Una investigación periodística reconstruye cómo Jeffrey Epstein utilizó propiedades en Londres para alojar víctimas de explotación sexual, mientras señales tempranas fueron desatendidas por autoridades británicas, exponiendo fallas institucionales en la respuesta policial y reavivando cuestionamientos sobre responsabilidades políticas, judiciales y de supervisión internacional durante décadas recientes.
Una nueva investigación basada en documentos judiciales y archivos financieros ha puesto al descubierto la estructura logística que el financiero estadounidense Jeffrey Epstein desplegó en Londres para sostener su red de abuso y trata de mujeres, al tiempo que evidencia la inacción de las autoridades británicas frente a denuncias tempranas.
El reportaje, elaborado a partir de millones de registros publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, detalla cómo Epstein controló al menos cuatro apartamentos en el exclusivo distrito de Kensington y Chelsea. Estas propiedades habrían sido utilizadas para alojar a mujeres jóvenes, muchas de ellas procedentes de Europa del Este y Rusia, que posteriormente denunciaron haber sido víctimas de explotación sexual.
“Los documentos muestran un patrón claro de organización y movilidad”, señala la investigación, que identifica correos electrónicos, facturas y transferencias bancarias como piezas clave para reconstruir la operación. En varios casos, las mujeres eran trasladadas entre distintas ciudades europeas, incluyendo París, utilizando rutas comerciales como el tren Eurostar.
Al menos seis de las mujeres que residieron en estos inmuebles han presentado denuncias formales. Sus testimonios coinciden en describir un sistema en el que algunas víctimas eran presionadas para reclutar a otras. “Era una estructura que se alimentaba a sí misma”, afirmó una fuente cercana al proceso, citada bajo condición de anonimato.
El funcionamiento de esta red en territorio británico ocurrió después de que la Policía Metropolitana de Londres decidiera no avanzar en una denuncia clave presentada años antes contra Epstein y el entonces príncipe Andrés. La denunciante, Virginia Giuffre, aseguró haber sido víctima de abuso dentro de este entramado, lo que posteriormente derivó en un acuerdo extrajudicial con el miembro de la familia real británica.
Según fuentes policiales, la Met llegó a entrevistar en varias ocasiones a Giuffre y estableció canales de cooperación con autoridades estadounidenses. Sin embargo, la investigación no produjo resultados concluyentes. “Se evaluaron las evidencias disponibles en ese momento”, indicaron voceros oficiales, defendiendo la actuación institucional.
La reciente publicación de documentos ha reactivado las críticas. Expertos en derecho penal y derechos humanos consideran que hubo omisiones graves. “No se trata solo de falta de pruebas, sino de una posible subestimación del riesgo y del alcance de los hechos”, explicó un analista consultado para este reportaje.
El caso ha cobrado una nueva dimensión tras la muerte de Giuffre, ocurrida en Australia en abril del año pasado. Su fallecimiento ha sido interpretado por organizaciones civiles como un símbolo de las consecuencias prolongadas que enfrentan las víctimas de redes de abuso.
Otro elemento relevante que emerge de la investigación es el uso de infraestructura de transporte para facilitar la operación. Autoridades británicas han iniciado indagaciones sobre el papel del aeropuerto de Stansted, desde donde Epstein habría coordinado vuelos privados vinculados al traslado de mujeres, algunas de ellas menores de edad.
En la jerga asociada al escándalo, estos vuelos eran conocidos como “Lolita exprés”, una denominación que ha sido ampliamente criticada por trivializar la gravedad de los hechos. Registros de vuelos indican que al menos 87 trayectos relacionados con Epstein tuvieron origen o destino en aeropuertos británicos entre la década de 1990 y 2018.
La falta de acción coordinada entre distintas entidades también ha sido objeto de cuestionamiento. Durante años, tanto autoridades aeroportuarias como organismos policiales intercambiaron responsabilidades sin que se produjera una investigación integral. “Había señales, pero no hubo una respuesta proporcional”, sostuvo un especialista en seguridad internacional.
En la actualidad, al menos cuatro cuerpos policiales del Reino Unido han abierto nuevas líneas de investigación relacionadas con el caso. Entre ellos, las policías de Thames Valley y Surrey analizan posibles implicaciones adicionales, incluyendo si figuras públicas facilitaron información sensible o mantuvieron vínculos que pudieran tener relevancia legal.
El caso Epstein continúa generando repercusiones globales, no solo por la magnitud de los delitos, sino por las fallas institucionales que permitieron su prolongación. Para observadores internacionales, este episodio expone debilidades en los sistemas de control y en la cooperación entre jurisdicciones frente a delitos transnacionales.
“Este no es un caso aislado, es un reflejo de cómo operan ciertas redes cuando encuentran vacíos institucionales”, concluye uno de los expertos consultados.
A medida que avanzan las investigaciones, crece la presión para que las autoridades británicas esclarezcan las decisiones tomadas en el pasado y determinen si hubo negligencia o encubrimiento. El desafío, señalan analistas, no solo será judicial, sino también político y ético, en un contexto donde la confianza pública está en juego.
