A pocas semanas del cierre del mandato presidencial, el debate sobre una eventual Asamblea Constituyente revive en Colombia, mientras Gustavo Petro insiste en movilizaciones y recolección de firmas, y el candidato Iván Cepeda intenta equilibrar alianzas políticas sin romper con el oficialismo ni el centro.
El panorama político colombiano vuelve a tensionarse alrededor de una de las propuestas más polémicas del actual Gobierno: la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. A medida que se acerca el final del mandato del presidente Gustavo Petro, la insistencia del Ejecutivo en promover esta iniciativa ha reactivado debates jurídicos, políticos y electorales que atraviesan la campaña presidencial.
En el centro de esta coyuntura aparece la figura del senador y candidato presidencial Iván Cepeda, quien lidera las encuestas como abanderado del oficialista Pacto Histórico, pero que ha optado por una postura menos enfática frente a la Constituyente. Su posición ha sido interpretada por distintos sectores como una estrategia para mantener cohesionada la izquierda, sin cerrar puertas a sectores de centro que rechazan la idea.
Durante la última semana, el presidente Petro convocó a movilizaciones para el Primero de Mayo, en el marco del Día Internacional de los Trabajadores. Según el mandatario, estas marchas buscan “defender el derecho a la pensión” y “luchar para que bajen las tasas de interés y crezca el empleo”. Sin embargo, sus mensajes han estado acompañados de un renovado impulso a la recolección de firmas para promover la Constituyente, una propuesta que ha defendido como de origen “popular”.
Esta insistencia no es nueva. A lo largo de su gobierno, Petro ha planteado la posibilidad de convocar una Constituyente como mecanismo para superar los bloqueos a sus reformas en el Congreso. No obstante, la propuesta ha encontrado resistencias amplias, incluso entre sectores que inicialmente respaldaron su agenda de cambios. Parte de la controversia radica en que, durante su campaña presidencial, el mandatario había descartado explícitamente acudir a este mecanismo.
En contraste, Iván Cepeda ha optado por una postura más matizada. En declaraciones recientes, el candidato afirmó: “No soy un partidario a ultranza de la Constituyente. Es una posibilidad, pero para mí lo que se requiere es un diálogo que nos lleve a un acuerdo nacional”. Esta afirmación refleja una línea discursiva que evita confrontar directamente al presidente, pero que al mismo tiempo introduce matices que buscan tranquilizar a sus nuevos aliados políticos.
El giro estratégico de Cepeda se hace evidente en la consolidación de la llamada Alianza por la Vida, una coalición que agrupa sectores del Pacto Histórico con partidos y movimientos de tradición más centrista. Entre ellos se encuentra la Alianza Verde, cuyo respaldo se oficializó tras semanas de negociación y la construcción de un acuerdo programático.
Dentro de ese acuerdo, la referencia a la Constituyente es marginal. La colectividad verde ha sido clara en expresar sus reservas frente a esta iniciativa. En documentos internos y declaraciones públicas, el partido ha calificado como “inconveniente” la convocatoria de una Asamblea Constituyente en el contexto actual, privilegiando en su lugar el trámite de reformas a través del Congreso.
La escena política que acompañó el anuncio de la adhesión de la Alianza Verde resultó simbólica. En el evento estuvo presente Antonio Navarro Wolff, una figura clave en la historia constitucional reciente del país. Navarro fue uno de los presidentes de la Asamblea Constituyente de 1991, proceso que dio origen a la actual Carta Política y que es ampliamente reconocido como un hito de consenso nacional.
La presencia de Navarro, quien ha defendido el valor de la Constitución vigente, contrastó con la actividad paralela de recolección de firmas para una nueva Constituyente en los alrededores del evento. Esta dualidad refleja la tensión que atraviesa al bloque político que respalda a Cepeda: por un lado, la herencia institucional de 1991; por otro, las demandas de transformación promovidas desde el Ejecutivo.
Otro de los actores relevantes en esta coyuntura es Juan Fernando Cristo, exministro del Interior y líder del partido En Marcha, quien también se ha sumado a la coalición de Cepeda. Desde su llegada a la campaña, Cristo ha sido enfático en rechazar la idea de una Constituyente. “Es inconveniente e inoportuna”, ha señalado en reiteradas ocasiones.
Cristo ha insistido en que el camino para las reformas debe ser el Congreso, a través de acuerdos políticos amplios. “La Constituyente no está en los planes del próximo Gobierno”, aseguró recientemente, subrayando que esta posición forma parte del consenso alcanzado dentro de la coalición.
Esta postura coincide con la de diversos analistas y sectores políticos que consideran que la Constitución de 1991 aún ofrece herramientas suficientes para impulsar transformaciones sociales. Desde esta perspectiva, el problema no radicaría en el texto constitucional, sino en su implementación.
Por su parte, el presidente Petro ha sostenido una visión crítica de la Constitución vigente. En múltiples intervenciones, ha afirmado que el Estado social de derecho consagrado en la Carta no se ha materializado plenamente. Esta interpretación ha sido cuestionada por sectores que recuerdan que la Constitución fue producto de un amplio acuerdo político que incluyó fuerzas diversas, desde liberales y conservadores hasta movimientos insurgentes desmovilizados.
La insistencia del mandatario en este punto ha tenido efectos en el debate público. Mientras sus seguidores ven en la Constituyente una oportunidad para profundizar cambios estructurales, sus detractores advierten riesgos de inestabilidad institucional y posibles retrocesos en derechos ya adquiridos.
La ambigüedad de Cepeda ha sido interpretada como una maniobra política calculada. Algunos observadores consideran que el candidato busca evitar un choque frontal con Petro que pueda fracturar el electorado de izquierda, al tiempo que mantiene un margen de maniobra para negociar con sectores moderados.
El propio Cepeda ha reconocido la necesidad de construir alianzas amplias. “No creemos ciegamente en que somos triunfadores encerrándonos en nuestro universo político. Vamos a buscar las alianzas necesarias”, afirmó en una entrevista reciente. Esta declaración sintetiza la estrategia de su campaña en una fase decisiva del calendario electoral.
A medida que se aproxima la primera vuelta presidencial, prevista para finales de mayo, la discusión sobre la Constituyente se perfila como uno de los ejes del debate político. La capacidad de Cepeda para mantener el equilibrio entre las distintas fuerzas que lo respaldan será determinante para sus aspiraciones electorales.
Mientras tanto, el Gobierno continúa promoviendo su agenda, apelando a la movilización social como mecanismo de presión política. Las marchas del Primero de Mayo se presentan como un nuevo capítulo en esta dinámica, en la que confluyen reivindicaciones laborales, reformas económicas y la controvertida propuesta de una Asamblea Constituyente.
