Cualquiera pensaría que el autodenominado “primer gobierno de izquierda de la historia de Colombia” haría lo posible por cambiar el modelo económico, hacia uno que no subastara los activos públicos de la nación; sin embargo, en este aspecto el “cambio” nuevamente se quedó solo en promesas.
Por: Manuel Naranjo/ Desde hace tres décadas y media, cuando la Constitución de 1991 permitió la privatización de empresas públicas, no se ha tenido pudor a la hora de querer privatizar o vender los activos públicos de la nación. A pesar de que Gustavo Petro llegó al poder bajo la crítica al modelo de privatizaciones y estableciendo que había que defender lo público, su presidencia ha sido una continuación de estas tendencias económicas que tanto daño le hicieron al pueblo colombiano.
Hace unos cuantos días se dieron a conocer dos noticias que causaron revuelo, pues producen un gran impacto en el ámbito económico del país. La primera fue la venta de lo poco que quedaba de porcentaje de participación estatal en telecomunicaciones, que por más de 70 años participó en el sector, como lo informó el sindicato de la ETB, SINTRATELEFONOS (X, 24/4/2026). La segunda fue un documento del gobierno nacional dirigido al congreso, donde se informa la intención de vender varios negocios de Ecopetrol a otras empresas (Infobae, 28/4/2026), prosiguiendo con el desmantelamiento del principal bastión económico del país.
Si se le suma a eso la provisionalmente suspendida reforma pensional, que beneficia principalmente a los fondos privados, como lo explica el economista David Mora (Las Dos Orillas, 6/7/2025); o a la autorización del gobierno para que Terpel y Primax importen gasolina de Estados Unidos a Colombia (Infobae,10/5/2026), dando otro golpe directo a la ya casi noqueada Ecopetrol. Salta a la vista que la defensa del patrimonio y activos públicos de la nación quedó en el olvido, mientras los procesos privatizadores continúan sin ningún problema.
Hay que aclarar que esta columna no es una crítica hacía las empresas privadas, o a quienes se desempeñan en ellas, ni más faltaba. Es gracias al sector privado, generador de empleos formales, que los trabajadores pueden producir la riqueza necesaria para llevar a cabo una vida digna. Lo que se cuestiona es el hecho de que se les quiera adjudicar a los privados servicios estratégicos para el desarrollo social y económico de la sociedad. Los cuales, por su naturaleza clave para la vida material del pueblo, deberían ser manejados principalmente por empresas públicas.
Un aspecto vital para comprender esto, son los objetivos de cada sector: el público busca brindar un servicio para poder satisfacer las necesidades de la población. Cuando tiene rentabilidad, estas ganancias son transferidas a la nación para que, a su vez, estos activos se reinviertan en desarrollo social de las personas. Por lo tanto, no tienen la necesidad de cobrar en exceso y pueden darse el lujo de contratar un buen volumen laboral de trabajadores.
Mientras que los privados tienen la lógica de generar utilidades para enriquecerse ellos mismos, por lo cual, se ha llegado a cobrar por servicios mucho más alto de lo que el bolsillo de las personas puede disponer. A su vez, se prioriza la reducción de costos, con lo cual se disminuye la cantidad de mano de obra. Esto es un provocador de desigualdad, pues además de cobrar en exceso, por un servicio que no siempre va a tener calidad garantizada, no brindan la misma oferta laboral que si puede llegar a darse en el sector público.
Si bien es cierto que se pueden evidenciar ciertas deficiencias en la calidad de los servicios que dan las empresas públicas, no es verdad que la única solución para mejorarlo sea dándole su manejo a un privado. Con voluntad política, orden administrativo y control integro sobre el manejo de los recursos, se puede lograr que las empresas publicas brinden un servicio óptimo y de calidad, incluso llegando a superar a sus contrapartes privadas. Un ejemplo de esto es la efectividad con la que se dio el servicio de La Rolita, operador público de transporte de Bogotá. Tal como lo demostró el exconcejal de Bogotá, Manuel Sarmiento, La Rolita llegó a superar a los privados tanto en términos de calidad como de menores costos operacionales (https://www.youtube.com/watch?v=9rOGgZ62Gtw).
Es vital que el gobierno de Colombia implante y desarrolle políticas que le permitan al país desarrollar su economía de mercado; solo así podremos salir de tanta desigualdad y subdesarrollo. Para lograr esto, se debe fomentar la generación de fuentes de empleo y riqueza, tanto en el sector público como en el privado, siempre estableciendo la importancia de respetar el carácter público de las empresas estatales que manejan los servicios indispensables para el desarrollo social. De esta manera, los colombianos podremos disponer de servicios de calidad a un menor costo y, así, contar con las condiciones que permitan llevar una vida próspera y digna.
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*Actor bumangués. Tecnólogo en entrenamiento deportivo, estudiante octavo semestre de Profesional en Cultura Física y Deporte.
