Ante los recientes hundimientos y fallas en vías de Santander, Isagen precisó que no tiene responsabilidad actual sobre los corredores viales construidos en el marco del proyecto Hidrosogamoso. La empresa cumplió sus compromisos hasta 2019 y recuerda que la administración corresponde a la Gobernación e Invías.
En Santander, las grietas y hundimientos que hoy afectan la movilidad de miles de habitantes han reabierto un debate que parecía cerrado hace años: ¿quién debe responder por el estado de las vías construidas en el marco del proyecto Hidrosogamoso? La empresa Isagen, señalada en algunos sectores como responsable de los daños, salió a destacar que cumplió sus compromisos y que desde 2019 no tiene ninguna obligación contractual ni operativa sobre esos corredores.
El caso más crítico se vive en el corredor departamental que conecta a San Vicente de Chucurí con Lisboa y La Cananá. Allí, un hundimiento de casi un metro en el sector Náutica ha puesto en riesgo la movilidad de cerca de 30.000 habitantes, afectando a municipios como Lebrija, Girón, Betulia y San Vicente de Chucurí. La emergencia no solo compromete la vida cotidiana de los pobladores, sino también la economía agrícola y el turismo en torno al embalse Topocoro.
Isagen recordó que esta vía fue construida en cumplimiento de la Licencia Ambiental del proyecto y entregada formalmente a la Gobernación de Santander en diciembre de 2016. Durante tres años, la empresa asumió voluntariamente el mantenimiento, pero en diciembre de 2019 notificó que había cumplido a cabalidad ese compromiso. Desde entonces, insiste Isagen, la responsabilidad recae en la Gobernación.
La Sociedad Santandereana de Ingenieros había advertido hace una década que el trazado no debía pavimentarse por riesgos geológicos y fallas estructurales. Sin embargo, la vía se construyó y hoy esas advertencias parecen confirmarse. El alcalde de San Vicente de Chucurí, Óscar Mauricio Sanmiguel, lo resume como “la crónica de una muerte anunciada”, recordando que las alertas fueron ignoradas desde la Asamblea Departamental.
El gobernador Juvenal Díaz Mateus reconoce que el problema supera la capacidad presupuestal del departamento y ha pedido la intervención de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Aunque insiste en que Isagen debe participar en las mesas técnicas, la empresa se mantiene firme en que su papel terminó hace más de seis años.
La controversia también alcanza el corredor nacional Bucaramanga–Barrancabermeja. Allí, un tramo de 11 kilómetros fue entregado a Invías en mayo de 2015. En septiembre de 2024, el Consejo de Estado relevó a Isagen de cualquier responsabilidad y ordenó a Invías realizar obras de estabilización y mitigación. La sentencia fue clara: la operación y mantenimiento corresponden al Estado, no a la empresa privada.
Isagen subraya que su misión es la generación de energía y que no puede asumir responsabilidades permanentes sobre infraestructura vial. Recordó en su comunicado que ha sido aliada del departamento a través de transferencias de ley, inversión social y proyectos comunitarios. Solo en 2025, asegura, destinó cerca de 28 mil millones de pesos en iniciativas voluntarias.
Mientras tanto, los habitantes de San Vicente de Chucurí y municipios vecinos enfrentan las consecuencias. Los productores de cacao y café ven cómo sus cosechas se deterioran al no poder transportarlas con facilidad. Los turistas que buscan el embalse Topocoro encuentran dificultades para llegar. Y los transportadores denuncian que el paso de vehículos pesados agrava los daños en la vía.
La discusión sobre responsabilidades se convierte en un espejo de la gestión pública en Colombia: obras que se entregan a las autoridades competentes, pero que luego carecen de mantenimiento preventivo, lo que termina afectando a las comunidades. Isagen insiste en que cumplió, la Gobernación pide apoyo y los ciudadanos reclaman soluciones urgentes.
El desenlace dependerá de la capacidad de Invías y la Gobernación para ejecutar las obras ordenadas por el Consejo de Estado y de la presión ciudadana para que se garantice una vía segura. Por ahora, la narrativa es la de un territorio atrapado entre la burocracia y la geología, en donde las advertencias técnicas se transformaron en realidades dolorosas y donde las responsabilidades se disputan en comunicados y sentencias, mientras la comunidad espera respuestas concretas.
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