que entienda que seguridad, desarrollo y conservación no son agendas separadas, sino pilares inseparables en los que debe sentarse un país para ser viable.
Recuperar la seguridad en el Parque Tayrona, en las inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y en general de todas las áreas declaradas como de conservación ambiental, debe ser el inicio de una larga tarea de recuperación del país, para sacarlo de este oscuro momento al que nos ha llevado este funesto Gobierno.
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*Abogada, docente e investigadora en Derecho Ambiental.
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