María Claudia Tarazona cuestionó el preacuerdo judicial de la Fiscalía con dos de los responsables de su asesinato y anunció que apelará la decisión que avaló la justicia, al considerar que las condenas pactadas no corresponden a la gravedad del crimen.
La decisión de la jueza novena de Bogotá de avalar los preacuerdos entre la Fiscalía General de la Nación y dos de los implicados en el asesinato del exsenador del Centro Democrático, Miguel Uribe, reabrió el debate nacional sobre los alcances de la justicia premial y la proporcionalidad de las penas en crímenes políticos.
El caso dio un nuevo giro luego de que Elder José Arteaga, alias “El Costeño”, y William Fernando González, alias “El Hermano”, aceptaran su responsabilidad y pactaran penas de 26 y 21 años de prisión, respectivamente.
Sin embargo, para la familia del dirigente asesinado, la decisión judicial representa un golpe a la búsqueda de verdad y justicia.
María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe, expresó su profundo desacuerdo con la decisión y aseguró que el acuerdo alcanzado con alias “El Costeño” no refleja la dimensión real de su participación en el crimen.
“Como familia, como víctima y en representación de Alejandro, nos sentimos muy desconcertados de la decisión que tomó la Fiscalía”, afirmó Tarazona en entrevista con El Espectador.
La viuda insistió en que el asesinato de Miguel Uribe no fue producto de un acto impulsivo, sino de una operación planeada con antelación y ejecutada por una estructura criminal organizada.
“No fue un crimen de impulso; fue un crimen premeditado en el cual alias ‘El Costeño’ fue la persona encargada de organizar toda la estructura criminal que ejecutó el crimen de Miguel en Bogotá”, señaló.
El argumento de la familia gira en torno al papel central que habría desempeñado Arteaga dentro de la organización criminal. Según la investigación, fue quien coordinó la logística, definió roles y reclutó menores de edad para la ejecución del homicidio.
Para Tarazona, esa condición de “determinador” debería excluirlo de beneficios judiciales amplios. “Cuando la violencia busca silenciar actores democráticos, el daño deja de ser individual y se convierte en un crimen institucional”, enfatizó.
El debate por los preacuerdos
La figura del preacuerdo, contemplada en el sistema penal colombiano, permite reducir penas a cambio de aceptación de cargos y colaboración eficaz con la justicia. La Fiscalía defendió la legalidad del pacto argumentando que el objetivo es agilizar el cierre de la investigación y consolidar pruebas contra otros posibles responsables.
No obstante, la familia cuestiona que alias “El Costeño” no habría entregado información sustancial. “La respuesta, tanto de la Fiscal General como del fiscal delegado, fue que no hubo ningún aporte significativo. Si no hubo aporte y su actuar procesal ha sido de una gravedad constante, ¿por qué le están aceptando un acuerdo de 26 años?”, cuestionó Tarazona.
El contraste entre los dos procesados es uno de los puntos centrales del desacuerdo. Mientras la familia reconoce que alias “El Hermano” sí entregó datos relevantes sobre la estructura criminal, sostienen que el comportamiento de “El Costeño” fue diametralmente opuesto.
Según relatan, habría eliminado evidencia digital, cambiado reiteradamente de abogados y desarrollado maniobras dilatorias.
Además, durante audiencias previas, su actitud fue interpretada por la familia como una señal de desprecio hacia el proceso judicial. “Se vio un total desprecio, una burla y falta de respeto por el momento jurídico”, afirmó la viuda.
La apelación y el futuro del proceso
La familia confirmó que presentará recurso de apelación con el propósito de revocar el aval judicial otorgado al acuerdo. “No tengo la menor duda de que en la apelación vamos a tumbar ese preacuerdo; no hay ninguna justificación jurídica”, sostuvo Tarazona.
El objetivo es que un tribunal superior revise si la reducción de pena fue proporcional a la gravedad de los delitos y al nivel de colaboración ofrecido por los procesados.
Para la familia de Miguel Uribe, el afán institucional de mostrar resultados estaría afectando el derecho de las víctimas a obtener verdad plena. “Por el afán de decir que tienen a todos los participantes y que la primera parte está cerrada, se están llevando por delante algo demasiado relevante para nosotros como familia, que es que haya justicia”, aseguró.
La viuda también confirmó que expresó su inconformidad directamente ante la Fiscal General, insistiendo en que la justicia no puede relativizarse cuando se trata de crímenes de esta magnitud. “La justicia es una y es que las personas que cometen actuaciones delictivas reciban una condena ejemplarizante proporcional a sus actos”, manifestó.
Mientras avanza la apelación, la expectativa se centra en conocer si existen otros responsables intelectuales o financiadores detrás del crimen. Para la familia, cerrar el caso sin identificar toda la cadena criminal sería dejar incompleta la verdad.
Tarazona concluyó con una mezcla de decepción y esperanza: “Estoy muy decepcionada de que esta juez haya avalado ese preacuerdo, pero tengo toda la esperanza para que en la apelación se revoque esta decisión”.
