A pocas semanas de las elecciones presidenciales, el ELN volvió a intervenir en el debate político nacional con mensajes sobre un eventual “acuerdo nacional” y acciones armadas que incluyen secuestros y juicios ilegales. La estrategia revive viejas tensiones sobre la paz, la legitimidad política y el futuro de las negociaciones en Colombia.
La campaña presidencial colombiana volvió a cruzarse con uno de los actores armados más antiguos y controvertidos del continente. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización guerrillera nacida en 1964 e históricamente vinculada a procesos de negociación con distintos gobiernos, reapareció esta semana en el centro de la discusión pública con dos mensajes que reflejan su tradicional doble estrategia: discurso político y presión armada.
En menos de 48 horas, el grupo insurgente emitió un comunicado en el que expresó disposición para construir un “acuerdo nacional” con el próximo Gobierno y, posteriormente, difundió un video donde anunció supuestas “condenas” contra cuatro funcionarios que permanecen secuestrados desde 2025 bajo lo que denominaron un “juicio revolucionario”.
Las acciones provocaron reacciones inmediatas desde distintos sectores políticos, especialmente en medio de una campaña presidencial marcada por la polarización y la discusión sobre el futuro de la política de paz en Colombia.
El mensaje político del ELN no resulta nuevo. Cada vez que el país entra en un ciclo electoral importante, la guerrilla intenta reposicionarse como actor con capacidad de interlocución nacional. Lo hizo durante gobiernos liberales, conservadores y también en administraciones de derecha y de izquierda.
Sin embargo, la coyuntura actual tiene un ingrediente especial: la posibilidad de que el próximo presidente cierre definitivamente la puerta a cualquier negociación con grupos armados ilegales.
Actualmente, solo uno de los principales aspirantes presidenciales mantiene abierta esa posibilidad. Se trata del senador Iván Cepeda, candidato de izquierda y figura cercana al proyecto político del presidente Gustavo Petro.
Cepeda integró la delegación negociadora del Gobierno durante los diálogos adelantados con el ELN, proceso que terminó congelado tras múltiples incumplimientos, atentados y secuestros atribuidos a esa organización armada.
A pesar del deterioro del proceso, el senador ha insistido en que una salida negociada sigue siendo necesaria. “En la paz nunca se fracasa”, afirmó meses atrás durante una entrevista radial. “Lo avanzado no puede perderse y habrá que retomarlo en algún momento”.
Esa posición contrasta de forma radical con las posturas de otros sectores políticos. Tanto la candidata uribista Paloma Valencia como el aspirante de derecha radical Abelardo de la Espriella han descartado públicamente cualquier posibilidad de diálogo con el ELN o con otros grupos armados ilegales.
“Con terroristas no se negocia”, dijo recientemente Valencia durante un acto de campaña en Medellín. De la Espriella, por su parte, ha prometido una ofensiva militar “sin contemplaciones” contra las organizaciones armadas si llega a la Presidencia.
El contexto electoral parece explicar por qué el ELN insiste en enviar mensajes políticos dirigidos al escenario nacional. Analistas consideran que la guerrilla busca mantener vigente la idea de que aún posee un carácter político y no exclusivamente criminal, un reconocimiento históricamente clave para cualquier eventual negociación.
“La organización intenta recordarle al país que quiere ser vista como un actor político y no únicamente como una estructura narcotraficante”, explicó el investigador Ariel Ávila. “Por eso alternan discursos de paz con acciones de presión armada”.
Esa contradicción quedó en evidencia con el video divulgado esta semana por el grupo ilegal. En la grabación, hombres armados anunciaron supuestas “sentencias” contra cuatro funcionarios secuestrados hace más de un año en zonas bajo influencia insurgente.
El material fue ampliamente rechazado por instituciones estatales, organismos humanitarios y campañas presidenciales. La Defensoría del Pueblo calificó el acto como una violación grave al Derecho Internacional Humanitario y exigió la liberación inmediata de los retenidos.
