El campo colombiano dejó de ser un espectador silencioso de la política nacional. En medio de promesas repetidas y resultados incompletos, el campesinado está reorganizando su forma de votar. En 2026, su decisión no será simbólica: será una fuerza que puede inclinar el poder en Colombia.
Por: Alexander Martínez Castrillón/ En Colombia hay transformaciones que no se anuncian en tarimas ni en campañas publicitarias. Ocurren en silencio, en las veredas, en las conversaciones entre vecinos, en las reuniones donde la gente deja de hablar solo de necesidades y empieza a hablar de decisiones. Eso es lo que está pasando hoy en el campo colombiano. El campesinado no es nuevo en la política. Ha votado durante décadas, ha acompañado procesos, ha confiado en programas y ha sostenido con su trabajo la base alimentaria del país. Pero el balance histórico es incómodo: las promesas han sido más constantes que los resultados. La tierra sigue siendo una deuda estructural, la infraestructura rural sigue rezagada y la presencia institucional en muchos territorios continúa siendo débil.
Esa acumulación de experiencias no se ha quedado en la queja. Está generando un cambio político silencioso: el voto campesino está dejando de ser automático. Según el DANE, en Colombia hay más de 10,4 millones de personas que viven en zonas rurales o se reconocen como población campesina, lo que representa cerca del 26% de la población nacional. No es un grupo minoritario ni marginal. Es una cuarta parte del país con impacto directo en la producción de alimentos, la economía rural y la estabilidad territorial.
La FAO ha reiterado que la agricultura familiar y campesina puede aportar entre el 60% y 70% de los alimentos en países en desarrollo, como Colombia. Esto implica una paradoja estructural: el país depende del campo para alimentarse, pero el campo no siempre recibe una inversión proporcional en infraestructura, tecnología o servicios básicos.
El PNUD, en sus informes sobre desarrollo humano en Colombia, ha sido consistente en señalar una de las brechas más profundas del país: la desigualdad entre lo urbano y lo rural. En las zonas rurales persisten mayores niveles de pobreza multidimensional, menor acceso a salud, educación y conectividad, y menores oportunidades de desarrollo económico sostenible. Y esa realidad no es abstracta. Es cotidiana. Es el campesino que tarda horas en sacar su producción por una vía deteriorada. Es la familia que debe recorrer grandes distancias para acceder a un centro de salud. Es el joven que no encuentra oportunidades en su territorio. En ese contexto, el voto empieza a cambiar de significado. Ya no es únicamente un acto de participación democrática. Está empezando a convertirse en un mecanismo de evaluación política.
En varias regiones del país se está consolidando un fenómeno que no siempre es visible desde la política nacional: el fortalecimiento de la conversación campesina sobre el poder. No desde la ideología, sino desde la experiencia. Allí se habla de lo que llegó, lo que no llegó, lo que funcionó y lo que se quedó en promesa. Ese ejercicio colectivo está construyendo una nueva lectura del Estado desde el territorio. No es un proceso rápido. Es gradual. Pero es profundo. El campesinado colombiano está empezando a reorganizar su relación con la política. Ya no desde la expectativa pasiva, sino desde la revisión crítica. Ese cambio tiene implicaciones directas en la forma como se ejerce el voto.
La UPRA ha señalado que cerca del 80% del territorio colombiano es rural o tiene vocación rural, aunque la inversión pública sigue concentrándose en zonas urbanas. Esa asimetría histórica es una de las bases de la desigualdad estructural del país. En el campo, esa desigualdad no se discute en términos técnicos. Se vive. Y esa vivencia está redefiniendo la manera de participar políticamente. Durante años, el problema no ha sido la ausencia de participación campesina en elecciones, sino la falta de mecanismos para convertir esa participación en resultados verificables. Hoy esa lógica está empezando a cambiar.
El voto campesino está pasando de la confianza a la verificación. Y ese cambio es decisivo. Porque un voto basado en la experiencia acumulada no se mueve fácilmente con promesas de última hora. Un voto que ha sido evaluado colectivamente tiene memoria. Y un voto con memoria es más exigente. En muchas veredas del país se está fortaleciendo una dinámica nueva: la conversación política no ocurre únicamente en época electoral, sino de forma permanente. Allí se revisan proyectos, se comparan resultados y se analiza el cumplimiento de compromisos. Ese ejercicio está generando organización. Y la organización está generando criterio.
El resultado es un campesinado que empieza a entender su papel no solo como productor de alimentos, sino como actor político con capacidad de decisión. Las elecciones de 2026 se insertan en ese escenario como un punto de prueba. No de rutina electoral, sino de madurez política. El campo ya no está dispuesto a seguir en la lógica de promesas sin ejecución. La exigencia es concreta: resultados reales, verificables y sostenidos en el tiempo. Tierra efectivamente entregada, no solo anunciada. Proyectos productivos que se mantengan, no iniciativas temporales. Vías rurales funcionales, no diagnósticos repetidos. Servicios de salud y educación presentes en el territorio. Porque en el campo la palabra tiene un peso distinto. No es retórica: es compromiso. Y cuando la palabra no se cumple, la confianza se rompe. Esa ruptura es la que está reconfigurando el comportamiento electoral rural.
El voto campesino está dejando de ser una expresión aislada para convertirse en una decisión construida en comunidad. Ya no se trata únicamente de elegir, sino de evaluar colectivamente qué se elige y por qué. Eso transforma el mapa político del país. Porque un voto colectivo, informado y con memoria no es fácilmente predecible ni manipulable. Es una fuerza social organizada que empieza a tener impacto real en la estructura del poder. Lo que está ocurriendo en el campo colombiano no es una ruptura con la democracia. Es una profundización de la democracia desde el territorio. Una forma más exigente de participación, donde el ciudadano no solo elige, sino que también evalúa.
El campesinado está pasando de ser un receptor de políticas públicas a ser un evaluador de esas políticas. Y ese cambio redefine la relación histórica entre Estado y ruralidad. No depende de un liderazgo específico ni de una coyuntura política. Es el resultado de una experiencia acumulada durante décadas. Por eso su impacto es estructural. El voto campesino ya no es solo participación. Es decisión. Y cuando una cuarta parte del país empieza a decidir con conciencia, organización y memoria, el poder deja de concentrarse únicamente en las capitales. Empieza a redistribuirse desde el territorio.
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*Profesional en calidad y agroindustria, líder social, docente, emprendedor y defensor campesino.
Instagram: @alexandermartinezcastrillon
Facebook: Alexander Martínez Castrillon
(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).
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Fuentes
DANE (Colombia): población rural y estructura demográfica – aprox. 10,4 millones de personas rurales / 26 % población)
FAO (ONU): agricultura familiar y producción de alimentos (60–70 % en países en desarrollo)
PNUD Colombia: informes de desarrollo humano y brechas urbano-rurales
UPRA (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria): estructura del territorio rural colombiano (≈80 % del territorio con vocación rural)