El Gobierno también reaccionó con dureza. El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, descartó cualquier posibilidad de canje humanitario y reiteró que el Estado no reconocerá “tribunales ilegales” ni decisiones tomadas por organizaciones armadas.
“No existe ninguna equivalencia entre personas secuestradas y personas condenadas por la justicia colombiana”, señaló el funcionario.
Incluso Iván Cepeda, quien mantiene una postura favorable al diálogo, rechazó la actuación del grupo insurgente. “Los secuestrados deben ser liberados inmediatamente y sin condiciones”, expresó mediante un comunicado.
El episodio volvió a poner sobre la mesa uno de los mayores cuestionamientos históricos hacia el ELN: la dificultad de sostener discursos de paz mientras continúan prácticas como el secuestro, la extorsión y los ataques contra la población civil.
Durante décadas, distintos gobiernos colombianos han intentado negociar con esa guerrilla. Los primeros contactos se remontan al mandato de Alfonso López Michelsen en los años setenta. Luego vinieron acercamientos bajo Belisario Betancur, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.
Ninguno logró un acuerdo definitivo.
El proceso más reciente comenzó con la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia en 2022. El mandatario apostó por una política de “paz total” orientada a negociar simultáneamente con grupos armados y estructuras criminales.
En sus primeros meses de gobierno, Petro calificó al ELN como una organización política con la que era posible construir acuerdos transformadores. Sin embargo, la relación se deterioró progresivamente por ataques armados, secuestros y disputas territoriales.
Uno de los puntos de quiebre fue la escalada violenta en el Catatumbo, región fronteriza con Venezuela donde el ELN mantiene fuerte presencia armada y economías ilegales asociadas al narcotráfico y al contrabando.
Allí, durante 2026, las Fuerzas Militares retomaron bombardeos contra estructuras guerrilleras, una decisión que marcó un giro importante frente a la estrategia inicial de diálogo impulsada por el Gobierno.
Petro también endureció su discurso. “Ya no son una guerrilla revolucionaria, sino un grupo de ocupación dedicado a maximizar ganancias ilícitas”, afirmó recientemente el presidente.
La declaración fue interpretada como un cambio profundo en la caracterización oficial del grupo armado. Negarle al ELN un carácter político implica debilitar la base conceptual sobre la cual históricamente se han construido los procesos de paz en Colombia.
A pesar de ello, sectores cercanos a la negociación consideran que aún existen espacios para una eventual reactivación del diálogo dependiendo del resultado electoral.
Fuentes cercanas al ELN sostienen que las recientes declaraciones sobre un “acuerdo nacional” buscan precisamente mantener abiertas esas posibilidades. “No hay contradicción entre buscar soluciones políticas y ejercer mecanismos de presión”, señaló una fuente vinculada al grupo armado bajo condición de anonimato.
La afirmación generó nuevas críticas entre organizaciones de derechos humanos y expertos en conflicto armado. “Intentar justificar secuestros como instrumentos políticos es incompatible con cualquier discurso de paz”, advirtió la investigadora Claudia López Hernández, especialista en violencia política.
Mientras tanto, en varias regiones del país continúan reportándose acciones violentas atribuidas al ELN. La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, denunció recientemente seis atentados ocurridos en menos de una semana en municipios del departamento.
Comunidades rurales también reportan restricciones a la movilidad, amenazas y confinamientos temporales impuestos por estructuras armadas.
Aunque el ELN anunció un cese unilateral del fuego durante la jornada electoral, autoridades regionales mantienen alertas por posibles riesgos de seguridad en zonas históricamente afectadas por el conflicto.
El debate sobre qué hacer con el ELN vuelve así a ocupar un lugar central en la discusión presidencial colombiana. Mientras algunos sectores insisten en la necesidad de mantener canales de diálogo abiertos, otros consideran agotada cualquier posibilidad de negociación tras décadas de violencia.
En medio de esa disputa política y narrativa, la guerrilla parece decidida a conservar protagonismo en el escenario nacional, incluso cuando sus acciones continúan profundizando el rechazo ciudadano y debilitando la credibilidad de cualquier eventual proceso de paz futuro.
